Leído en La voz Digital. Por su inteerés reproducimos esta noticia.
El fiscal de Medio Ambiente de la Fiscalía de Cádiz, Angel Núñez, indicó en la memoria anual de 2006 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico que "no resulta exagerado" calificar la situación de la ordenación del territorio en la provincia como "de encontrarse fuera de control".
Según la memoria, presentada hoy en Sevilla el fiscal indica que, a excepción de Cádiz, "donde por razones obvias de falta de suelo tal conducta resulta difícilmente imaginable", existen causas por delitos contra la ordenación del territorio en tramitación en todos los partidos judiciales de la provincia.
Asimismo, señaló que durante 2006 se ha incrementado respecto a años anteriores el número de investigaciones, tanto del Ministerio Fiscal, como judiciales, por supuestos de prevaricación urbanística en los que aparecen implicados autoridades y funcionarios públicos así como sobre delitos vinculados con el urbanismo, de lo que ejemplo las diligencias informáticas tramitadas a partir de denunciade representantes de la asociación Ecologistas en Acción contra responsables municipales del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y empresas públicas de éste.
Para el fiscal de Medio Ambiente, esto sucede "sin que las administraciones a quienes corresponde velar por la disciplina urbanística ejerciten de la forma que sería de desear las funciones que les atribuye el ordenamiento".
Así, indicó que eso trae como "consecuencia" que "en la medida en que las construcciones desordenadas se imponen sobre el planeamiento, convirtiéndolo en un mero instrumento de regularización de lo ya dado, desaparece el urbanismo entendido como la disposición teórica y técnica que tiene como objetivo la ordenación del espacio urbano y su entorno, así como la previsión de los crecimientos futuros".
En este sentido, añade en la memoria que "se fomenta la convicción de que una vez finalizada una construcción, las irregularidades en las que se haya podido incurrir se van a poder legalizar en todos los casos".
Por ello, el fiscal refleja en el informe que "se continua detectando la incapacidad de las Administraciones competentes, principalmente los ayuntamientos, para hacer cumplir la legalidad en este ámbito".
El fiscal de Medio Ambiente de la Fiscalía de Cádiz, Angel Núñez, indicó en la memoria anual de 2006 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico que "no resulta exagerado" calificar la situación de la ordenación del territorio en la provincia como "de encontrarse fuera de control".
Según la memoria, presentada hoy en Sevilla el fiscal indica que, a excepción de Cádiz, "donde por razones obvias de falta de suelo tal conducta resulta difícilmente imaginable", existen causas por delitos contra la ordenación del territorio en tramitación en todos los partidos judiciales de la provincia.
Asimismo, señaló que durante 2006 se ha incrementado respecto a años anteriores el número de investigaciones, tanto del Ministerio Fiscal, como judiciales, por supuestos de prevaricación urbanística en los que aparecen implicados autoridades y funcionarios públicos así como sobre delitos vinculados con el urbanismo, de lo que ejemplo las diligencias informáticas tramitadas a partir de denunciade representantes de la asociación Ecologistas en Acción contra responsables municipales del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y empresas públicas de éste.
Para el fiscal de Medio Ambiente, esto sucede "sin que las administraciones a quienes corresponde velar por la disciplina urbanística ejerciten de la forma que sería de desear las funciones que les atribuye el ordenamiento".
Así, indicó que eso trae como "consecuencia" que "en la medida en que las construcciones desordenadas se imponen sobre el planeamiento, convirtiéndolo en un mero instrumento de regularización de lo ya dado, desaparece el urbanismo entendido como la disposición teórica y técnica que tiene como objetivo la ordenación del espacio urbano y su entorno, así como la previsión de los crecimientos futuros".
En este sentido, añade en la memoria que "se fomenta la convicción de que una vez finalizada una construcción, las irregularidades en las que se haya podido incurrir se van a poder legalizar en todos los casos".
Por ello, el fiscal refleja en el informe que "se continua detectando la incapacidad de las Administraciones competentes, principalmente los ayuntamientos, para hacer cumplir la legalidad en este ámbito".
1 comentario:
q raro, construcciones ilegales en el parque??, donde??, jamas lo habria imaginado,,,, suerte q en jimena si nos preocupamos de esos temas
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