Los socialistas de Jimena presentarán una moción para la adhesión del ayuntamiento a la querella contra el franquismo abierta en Argentina

Nota de prensa del GM Socialista en el Ayuntamiento de Jimena

EL G. M. Socialista presenta una moción al pleno ordinario, de adhesión a la Querella 4591/10 y contra la impunidad del franquismo.
El pasado lunes el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, dio registro de entrada a una moción al Pleno Ordinario del próximo 18 de Julio. Una iniciativa política que ya han sido aprobadas en varios ayuntamientos del país y en los Parlamentos Vasco y  Navarrro.
Precisamente con la celebración del Pleno Ordinario en el Ayuntamiento de Jimena de la Frontera el próximo 18 de Julio, se cumplirá el LXXVII Aniversario de uno de los hechos más lamentables de la Historia de España, y el inicio de una etapa  que está gravada a fuego y sangre en la memoria de muchas familias de nuestro país y por supuesto de Jimena de la Frontera y del resto del Campo de Gibraltar, provocadas por la sublevación de las tropas del general Francisco Franco y el golpe militar contra el Gobierno de la II República, legítimamente nacida en la primavera de 1931.

Aquella ignominia franquista lograda con ayuda directa de los gobiernos militaristas y fascistas de Alemania e Italia, y el silencio cómplice de los gobiernos británico y francés, provocó la más sangrienta represión civil, postguerra, y dictadura militar y política durante los siguientes 40 años. Periodo de nuestra historia más cercana al que aún no ha respondido nadie. Las responsabilidades sobre aquel golpe militar que arrasó gran parte de nuestro país, han quedado enterradas con un gran manto de impunidad que aún perdura.   
De ahí la necesidad de seguir exigiendo “Tolerancia cero a la impunidad del franquismo”, porque no podemos permitir que aquella invasión militar franquista y sus herederos actuales queden sin responder por sus atropellos y crímenes.   
Desde la finalización de la II Guerra Mundial y con los Juicios de Nuremberg, contra los militares y gobernantes nazis en Alemania, se aplicó la Justicia Internacional sobre los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Igualmente ha sucedido recientemente con los crímenes de las dictaduras militares de Argentina, Chile y la guerra de los Balcanes, entre otros, poniendo a sus responsables ante la Justicia.   
Tras cuarenta años de dictadura franquista y treinta y cinco de democracia, en España las cifras sobre las atrocidades cometidas son incompletas; el Estado no ha garantizado el derecho a las víctimas a la Verdad, la Reparación y la Justicia. En la actualidad el Gobierno central ha eliminado la partida destinada a sufragar exhumaciones en las numerosas fosas comunes y los familiares de al menos 150.000 desaparecidos esperan la identificación de esos cadáveres.
Miles de personas que durante los cuarenta años de dictadura fueron detenidas, torturadas, perseguidas, encarceladas, exiliadas, ejecutadas en juicios sumarísimos, sometidas a trabajos forzados, esperan Justicia. Todas ellas y sus familias, esperan que se declaren nulas las sentencias y resoluciones dictadas en aplicación de leyes contrarias a los derechos de las personas  y manifiestamente injustas, por parte de consejos de guerra y tribunales especiales franquistas, igualmente ilegítimos según reconoce la propia Ley de Memoria Histórica.    
Pero desde el 14 de abril de 2010, y amparados en la legislación internacional de la ONU sobre Justicia Universal, las víctimas del franquismo presentaron en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 1 de Buenos Aire (República Argentina), a cargo de la Jueza María Servini de Cubría, la Querella nº 4591/2010. Y que ya se empiezan a ver sus resultados, pues hace pocas semanas fue admitido a trámite en el Juzgado un escrito de imputación contra nueve responsables de crímenes denunciados en la causa; tres exministros, dos jueces de tribunales especiales y cuatro miembros de la policía política de la dictadura franquista. Lo cierto es que nunca antes en la breve historia de nuestra democracia se había llegado tan lejos judicialmente.

    Entre los puntos de acuerdos se encuentran:
(1) La denuncia de la sublevación militar por el general Franco y su posterior represión durante 40 años de Dictadura;
(2) La denuncia también el papel jugado por buena parte de las oligarquías agraria, industrial y financiera, y la jerarquía de la Iglesia Católica, con su apoyo al golpismo primero, y al régimen fascista instaurado después. 
(3) Se insta al Congreso de Diputados y al Parlamento de Andalucía a que se comprometan a adoptar las medidas legislativas necesarias para garantizar a los/as represaliados/as por la rebelión militar de julio de 1936, por el régimen franquista y por el terrorismo de Estado, el ejercicio de su derecho a la verdad sobre aquel régimen, para contrarrestar los intentos de reescribir la Historia que se viene realizando por sus herederos; el derecho a la Justicia efectiva mediante la que se pueda superar el actual estado de impunidad de los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos; y el derecho a una Reparación digna y no discriminatoria por las vulneraciones causadas a los centenares de miles de víctimas del franquismo; y, por último, el derecho del conjunto de la sociedad a que se implementen medidas de cambios sociopolíticos, jurídicos e institucionales como garantía de no repetición.
(4) Se propone el apoyo y la adhesión a la Querella 4591/10 del Juzgado nº 1 de Buenos Aires (República Argentina), que lleva adelante la magistrado María Servini de Cubría por delitos de genocidio y lesa humanidad contra los responsables de la conculcación de los Derechos Humanos durante el franquismo.
(5) Se anima a la ciudadanía a apoyar la querella contra los crímenes del franquismo, bien personándose como querellantes quienes fueron directamente represaliados durante el régimen franquista o sus descendientes, o bien manifestando su denuncia de la dictadura y su adhesión a la querella contra los criminales y su crímenes.
(6) La propuesta de acuerdos finalizan dando traslado de los mismos, a diversas asociaciones memorialistas y a las Presidencias del Congreso de Diputados y del Parlamento de Andalucía.