El PIVG exige a la Mancomunidad que deje de pagar el sueldo del presidente y del alcalde de Jimena

Leído en el diario Europa Sur. Por su interés reproducimos esta noticia.
Mayoral alega que por atribuciones en Algeciras debe ser su ayuntamiento el que le retribuya y hace extensiva la situación al alcalde de Jimena

También reclama una reducción de los pagos a los grupos
A. R.

El Partido Independiente del Valle del Guadiaro (PIVG) reclama a la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar que deje de pagar el sueldo de su presidente, Diego González de la Torre, y del alcalde de Jimena, Guillermo Ruiz (ambos del PP). El máximo responsable del partido local sanroqueño, Jesús Mayoral, considera que deben ser sus respectivos ayuntamientos quienes asuman el pago de las retribuciones y así lo ha hecho constar en las alegaciones tramitadas al Presupuesto General para 2012 de la entidad comarcal, en fase de aprobación inicial.

En su escrito de alegaciones, Mayoral defiende que el alcalde de Jimena no puede ser retribuido con cargo a la entidad comarcal porque se trata de un miembro nato de la Junta de Comarca -todos los alcaldes lo son- y sostiene que "obviamente" su actividad con dedicación exclusiva la realiza respecto al municipio jimenato. Por este motivo, el PIVG pide en su escrito de alegaciones que se disminuya la partida correspondiente, se reclame el dinero al Ayuntamiento de Jimena y se incluya una estimación de ingreso en contrapartida.
Pero no es el único caso en el que Mayoral considera que existe una carga salarial que no corresponde. El PIVG sostiene que lo mismo corresponde hacer sobre el propio presidente por ejercer "al menos parcialmente" en el Ayuntamiento de Algeciras, donde es concejal de Urbanismo.
Según los acuerdos del Pleno de organización comarcal, a De la Torre se le asignó en septiembre de 2011 un salario anual de 45.570 euros brutos. Además, posee régimen de dedicación exclusiva (así consta en el Boletín Oficial de la Provincia del 11 de octubre de 2011 que recoge su nombramiento). En el mismo boletín también aparece que a Guillermo Ruiz se le atribuye la vicepresidencia de área de Juventud y Deportes en régimen de dedicación exclusiva. En la sesión plenaria de organización se anunció que los vicepresidentes, como es el caso, cobrarían 39.976 euros brutos al año.
El presidente de la entidad comarcal replicó en declaraciones a Europa Sur el derecho de Mayoral a presentar alegaciones y emplazó al estudio que efectúen los técnicos para adoptar cualquier decisión. Sí hizo una valoración netamente política en la que sostuvo que Mayoral alega contra el presupuesto comarcal para "tapar" la subida de 13 tasas municipales y la creación de dos nuevas en San Roque, donde es concejal de Hacienda. "Los técnicos deben valorar las reclamaciones y contestarán, naturalmente. Pero a nivel político, la Mancomunidad no debe usarse para desviar la atención de San Roque", dijo De la Torre, quien también defendió su derecho a cobrar "de algún sitio" por un trabajo que considera a tiempo completo en ambas instituciones. "Tengo una dedicación superexclusiva. Mañana y tarde al Ayuntamiento de Algeciras y a la Mancomunidad, pero sólo cobro de uno", defendió.
En la batería de alegaciones al presupuesto (que se aprobó en fase inicial a finales de julio), el PIVG también reclama que se elimine la partida de 27.360 euros destinada a pagar una asignación a los grupos políticos al considerar que los grupos ya están cobrando estas asignaciones en sus respectivos municipios.
Y sobre una partida de 24.000 euros para cubrir el pago por asistencia a pleno (100 euros por pleno y 25 por junta comarcal para cada edil), Mayoral pide que se sólo se abone a los ediles que no tengan retribución alguna en la entidad comarcal o sus ayuntamientos y se devuelva la diferencia.
Y en el plano netamente técnico, Mayoral señala el hecho de que los organismos autónomos y la propia Mancomunidad recogen un cierre de ejercicio de 2011 en negativo, por lo que las cuentas de 2012 deben recoger un superávit al menos por la misma cuantía y no ajustados a ingresos y gastos.
"Estaremos expectantes a los informes que se aporten y rectificaciones que se realicen; de aquellas alegaciones que se desestimen, sobre todo las relacionadas con los privilegios políticos estudiaremos la posibilidad de defenderlas en un contencioso", concluyó Mayoral.