La legalización de las viviendas por la Junta dependerá de los PGOU de cada municipio

Leído en el diario Europa Sur. Por su interés reproducimos esta noticia.

La legalización, a expensas de los PGOU municipales
La comarca posee más de una quincena de asentamientos pendientes de regularizar

Los ayuntamientos del Campo de Gibraltar deberán recurrir a sus respectivos planeamientos urbanísticos con el fin de poder determinar qué zonas son susceptibles de aplicación para el decreto de la Junta -Ver noticia-.

La comarca no es ajena al fenómeno del ladrillo al margen de la legalidad, con miles de viviendas que actualmente no cuentan con los servicios básicos por no ser reconocidas por la administración repartidas en más de una quincena de asentamientos. Aunque el decreto no supondrá un café para todos sí dará pie a la regularización de varias áreas pendientes desde hace años. 

En Algeciras, el asentamiento más importante pendiente de regularizar lo constituye la barriada de Pelayo. Sus vecinos llevan cuatro décadas pidiendo una solución para las más de 400 viviendas afectadas. En el actual PGOU se incluye la zona como suelo urbano no consolidado y en este documento ya se prevé su legalización. En el mandato anterior ya se iniciaron los trámites.

El proyecto pasa por aprobar un plan especial para determinar los servicios necesarios y que los vecinos puedan adquirir el suelo. En el proceso para la ordenación del territorio se contempla también que los vecinos asuman los costes de la urbanización de la zona. 

Otras dos zonas algecireñas fuera de la legalidad son Algamasilla y Chorrosquina. Al contrario que Pelayo, éstas tienen difícil acogerse al decreto de la Junta ya que las decenas de viviendas se asientan en monte municipal de dominio público y muchos de los afectados están inmersos en causas judiciales después de que el Ayuntamiento, en colaboración con la Junta, abriera expedientes. 

En La Línea existen más de 600 viviendas irregulares, todas ellas en el Zabal, un área clasificada como de especial protección agrícola. Estas viviendas han sido construidas durante décadas en esta parte del término y la situación irregular de las mismas sigue siendo una de las asignaturas pendientes de la gestión local. 

Cuando gobernaba Juan Carlos Juárez, a través de la concejalía de Urbanismo, fueron paralizadas numerosas obras en esta zona y se obligó a la demolición de las mismas. El Ayuntamiento quería evitar la proliferación de nuevas edificaciones manteniendo, eso sí, las casas que ya habían sido edificadas con anterioridad. 

El nuevo equipo de gobierno se ha propuesto regularizar estas casas, aunque solo a efectos fiscales, es decir, que sus propietarios comiencen a pagar tributos municipales como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). El concejal de Urbanismo, Francisco Espada, ya aclaró que esta regularización fiscal no conlleva la normalización urbanística de estas viviendas, algo que el Ayuntamiento pretende hacer con la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El proceso de regularización catastral sí ha comenzado. 

Espada reconoció ayer que no podía precisar si el decreto de la Junta para regularizar miles de viviendas ilegales en Andalucía podría afectar a las existentes en El Zabal. "Lo estudiaremos con detenimiento", dijo. 

En Tarifa, el decreto podría garantizar la regularización de núcleos como Paloma, La Peña, Betis, Bolonia, Palomino o Guadalmesí incompatibles actualmente con la LOUA. El decreto dará las competencias a los ayuntamientos para determinar lo qué ocurrirá en los diferentes casos. 

San Roque también cuenta por miles las viviendas susceptibles de regularización. El Albarracín fue uno de los primeros asentamientos de población que tuvo el municipio y en el que se han intentado numerosos procedimientos para la regularización de unas 1.500 casas. El suelo está catalogado como rústico, por lo que muchos vecinos contribuyen con el IBI, pero no con la cuantía acorde al tamaño de sus viviendas que, a su vez, exceden los límites para esta tipología de suelos. 

En Los Barrios, la Junta ya hizo en su día un inventario de las zonas con viviendas irregulares que coincide prácticamente con los tradicionales focos fuera de planeamiento. Estas zonas son, principalmente, la parte baja de Benharás que colinda con la ribera del río Palmones y Vega Magaña (junto al arroyo Guadacorte). Ambos territorios tienen afecciones de dominio público hidráulico debido a que son zonas inundables y, por tanto, el futuro apunta ahora a su eliminación. También hay viviendas fuera del PGOU en la ladera izquierda del Cerro Marcelo y en la parte alta de Benharás, en la zona de Manantiales del Duque. 

Por último, en Jimena y Castellar también existen focos de viviendas sin regularizar. La zona de Los Chorros es la más importante dentro de Jimena mientras que en Castellar los problemas se focalizan en el exterior del castillo, si bien son una minoría.