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| Chaves en un mitin electoral en 2012 en la Venta Las Acacias en San Pablo. |
Leído en el diario El País. Por su interés reproducimos esta noticia.
- La juez Alaya plantea la imputación de Griñán y Chaves por los ERE- La magistrada retoma la instrucción con un auto en el que apunta a los expresidentes andaluces
- La juez incluye a cinco exconsejeros como posibles implicados
- Rubalcaba afirma que no opinará hasta haber leído el auto y rechaza contestar a la prensa
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La juez Mercedes Alaya, que instruye el caso de los ERE, el supuesto fraude con ayudas públicas a empresas y empleados, ha planteado la imputación de los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves, así como de los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, José Antonio Viera, Manuel Recio y Antonio Ávila, todos aforados.
Griñán, que siempre ha negado que le advirtieran del fraude, había dejado la presidencia de la Junta para evitar que esta situación perjudicara a la Administración andaluza y tan solo horas después de que su sustituta, Susana Díaz, tomara posesión del cargo, Alaya ha abierto el proceso para imputarle en el fraude.
En el auto, difundido en el momento que el nuevo Gobierno de Díaz procedía al relevo formal, la juez considera que hay "elementos precisos" que apuntan a la "concesión de subvenciones al margen del procedimiento legalmente establecido" y que van, en opinión de Alaya, desde el cobro de comisiones por encima de lo habitual permitido por la Junta de Andalucía y el establecimiento de un sistema que, de acuerdo al texto del auto, pretendía "eludir el cumplimiento de la Ley de Subvenciones, que sujetaba el procedimiento a estrictos trámites y los controles de la Intervención, provocando además millonarios desfases presupuestarios cada año durante una década".
La juez añade que, en función de la investigación y el seguimiento de informes y atestados, así como las declaraciones, "resulta conveniente de manera muy somera y con el horizonte de la investigación anteriormente dibujado, abordar la cuestión del aforamiento de determinadas personas designadas en el procedimiento y presuntamente relacionadas con los hechos que se investigan".
En este caso se encuentran los siete exresponsables de la Junta mencionados, a los que Alaya achaca, de forma indiciaria, los delitos de prevaricación y malversación, "entre otros". Lo que ha hecho la juez es comunicar a los siete aforados la existencia de la causa y que en ella ve indicios de delitos contra ellos. Formalmente, la juez no puede imputarlos debido a que están aforados, y acude al artículo 118 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal para comunicarles que existe "cierta carga incriminatoria" contra los siete. El efecto real de la resolución es que los dirigentes mencionados podrán personarse en la causa y sus abogados proponer pruebas, recurrir o participar en los interrogatorios.
Alaya reclama a los aforados que se "personen si lo desean" y entiendan el auto firmado como una resolución "asimilable a trámite de denuncia o querella", lo que permite comunicar a los aludidos que pueden ser imputados de acuerdo a su interpretación del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No obstante, la misma juez admite que "no constituye un acto de imputación judicial, pero permite al querellado defenderse en el proceso por los hechos que pudieran incriminarle".
En este sentido se pronunció la Audiencia de Sevilla el pasado mes de agosto, cuando resolvió que "nada impediría al aforado que piense que puede quedar involucrado en una investigación judicial salvaguardar su derecho de defensa poniéndose a disposición del juzgado para declarar (...) el juez puede recibir declaración al aforado si voluntariamente se presta a ello”.
Abogados personados en la causa han dicho a Efe que, al notificar hoy "la existencia del presente procedimiento, en calidad de imputados" a Chaves, Griñán y cinco exconsejeros de la Junta, la juez cumple "estrictamente" lo que le ordenó la Audiencia de Sevilla el pasado 8 de agosto, cuando dijo que antes de elevar el caso al Supremo o al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) debía "apurar y depurar" la investigación.
La Audiencia le dijo entonces que también debía notificar la existencia del proceso a los aforados para que puedan "salvaguardar su derecho de defensa poniéndose a disposición del juzgado para declarar".
Según los citados abogados, el auto dictado hoy "permite a la juez retrasar durante un tiempo prudencial la elevación al Tribunal Supremo del informe razonado, que tendría como consecuencia la inculpación formal de los aforados, previa petición de suplicatorio a las Cámaras legislativas correspondientes".
De esta manera, según las fuentes, los imputados pueden personarse en la causa, participar en la instrucción y ejercer su derecho de defensa, "excluyendo de este modo cualquier atisbo de nulidad de la causa por indefensión".
La juez concluye el auto afirmando que su resolución puede ser recurrida. Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción han explicado a Efe que estudian el contenido del auto y si es conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo a efecto de decidir si lo recurre o no. El estudio del auto por parte de la Fiscalía Anticorrupción se debe a que la juez ha comunicado la imputación a varias personas aforadas, pero sin remitir la instrucción a los órganos judiciales que deberían ser competentes para instruir la causa sobre esas personas concretas.
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