Diputación de Cádiz renueva el convenio con la federación de consumidores Al-Ándalus para Jimena y Tesorillo

Nota de prensa de la Diputación de Cádiz.

-

La Diputación renueva la colaboración con las asociaciones Al Ándalus, UCE y FACUA
en Cadiz.

“Esta acción permitirá fortalecer la colaboración que mantiene la Diputación con las tres asociaciones de consumidores”, ha destacado la presidenta de la Corporación Provincial, Irene García, tras la firma de los convenios con Al-Ándalus, Unión de Consumidores de Cádiz (UCE) y la Asociación de Consumidores en Acción (FACUA).

Cada uno de los convenios está presupuestado con cinco mil euros. Las acciones programadas permitirán implantar Puntos de Información al consumidor (PIC) en todos los ayuntamientos de la provincia que no cuentan con una Oficina de Información al Consumidor (OMIC) propia.

En total van a funcionar 27 PIC en 24 municipios, actualmente son 18, y en tres entidades locales autónomas (ELA), que son San Martín del Tesorillo, Guadalcacín y Facinas. “Este esfuerzo garantizará que los vecinos de todas las localidades tengan información que garantice sus derechos como consumidores”, ha señalado Irene García tras la firma de los convenios con María Paz Bache (Al-Ándalus), Miguel Ángel Ruiz (UCE) y David Cifredo (FACUA). Un acto al que ha asistido el diputado de consumo, Javier Pizarro.

En colaboración con Al-Ándalus habrá nueve PIC en Espera, San Jose del Valle, Paterna, Prado del Rey, Vejer de la Frontera, Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera, así como las ELA de Facinas (Tarifa) y San Martín del Tesorillo (Jimena).

En el caso de FACUA, los nueve PIC estarán en Alcalá de los Gazules, Bornos, Grazalema, Medina Sidonia, Olvera, Trebujena, Villamartín, Zahara de la Sierra y Benalup-Casas Viejas.

Con UCE, los nueve puntos de información funcionarán en Alcalá del Valle, Algodonales, El Bosque, El Gastor, Benaocaz, Setenil de las Bodegas, Torre Alháquime, Villaluenga del Rosario y la ELA de Guadalcacín (Jerez).

Los firmantes de estos convenios han coincidido en que las políticas de consumo han de entenderse como políticas sociales, ante las dificultades económicas y la complejidad de la sociedad de consumo. Unas políticas que permitan crear consumidores con capacidad crítica, paralelamente.
También han destacado la colaboración que en todo momento han mantenido todos los agentes implicados en la búsqueda de una mayor eficacia y eficiencia, con mayor servicio presencial en las poblaciones cuyos ayuntamientos lo han solicitado.