El Grupo Municipal Socialista de Jimena, ha presentado una moción al pleno de rechazo a la reforma de la Política Agraria Común (P.A.C.) del Gobierno de España, y otra moción proponiendo medidas para combatir la pobreza energética.
El Grupo Municipal Socialista de Jimena de la Frontera, ha registrado dos mociones para el próximo pleno ordinario de Marzo, de dos temas que interesan a la población en general y a los vecinos del municipio de Jimena de la Frontera en particular.
Una moción relativa al rechazo de la negociación y distribución de los fondos de la Política Agraria Común (P.A.C.) para Andalucía, realizada por el Ministro de Agricultura, Arías Cañete, de la que Andalucía dejará de percibir un total de 418 millones de euros durante los próximos años, distribuidos en 160 millones de reducción en los “pagos directos” y 258 millones en los “fondos de desarrollo rural”. Para la provincia de Cádiz representa una pérdida de aproximadamente 32 millones de euros, desglosados en 14 millones de reducción en “pagos directos” y 18 millones en “fondos de desarrollo rural”. Andalucía ha sido perjudicada con respecto a otras comunidades autónomas, y todo a pesar de que España va a recibir 238 euros más que en el periodo anterior, y es la única comunidad autónoma que ve reducido sus fondos para el desarrollo rural. Por lo que esta decisión del Ministerio de Agricultura, supone un auténtico atentado contra el progreso de nuestra comunidad.
La otra moción, propone la aprobación de varias medidas para poder combatir la pobreza energética. Según diversos estudios sitúan la tasa de pobreza energética española en el 10% de la población. Esta cifra es inasumible, y sus causas tiene mucho que ver con la inacción de un Gobierno de derechas que abandonó las políticas de eficiencia energética, aumenta los costes de la energía y practica una política económica que devalúa los salarios haciendo más difícil a la ciudadanía hacer frente a gastos básicos, como es el vinculado al acceso a la energía. Por ello se proponen medidas como la puesta en marcha de una tregua energética que permita poner freno a la desbocada subida del precio de la luz, la de contemplar en los Presupuestos Generales del Estado de una partida económica suficientemente dotada, para combatir la pobreza energética, la de extender el bono social a las energías domésticas como el gas natural y el gas embotellado, y aprobar medidas que mejoren la capacidad de pago de los hogares afectados por la “POBREZA ENERGÉTICA”, involucrando para ello a las empresas energéticas españolas.
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MOCIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA RELATIVA AL RECHAZO A LA REFORMA DE LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN (P.A.C.) NEGOCIADA POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA
D. Pascual L. Collado Saraiva como Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, y al amparo del art. 97.3 del R.D. 2568/1986 de 28 de noviembre, del R.O.F., viene a presentar para su aprobación la siguiente MOCION en base a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La reforma de la Política Agrícola Común (PAC) se puede cerrar con un balance negativo para Andalucía, que va a recibir en el nuevo marco 418 millones de euros menos que los percibidos entre 2007 y 2013, según los números del reparto entre comunidades autónomas presentados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Según los datos que disponen las distintas Organizaciones Agrarias de la provincia de Cádiz, nuestra provincia dejará de percibir 32 millones de euros, casi un 9% del total de Andalucía.
Andalucía no está satisfecha ni puede ni puede estar de acuerdo con un reparto que es una verdadera afrenta para esta comunidad, que sufrirá un impacto financiero negativo para su agricultura como nunca ha tenido desde que entramos en la Unión Europea.
En la última Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, celebrada en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se ha constatado la estimación de pérdidas que calculó la Consejería de Agricultura a partir de la propuesta previa del Ministerio, y se ha demostrado que no eran unas previsiones disparatadas, como consideró el ministro Miguel Arias Cañete, sino que eran un auténtico varapalo para este sector en Andalucía.
A falta aún de concretar algunos aspectos de la aplicación del modelo, las pérdidas en Andalucía ascenderán a 160 millones de euros en los pagos directos (14 millones de euros en la provincia de Cádiz) y 258 millones en el caso de los fondos de desarrollo rural (18 millones de euros en la provincia de Cádiz), básicos para la creación de empresas en zonas rurales, y elementos esenciales en la generación de empleo en comarcas especialmente deprimidas de nuestra comunidad.
El Ministerio no ha tenido en cuenta la aspiración legítima de Andalucía de mantener intacta la ficha financiera que le venía correspondiendo, siendo la percepción igualmente de todas las organizaciones agrarias andaluzas, no habiéndose respetado los acuerdos de la Conferencia Sectorial del pasado mes de julio de evitar las transferencias entre agricultores, ganaderos y territorios.
Como se ha expuesto, en el capítulo de las ayudas directas, los agricultores y ganaderos andaluces perderán 160 millones de euros, fundamentalmente debido a los sectores finalmente incluidos como perceptores de ayudas acopladas, aquellas que priman la producción en cultivos con especiales dificultades o en peligro de desaparición, y en las que no se han tenido en cuenta las peculiaridades del campo andaluz.
Es de lamentar que no se hayan considerado las propuestas enviadas desde la Junta de Andalucía y la poca sensibilidad que ha tenido el Ministerio con cultivos tradicionales andaluces en grave situación de riesgo.
Pese a la insistencia de Andalucía, han quedado excluidos de las ayudas acopladas el olivar en pendiente, el trigo duro y la uva pasa, y se ofrece un nivel muy bajo de apoyo al caprino y los frutos de cáscara de secano.
Especialmente relevante es el recorte en los fondos para el desarrollo rural, 211 millones de euros en el conjunto de los siete años del nuevo marco, un 10% menos que en el anterior periodo.
De esta forma, Andalucía recibirá ahora el 23,7% de los fondos europeos de desarrollo rural que llegan a España, cuando hasta ahora le correspondía el 26,5%.
Este ajuste resulta del todo incomprensible, pues no se explica que habiendo subido en 238 millones la dotación de estos fondos para España, Andalucía pierda 211 millones de euros, a pesar de tener una tasa de desempleo mayor que el resto de zonas beneficiadas con el reparto.
Andalucía es la única comunidad que ve reducidos sus fondos para desarrollo rural, ya que las demás regiones españolas mantienen o incluso experimentan un incremento en este apartado, y que el Ministerio no haya explicado con claridad los criterios aplicados para el nuevo reparto. Andalucía había solicitado que se consideraran criterios como el censo de población rural de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y la tasa de desempleo en estos ámbitos.
Además, en la Conferencia Sectorial se ha acordado que la cuota de cofinanciación que aporta el Ministerio a los programas de desarrollo rural se reduzca del 50% al 30%, lo que supone una merma de otros 47 millones de euros adicionales.
Todo ello supone un auténtico atentado contra el progreso de esta comunidad, que se une a las múltiples afrentas que el Gobierno Central está realizando contra esta Andalucía.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, propone al Pleno los siguientes ACUERDOS:
Primero.- El Ayuntamiento de Jimena de la Frontera muestra su más enérgico rechazo a la reducción de fondos para Andalucía provenientes de la Política Agraria Comunitaria.
Segundo.- El Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, solicita la inmediata convocatoria de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, al objeto de proceder a un nuevo reparto que no sea perjudicial con Andalucía.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a la Junta de Andalucía y a las organizaciones agrarias más representativas de Andalucía.
Jimena de la Frontera a 27 de Febrero de 2.014.
EL PORTAVOZ
Fdo.: Pascual L. Collado Saraiva.
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MOCIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA RELATIVA A MEDIDAS PARA COMBATIR LA POBREZA ENERGÉTICA
D. Pascual L. Collado Saraiva como Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, y al amparo del art. 97.3 del R.D. 2568/1986 de 28 de noviembre, del R.O.F., viene a presentar para su aprobación la siguiente MOCION en base a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En los últimos años una nueva forma de pobreza, la pobreza energética se ha extendido por las sociedades desarrolladas. La pobreza energética se define como aquella situación que sufren los hogares cuyos miembros son incapaces de pagar una cantidad de servicios de la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando se ven obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos al pago de la factura energética de sus viviendas. .
Diversos estudios situaban la tasa de pobreza energética española en el 10% de la población. Esta cifra resulta inasumible, y sus causas tienen mucho que ver con la inacción de un Gobierno de derechas que abandonó las políticas de eficiencia energética, aumenta los costes de la energía y practica una política económica que devalúa los salarios haciendo más difícil a la ciudadanía hacer frente a gastos básicos, como lo es el vinculado con el acceso a la energía.
En nuestro país pagamos la luz más cara de Europa, y ante esto nos encontramos con un Gobierno de la Nación con una política insensible ante una pobreza energética. Es una política insensible que da la espalda a la ciudadanía porque no sólo nos encontramos con un Gobierno que sube la luz, sino que además no atiende a propuestas y reclamaciones para combatir la pobreza energética, al tiempo que trata de endurecer los requisitos de acceso al bono social.
El pasado verano el Ministerio de Industria trató de establecer mínimos de renta para acogerse al bono social eléctrico, una tarifa de la que pueden beneficiarse todas las familias numerosas, pensionistas y desempleados y que el Gobierno pretendía limitar. El bono social, que en Andalucía beneficia en torno a 480.000 beneficiarios, fue impulsado en 2009 por el Gobierno .socialista.
Los socialistas estamos en contra de que se endurezcan los requisitos para acceder al bono social. Y estamos demostrando con el ejemplo una alternativa en política energética a favor de las personas más desfavorecidas, el Gobierno de la Junta de Andalucía está estudiando cómo garantizar esos servicios básicos a los colectivos sociales más vulnerables, en concreto, hogares donde se perciba el salario social.
Los socialistas entendemos que no podemos permitir que millones de familias estén al borde de la pobreza energética, que no puedan pagar la luz; y que la reforma del sector eléctrico sirva para que las grandes compañías ganen y las y los consumidores pierdan.
Los socialistas defendemos un marco de cobertura social sobre un servicio mínimo de suministro de energía (electricidad y gas), que garantice que ningún hogar pueda ser privado de un mínimo de cobertura de subsistencia entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo.
En este sentido, urge, entre otras acciones, incorporar el combate contra la pobreza energética como prioridad de la política energética española. Resulta especialmente necesario abordar medidas para aquellos casos en los cuales la pobreza deriva a situaciones de exclusión energética y de suministro de agua potable, con los riesgos que ello comporta singularmente para las personas más vulnerables (niños, ancianos y enfermos).
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, propone al Pleno los siguientes ACUERDOS:
Primero.- El Pleno del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, insta al Gobierno de España a poner en marcha una tregua energética que permita poner freno a la desbocada subida del precio de la luz que tanto daño está haciendo a las economías familiares y a la competitividad de las empresas, así como a implantar un sistema de precios más justos para la energía, y la puesta en marcha de medidas que garanticen a toda la ciudadanía el derecho a suministros mínimos vitales de agua y energía en caso de insolvencia económica.
Segundo.- El Pleno del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, insta al Gobierno de España a la transposición, íntegra y adecuada de las Directivas 2009/73/CE y 2009/72/CE, del mercado interior de electricidad y gas, incorporando el combate contra la pobreza energética como prioridad de la política energética español y contemplar una partida presupuestaria específica, suficientemente dotada, para combatir la pobreza energética y de en España.
Tercero.- El Pleno del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, insta al Gobierno de España a aprobar con la mayor urgencia posible una Estrategia para la erradicación de la pobreza energética, en la que involucre a las empresas energéticas, con medidas a desarrollar tanto en la ciudad como en el mundo rural, y, entre otras, las siguientes:
· Revisar la actual y nociva política energética del Ejecutivo impulsando el sector de las energías renovables;
· Priorizar la rehabilitación y eficiencia energética de los hogares;
· Incorporar criterios de pobreza energética en la revisión del sistema de déficit de la tarifa eléctrica, que se viene traduciendo en aumentos de la factura eléctrica de los hogares;
· Mantener el bono social y extenderlo a otro tipo de energía doméstica como el gas natural y el gas embotellado (butano);
· Y, finalmente, articular medidas tendentes a mejorar la capacidad de pago de los hogares afectados por la pobreza energética en las épocas de frío y calor intenso, cuando más lo necesitan. En esta Estrategia el Gobierno deberá involucrarse a las empresas energéticas.
Jimena de la Frontera a 27 de Febrero de 2.014.
EL PORTAVOZ
Fdo.: Pascual L. Collado Saraiva.
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Imagen de http://www.goiener.com
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