BLAS GIL.
El Ayuntamiento de Ronda y las juntas vecinales de las entidades locales (ELAs) de Montecorto y Serrato han iniciado la tramitación del expediente para la segregación de estas dos núcleos de población, con la intención de que el mismo esté terminado para finales de año y se pueda remitir a la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, que en última instancia es la que tiene que analizarlo y fallar una resolución.
Concretamente es el funcionario de la Diputación de Málaga Rafael Tamayo el que se está encargando de redactar los documentos. Este técnico ya tiene experiencia en este tipo de trámites, puesto que fue el autor del expediente de segregación de Villanueva de la Concepción, englobado en las mismas circunstancias en el municipio de Antequera.
Según explicó el alcalde de la ELA de Serrato, Francisco López Arana, aunque la Ley de Demarcación Andaluza establece que para conseguir la independencia de Ronda hay que tener como mínimo 2.500 habitantes (el núcleo sólo cuenta con 600 vecinos), existen una serie de fundamentos para solicitar la segregación, como son los de lejanía (está a 30 kilómetros de la ciudad del Tajo), el de identidad propia de un pueblo y "el hecho de que en 1800 fue un municipio independiente", matizó.
Algo parecido le ocurre a Montecorto, que cuenta con 670 vecinos y que en 1998 realizó un referéndum popular en el que el 95 por ciento de los habitantes se mostró a favor de conseguir la independencia.
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- Los alcaldes Juan González y Francisco López -
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Las razones son similares
El alcalde de Montecorto, Juan Antonio González, considera que existen motivos históricos y de eficiencia en la gestión que "aconsejan la segregación", dijo.
Pero también existe otro argumento, en este caso de índole económica. Ambos alcaldes sostienen que al ser el Ayuntamiento de Ronda el que recibe el dinero que entrega la Junta de Andalucía por cada habitante, "salimos perjudicados en el reparto".
Para ello ponen el ejemplo del municipio de Atajate, el pueblo más pequeño de la provincia de Málaga y que con algo más de 180 vecinos recibe por este concepto 150.000 euros anuales. Mientras, cada una de las ELAs únicamente percibe 6.000 euros anuales. El resto es gestionado directamente por el Consistorio rondeño, lo que "no nos permite realizar los proyectos y servicios que nosotros consideramos más necesarios y tenemos que estar pendientes de lo que diga la ciudad matriz", dijeron los alcaldes. Se trata, en definitiva, de una manera de distribuir los recursos.
Al estar el Ayuntamiento de Ronda a favor de concederles la independencia (así lo manifestó la Corporación municipal en un pleno celebrado el pasado año), los responsables de ambos municipios no creen que haya demasiados obstáculos para la concesión, apuntaron López y González. Sería el segundo procedimiento en menos de un año.
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