Doce investigados por presunta malversación de 7 millones de euros en el Consorcio Bomberos Cádiz

Por buceite.com
-
Realmente no hay ningún detenido como afirma la noticia que la prensa digital  ha difundido esta misma tarde.

Todos son investigados como hemos podido confirmar con el propio Andrés Beffa, expresidente del Consorcio de Bomberos de Cádiz y expresidente de la JMD de San Pablo de Buceite, que esta misma tarde esta trabajando como profesor de adultos de la Escuela Xemina de Jimena y San Pablo.
-
Beffa a comentado que "tiene la tranquilidad de que todo lo que se imputa será aclarado en su momento y que la justicia pondrá las cosas en su sitio. Lo malo es el daño a la Institución y a las personas que se hace con las declaraciones que se realizan sin la menor prueba que las avale. Personalmente no tengo que demostrar mi honestidad porque creo ha sido la pauta en todos los años dedicados al servicio público tanto en el Ayuntamiento de Jimena como en el Consorcio de bomberos".

--
Leido en La Vanguardia. Por su interés reproducimos esta noticia.
-

Agentes de la Policía Nacional han investigado a 14 personas, 12 de ellas detenidas, como presuntos autores de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública y prevaricación, entre otros delitos, en el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC).

También se les investiga por la supuesta comisión de delitos de nombramiento ilegal, asociación ilícita, falsedad documental y actividades prohibidas a funcionarios, según detalla la Policía Nacional en una nota de prensa.

La malversación supera los siete millones de euros, sin contar los beneficios que hubieran podido obtener a través de su participación en los hechos investigados.

La investigación comenzó tras una denuncia interpuesta en el 2013 por el Sindicato de Bomberos de Cádiz, tras la firma de un acuerdo laboral en el CBPC y la posterior contratación de una póliza de jubilación anticipada para bomberos de Cádiz, que benefició principalmente a dirigentes del consorcio en detrimento del resto de bomberos.

Los investigadores han detectado prácticas irregulares entre el 2008 y el 2014, que podrían ser constitutivas de delito, por lo que la causa fue derivada al Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz en el 2014.

Durante estos tres años el trabajo policial ha permitido comprobar un historial de actos y procedimientos, a priori fraudulentos, que habrían sido cometidos por directivos del CBPC, y por los responsables de las empresas contratadas.

Entre estas irregularidades se encuentran la firma de un acuerdo regulador y la contratación de un plan de jubilación anticipada para el personal operativo del CBPC en cuyo contenido se habrían llevado a cabo decisiones sin tener en cuenta la legislación vigente.

Este acuerdo garantizaría una pensión complementaria a la pensión pública que recibirían los bomberos en el caso de que pasaran a la situación de segunda actividad desde los 58 años hasta su jubilación efectiva a los 65 años.

Los investigadores encontraron irregularidades en el área de formación, en convenios suscritos con un sindicato y en la justificación de la subvención recibida por el INAP, así como la contratación de la empresa elegida para impartir la formación on line para el personal del CBPC.

Esta sociedad mercantil, al parecer, habría sido creada 'ad hoc' para prestar el servicio, siendo seleccionada por el CBPC sin cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, dándose la circunstancia que la empresa no prestó el servicio contratado.

La otra parte fue practicada en colaboración por el Grupo Séptimo de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Madrid, que procedieron a detener a tres miembros de una sociedad mercantil dedicada a la consultoría de formación con sede en la capital de España y que actualmente se encuentra en fase de liquidación.

Con todo, los detenidos, así como los investigados, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, como presuntos autores de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública, prevaricación, nombramiento ilegal, asociación ilícita, falsedad documental y actividades prohibidas a funcionarios.