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| Irene García suscribe resoluciones de servicios sociales junto a Isabel Armario. |
Nota de prensa de la Diputación de Cádiz.
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155.000 € para proyectos sociales de 185 entidades
-El área de Igualdad y Bienestar Social de Diputación, que coordina Isabel Armario, ha publicado la propuesta de resolución de subvenciones para proyectos de servicios sociales, promoción de la igualdad y prevención de adicciones.
La comisión técnica de valoración ha validado las iniciativas de 185 entidades sin ánimo de lucro, radicadas en 42 localidades de la provincia de Cádiz. Los destinatarios de estos incentivos desarrollan actividades de alcance local, comarcal y provincial. El importe global de las subvenciones se cifra en 155.000 euros.
Diputación ya solventó la fase inicial de instrucción, así como la publicación de la propuesta provisional de subvenciones con su plazo para cursar alegaciones. Tras la difusión de esta propuesta definitiva las entidades promotoras disponen de un periodo de 10 días para aceptar la ayuda económica, renunciar a la misma, o bien reformular los proyectos. Cuando se solvente este trámite se publicará la resolución definitiva que suscribirá la presidenta de Diputación, Irene García.
Esta convocatoria se dirige a tres ámbitos concretos: los servicios sociales especializados que reconocen proyectos preventivos o de intervención de carácter socio-sanitario destinados a personas mayores, o que atiendan discapacidades físicas o psíquicas que supongan algún grado de dependencia, así como dedicados a familias o menores en situación de vulnerabilidad social o económica; la segunda tipología de proyectos se refiere a iniciativas que promuevan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, combatan la homofobia o se dediquen a estimular la participación social de las mujeres y superar la discriminación sexista; las subvenciones también se conceden a programas de prevención de drogodependencias y adicciones, y aquellas actividades complementarias a la actividad asistencial que se desarrolla en los centros de tratamientos adscritos al Servicio Provincial de Drogodependencias.
La evaluación técnica de los proyectos –es decir su naturaleza innovadora, la viabilidad de los objetivos y la finalidad- es el criterio más valorado a la hora de resolver la ayuda económica y supone hasta un 40 por ciento de la puntuación; a la incidencia social de la iniciativa –su alcance y estimación de personas beneficiarias- se le aporta un máximo del 30%, mientras que el resto de la puntuación permite valorar la aportación de medios económicos, materiales y de personal por parte de la entidad promotora, la incorporación de perspectiva de género en la concreción del proyecto, y la pertenencia del colectivo a consejos provinciales o federaciones.
Las entidades valoradas tienen sus sedes sociales en 42 localidades de la provincia de Cádiz: Cádiz, Benalup-Casas Viejas, Algeciras, Conil, San Fernando, La Línea, Jerez (así como en las entidades locales de Nueva Jarilla, La Barca de la Florida y Estella del Marqués), Ubrique, Villamartín, El Puerto de Santa María, Paterna, Chipiona, Tarifa, Olvera, Vejer, Chiclana, Sanlúcar, San Roque (y también en Estación de San Roque), Rota, Barbate (y también en Zahara de los Atunes), Bornos (y también en Coto de Bornos), Alcalá del Valle, Prado del Rey, Puerto Real, San José del Valle, Los Barrios, Jimena (y también en San Pablo de Buceite y en San Martín del Tesorillo), Algar, Castellar, Arcos, Espera, Zahara de la Sierra, El Gastor, Medina y Puerto Serrano.
Acceda a la relación de entidades con proyectos aprobados:
http://www.dipucadiz.es/export/sites/default/galeria_de_ficheros/drogodependencias/convocatorias/04-LISTA-PROPUESTA-RESOLUCION-DEFINITIVA.pdf
2 comentarios:
Para el gran cambio que necesita este país PODEMOS había trazado su propia ruta, pero como ha sido imposible, la hará con el lastre del PSOE, pero la haremos.
“Para asegurar el apoyo de Podemos a los Presupuestos Generales del Estado se han establecido como prioritarias, además de la regulación de los precios del alquiler, la subida del salario mínimo, la derogación de la reforma laboral y la ley mordaza, una nueva ley de dependencia, la aprobación de un plan de transición energética, la eliminación del voto rogado para los residentes en el exterior y la eliminación del copago a los pensiones. A ello se suman otras medidas ya acordadas en las negociaciones mantenidas durante la pasada semana con la titular de Hacienda, María Jesús Montero: la actualización de las pensiones al IPC y la implantación de permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles”.
PODEMOS sigue con su proyecto social: Erre que erre y caiga quien caiga.
Un impuesto extraordinario, que se aplicará en una sola ocasión, sobre los incrementos patrimoniales obtenidos durante el periodo de la crisis y con el que se espera recaudar 4.620 millones de euros. La aplicación de este impuesto sería uno de los que más ingresos proporcionaría al Estado -junto al destope de las cotizaciones en la Seguridad Social y la lucha contra el fraude fiscal- para financiar las medidas sociales que Unidos Podemos propone como condición para apoyar los presupuestos generales que permitirían al Gobierno de Pedro Sánchez finalizar lo que queda de legislatura en la Moncloa.
La cifra total de recaudación vía impuestos "a las élites privilegiadas" y progresividad fiscal que Podemos, IU y las confluencias pondrán sobre la mesa de negociación con Hacienda se sitúa en 26.437 millones de euros, unos 13.000 millones de euros más sobre las medidas alternativas que los socialistas han ido desgranando o plasmado en su alternativa presupuestaria del pasado mes de abril.
Ante la negativa del Gobierno para aplicar un impuesto a la banca, el grupo confederal propone otras alternativas, aunque no se resigna a conseguir su implantación en las negociaciones, como la creación de un impuesto especial sobre bienes suntuarios, que se aplicaría a los productos y servicios considerados de lujo, un impuesto a las viviendas vacías, la eliminación de privilegios fiscales de las confesiones religiosas, la homogeneización territorial del impuesto de sucesiones y donaciones y restricciones al sistema de módulos y SICAV "para evitar los notorios abusos de las sociedades de inversión de capital variable".
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