Castellar, víctima de la confrontación

Juan Casanova alcalde de Castellar.

Leído en Europa Sur. Por su interés reproduccimos esta noticia.
El municipio teme que el letargo de Marajambú y la protección total de La Almoraima hipotequen su desarrollo

El alcalde apela al diálogo institucional frente a las batallas jurídicas
A. R.
El pulso entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central por la venta del latifundio estatal La Almoraima ha puesto al pequeño municipio campogibraltareño de Castellar de la Frontera en el mapa pero amenaza con asfixiar aún más su maltrecha economía; deprimida desde el arranque de la crisis y el estallido de la burbuja inmobiliaria que daba empleo en la construcción a buena parte de sus habitantes.


Las rápidas decisiones de la Junta de Andalucía para espantar a los posibles compradores, como integrar toda la finca en el parque natural de Los Alcornocales -actualmente un 90% ya es suelo protegido- e incluso declararla monte de interés público para impedir su venta y promover un modelo de desarrollo desde lo público, contrastan con el letargo en el que la administración andaluza mantiene sumido el proyecto municipal para explotar los Pozos de Marajambú. Marajambú es una finca autonómica reclamada por el municipio desde 1984 y que, paradójicamente, estuvo a punto de ser subastada por la Junta a mediados de 2012 por 3.201.955 euros.

Aunque La Almoraima centra estos días los titulares, la administración regional mantiene ociosa la explotación de 229 hectáreas de su propiedad colindantes con el latifundio estatal pese a la insistente petición del Ayuntamiento para poner en uso los terrenos mediante cooperativas y restar enteros al paro, que se ha duplicado en el municipio desde 2008.

La presión popular y la ausencia de ofertas paralizaron en junio de 2012 la enajenación iniciada por la Junta. Y se abrió entonces la puerta a un acuerdo de cesión para que el Consistorio asumiera la tutela. Pero el proyecto diseñado y entregado en plazo por el municipio -con el apoyo de la Universidad de Córdoba- duerme desde hace más de un año en los cajones de la Consejería de Agricultura.

"Resulta cínico que la Junta hable hoy de integrar La Almoraima en el parque natural y tenga Marajambú ociosa desde hace más de diez años. Hay voluntad política municipal, pero no de la Junta", protesta Juan Casanova (IU), alcalde castellarense y alma mater del proyecto de agroecología para Marajambú, quien alerta de la posibilidad de quedar sumidos en el paro mientras recibe en Sevilla la callada por respuesta. "El silencio es la peor de las respuestas. A día de hoy, casi dos años después de pararse la subasta, la Consejería de Agricultura -que controla el PSOE- siquiera se ha concretado la cesión del suelo", se queja el alcalde.

La propia Izquierda Unida reconoció recientemente, a través de su parlamentario Ignacio García, que Marajambú no termina de despegar aunque espera que el proyecto de banco de tierras impulsado por IU suponga su inicio. "La idea del banco de tierras es magnífica, pero Marajambú está lista para empezar a trabajar ya. ¿Por qué esperar?", insiste Casanova. "En esto comparto postura con el Partido Popular. No se puede exigir un futuro público para La Almoraima y no poner en marcha en suelo público el proyecto de Marajambú pese a que el Ayuntamiento está dispuesto a asumir el riesgo para crear empleo", relata Casanova.

Izquierda Unida incluso ha presentado una Proposición No de Ley ante el Parlamento para pedir la cesión de uso, asesoramiento técnico y la implantación de proyectos de regadío. Está pendiente de ser debatida y el alcalde espera que sea entonces cuando el PSOE se retrate.

Para Casanova, esta doble actitud de la Junta de Andalucía le resulta poco menos que chocante. "La Junta de Andalucía tiene un vivero abandonado en La Jarandilla y el Ayuntamiento le pidió la cesión o una concesión administrativa para desarrollar actividades de bajo impacto. Y también se nos ha negado", comenta. Una situación que recuerda a la pugna mantenida tiempo atrás entre el Ayuntamiento y la directora gerente de La Almoraima, Isabel Ugalde, antes de que se hablara abiertamente de la venta de la finca estatal. Casanova pidió sin éxito 300 hectáreas del latifundio para implantar proyectos como una planta de biomasa, una industria transformadora de corcho y otra de compostaje de materia orgánica que le fueron negados sistemáticamente (presumiblemente, porque el Estado ya sabía que quería vender).

Pero ahora el futuro en torno a La Almoraima tampoco se presenta esperanzador para las opciones de crecimiento del municipio. La veloz actuación de la Junta para proteger toda la finca puede provocar que, a ojos de un posible comprador, La Almoraima deje de ser un lugar donde poder invertir -no necesariamente en el ladrillo- y quedar como mero lugar de recreo. Y, a escala municipal, hipotecar aún más un futuro que desde el Ayuntamiento de Castellar es visto con preocupación. "El enfrentamiento entre administraciones, incluso llegando a los tribunales como ya ha anunciado el Estado, no es el camino. Porque siempre perdemos los mismos, los vecinos", reconoce Casanova.

El regidor local aboga por sentar en la mesa a las tres administraciones y hacer casar todas las visiones sin que la localidad salga aún más perjudicada. "Si se amplían los límites del parque natural para integrar a toda La Almoraima habría desarrollos que no se podrían hacer. ¿Cuáles serían las medidas compensatorias para el municipio? La Junta no nos ha respondido aún pese a no habernos consultado su intención de ampliar el parque", subraya el alcalde, quien no piensa en hoteles de lujo o un aeródromo -de hecho, la entidad local dio carpetazo al proyecto presentado por la dirección del latifundio- sino en las ideas que rehusó Ugalde y que tendrían difícil encaje con toda la finca protegida, tanto en manos públicas como privadas.

"Espero que en estos dos meses donde se van a debatir los usos del parque se puedan dejar algunos espacios de La Almoraima fuera o ampliar las posibilidades. De lo contrario, sería condenar a Castellar a un paro endémico. Una administración quiere hacer caja sin dar nada a cambio al municipio, sin compensar, y la otra proteger el monte. Pero hay que proteger a las personas y promocionar unas industrias sostenibles que en La Almoraima tendrían cabida perfectamente", alerta.

De hecho, con La Almoraima 100% protegida la superficie del municipio libre para la implantación de actividades quedaría reducida a la mínima expresión. El término suma 17.900 hectáreas, de las que 14.100 (el 79%) pertenecen al latifundio y, de éstas, sólo 1.334 están a día de hoy fuera del parque. De fraguar la iniciativa andaluza, el municipio quedaría cercado por suelo estatal (o privado) con usos limitados y por una finca pública que la Junta de Andalucía se resiste a poner en carga pese a la corriente favorable en el municipio.