Piden cárcel para el alcalde de Gaucín acusado de malversar fondos municipales

Leído en Diario Sur. Por su interés reproducimos esta noticia.

MONTSE MARTÍN

El alcalde de Gaucín, Francisco Corbacho Román (PA), será juzgado en la Audiencia Provincial de Málaga por delitos de malversación y prevaricación, después de que ayer el Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga se declarase no competente para juzgar el caso. El fiscal solicita para el primer edil un año de cárcel por disponer de fondos municipales en su propio beneficio e inhabilitación de seis años por no facilitar a los miembros de la corporación municipal la información sobre los mandamientos de pago e ingresos que le requirieron. Por su parte, la acusación particular ejercida por el Partido Popular pide una condena de seis años de cárcel.

Los hechos por los que ha sido procesado Francisco Corbacho se remontan al año 2002 (entonces representaba al PSOE como independiente), cuando, a finales de diciembre, «decidió aprovechar a ausencia por vacaciones del secretario-interventor para disponer de fondos municipales que pensaba manejar en su propio beneficio durante un corto periodo de tiempo y luego restituir», según explica el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales.

Sin liquidez

Para ello, «prevaliéndose de su condición de alcalde», entre los meses de diciembre de 2002 y enero de 2003, ordenó librar diversos mandamientos de pago con cheques al portador firmados por él mismo por un valor total de 200.000 euros. Corbacho reintegró algunas cantidades a las arcas municipales, pero no fue capaz de devolver la totalidad del dinero. La consecuencia fue que a finales de enero de 2003 el Ayuntamiento de Gaucín carecía de liquidez suficiente para hacer frente a los gastos corrientes y de personal, por lo que la situación fue denunciada a la Fiscalía.

El día 10 de febrero cuando Corbacho supo que su actuación irregular había trascendido recurrió a amigos y parientes y reunió de forma apresurada el dinero, que reintegró a las arcas municipales. Posteriormente, el alcalde, mediante decreto, denegó la entrega a los miembros de la corporación de la documentación sobre estos movimientos de dinero. Un mes después, Francisco Corbacho se negó a tratar el asunto en un pleno extraordinario y ordenó a la Policía Local el desalojo del salón de sesiones.