Deloitte cuestiona la cuenta de resultados del latifundio que el Gobierno quiere privatizar
España es una concatenación de luces desde la Estación Espacial Internacional. La última fotografía nocturna difundida por la NASA hace unos días muestra un país iluminado por sus ciudades. Pero también hay zonas oscuras. Por ejemplo, la franja negra que divide la provincia de Cádiz en dos de Norte a Sur. Esa isla oscura es el Parque Natural de Los Alcornocales, dentro de cuyos límites está La Almoraima, un enorme latifundio público que el Gobierno aspira a vender. El Ministerio de Medio Ambiente habló hace unos meses de un precio de salida de 300 millones.
La Almoraima SA, la empresa de capital público que gestiona las 14.113,1 hectáreas de la finca, ya ha presentado sus últimas cuentas anuales en el Registro Mercantil, las correspondientes a 2013. El latifundio, cuya actividad principal es la explotación del corcho, vuelve a tener beneficios: 811.203,22 euros. Pero esta sociedad del Ministerio de Medio Ambiente sale de los números rojos gracias exclusivamente a una subvención de 2,34 millones que el Estado le concedió para gastos corrientes cuando el proceso de privatización estaba ya abierto.
La ayuda otorgada es enorme si se compara con los números de la empresa. Esa subvención equivale a la cifra de negocios de la sociedad, cuyo único accionista es el Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Este ente público, dependiente a su vez del ministerio, es el que concede la subvención extraordinaria de 2,34 millones que ha permitido que La Almoraima presente una cuenta de resultados aparentemente saneada.
"Los beneficios se deben a la subvención, si no habría pérdidas", reconoce Isabel Ugalde, directora gerente de La Almoraima SA. Fuentes conocedoras de la gestión de este latifundio —que fue expropiado al grupo Ruiz-Mateos en 1983— sostienen que la sociedad nunca había recibido una subvención del Estado de tal calibre ni para un fin tan genérico como el de sufragar los gastos de funcionamiento. "Se daban subvenciones para una inversión concreta en el monte o para un vehículo, y nunca de esa cantidad", afirman.
Las últimas cuentas de la sociedad fueron aprobadas el 25 de marzo de 2014 por su consejo de administración, que está presidido por la directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal del ministerio, Begoña Nieto Gilarte. Pero no han pasado el análisis de la auditora Deloitte, encargada de fiscalizarlas. Los problemas se centran, precisamente, en la subvención de 2,34 millones. En la "salvedad" que la auditora introduce en su informe se apunta a que la sociedad, en verdad, tendría que haber declarado en 2013 unas pérdidas que rondarían el millón y medio, una cifra superior a las pérdidas de 2012, que fueron de 1,2 millones.
Deloitte considera que la empresa ha contabilizado de forma incorrecta esa transferencia del Estado. "Debería haberse registrado directamente en el epígrafe fondos propios del balance adjunto, en lugar de como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias", se afirma en el informe. En definitiva, que a la cuenta de resultados deben restársele esos 2,34 millones, con lo que se deberían haber declarado pérdidas de un millón y medio y no ganancias.
Que una auditora incluya una salvedad en el informe de los resultados de una empresa no es habitual. EL PAÍS ha revisado las cuentas de La Almoraima SA de la última década depositadas en el registro y Deloitte no había reflejado reparo alguno hasta ahora. Ugalde sostiene que este problema se solventará en las cuentas de 2014, donde se imputará en el lugar correcto la subvención. "La salvedad no tiene importancia porque no tiene impacto patrimonial", añade. Es decir, que el dinero, aunque computado mal, sí habría entrado en la empresa.
No está claro quién será el que corrija las cuentas de este ejercicio. Si se cumplen los planes del Gobierno, la finca será vendida después de haber recibido esos 2,34 millones de subvención.
Ugalde —que fue puesta al frente de la finca por el exministro Miguel Arias Cañete en marzo de 2012— sostiene que cuando llegó encontró "una contabilidad creativa" y que ahora hay "una empresa saneada". La Almoraima SA era un latifundio público que daba beneficios: entre 1993 y 2007 los tuvo todos los ejercicios salvo uno.
La millonaria subvención estatal se habría empleado ahora, según la directora gerente, para "paliar pérdidas", "gastos de personal", "pago a proveedores" y "gastos corrientes". También para una "reestructuración de personal". Doce trabajadores (dos fijos y 10 discontinuos) salieron de la empresa en 2013. La plantilla en 2012 era de 99 empleados. Es decir, el que compre el latifundio —si se cumplen los planes del Estado— se encontrará una plantilla un 12% más delgada. "No descarto que más trabajadores me pidan salir", añade Ugalde.
Pero ese hipotético comprador también se encontrará con menos vacas (la ganadería es otra de las actividades productivas de la finca). En el último informe de gestión de La Almoraima SA presentado por la sociedad se reconocen "pérdidas por regularización de existencias de vacuno y ovino". "En el recuento faltaban 264 vacas", se añade. Esto supone una reducción de más del 20% de la cabaña vacuna de la finca. Ugalde dice que se debe a la actualización de los censos, aunque fuentes que conocen las entrañas del latifundio especulan con un cambio en la forma de gestionar este ganado, que ahora transita libre por la enorme finca.
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La sociedad demanda a la Junta ante el TSJA
Para hacer más atractiva la venta de La Almoraima —el exministro Miguel Arias Cañete llegó a hablar de un precio de salida de 300 millones—, la dirección de la sociedad tramitó un plan de usos que permitiría levantar un complejo turístico de lujo en la zona de la finca que no está dentro del Parque Natural de Los Alcornocales. Pero el Ayuntamiento de Castellar (donde está el latifundio) lo ha archivado. Además, la Junta ha empezado a tramitar una ampliación del parque que incluye el 100% de la finca, con lo que nunca se podría levantar allí un hotel, campos de golf o un aeropuerto como se pretendía. La directora de La Almoraima, Isabel Ugalde, ha recurrido esa ampliación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Entiende que la Junta habría comenzado el proceso sin tener lista toda la documentación necesaria.
La otra opción que barajaba la Junta —que se opone a la privatización— está más en el aire. La Consejería de Medio Ambiente estudia declarar como “monte público demanial” la finca, lo que le convertiría en inalienable. Pero la estructura de la empresa —una sociedad anónima cuyo accionista único es el Estado— hace complicado este paso, reconocen fuentes de la consejería.
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