La Almoraima o hasta dónde puede llegar el bloqueo entre la Junta de Andalucía del PSOE y el Gobierno del PP

Propuesta de ampliación del PN de los Alcornocales.

Leído en Europa Sur. Por su interés reproducimos esta noticia.
Política y paisaje
El latifundio de La Almoraima escenifica hasta dónde puede llegar el bloqueo entre administraciones
Pedro Ingelmo
En poco más de dos semanas ha sucedido lo siguiente. El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha anunciado la salida a subasta del mayor latifundio de Andalucía, La Almoraima (14.100 hectáreas, la mayoría de ellas de alcornoque, un inmenso bosque de corcho con gran valor cinegético), por 300 millones de euros, una cantidad que sale de la posibilidad de desarrollar junto al parque natural un complejo turístico; la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano (PSOE), ha afirmado que la Junta ampliará a los campos de algodones que lindan con el bosque la protección que da la categoría de parque natural para evitar que allí se desarrolle ese proyecto de ocio de lujo para millonarios; y el alcalde de Castellar, Juan Casanova (IU), ha negado el cambio de uso para la zona que queda fuera del parque y que podía hacer atractiva a inversores extranjeros la adquisición de la finca. Todos los colores presentes, rota la baraja.

Cada uno de los actores bloquea al otro. El Estado es el propietario y las administraciones autonómica y local impiden con las armas de sus competencias la privatización del terreno o, al menos, una privatización suculenta que generaría decenas de puestos de trabajo; la Administración autonómica quiere gestionar la finca "en verde", lo que generaría decenas de puestos de trabajo, para lo que sugiere que el Estado se la regale y el Estado le dice que si quiere gestionar en verde que compre la finca, que aquí no se regala nada, mientras la administración local se sonríe ante el desastre de no-gestión de la mucho más pequeña finca (300 hectáreas) de Majarambu, colindante con La Almoraima, propiedad de la Junta y que, curiosamente, la Junta quiso subastar, al igual que el Estado La Almoraima, hace dos años; y, por último, la Administración local ve desbaratada la posibilidad de instalar una central de generación de biomasa con arboleda energética, que generaría decenas de puestos de trabajo, porque el Estado, como es sabido, no quiere ni oír hablar de energías limpias, y la Administración autonómica, como está visto, no gestionará la finca.

Ahora mismo La Almoraima le supone al Estado (o eso le supuso en 2012) unas pérdidas superiores al millón de euros. La teoría del Ayuntamiento de Castellar, en boca de Juan Casanova, es que es un déficit inducido: "Es muy fácil decir que el paciente se está muriendo cuando eres tú el que lo estás matando". Es decir, según Casanova, La Almoraima puede ser rentable pero el Estado no quiere que lo sea. Isabel Ugalde, gerente de La Almoraima, veterana gestora y ex diputada popular en los años 90, está de acuerdo con lo primero, pero no con lo segundo: se puede hacer que La Almoraima no pierda dinero, pero hay que enjugar una mala gestión anterior. Es más, asegura que hay un plan B para que, en el caso de que no haya venta, las pérdidas del latifundio dejen de ser sufragadas por el contribuyente. La Junta, por su parte, quiere regresar a eso que Ugalde considera una "pésima gestión". El antecesor de Ugalde fue un técnico, Emilio Romero, que utilizó La Almoraima para que se pudieran acometer investigaciones que detuvieran un cáncer en el bosque mediterráneo, la Seca, que mata fulminantemente a los alcornoques y las encinas por causas que aún se desconocen. Para Romero, La Almoraima podía ser un magnífico campo de experimentación medioambiental. El balance de la gestión socialista fue que La Almoraima se gobernó de manera impecable desde el punto de vista científico, pero de forma muy mejorable desde el punto de vista económico.

Pero eso es pasado, igual que lo es que esta inmensa finca se convirtiera de rebote en una propiedad pública. Los orígenes de este alcornocal nos llevan a su nombre árabe, que significa pago de multas, para luego pasar a los duques de Medinaceli durante siglos como botín de guerra. Hasta después de la Guerra Civil, con la creación de una compañía exportadora de corcho, la finca no tuvo una explotación empresarial. A principios de la década de los 70, José María Ruiz-Mateos se dio el gusto de comprárselo a los aristócratas, inaugurando una época que los viejos de Castellar recuerdan como dorada porque hubo mucho trabajo, aunque estuviera mal pagado y con jornadas de sol a sol. En 1983 Miguel Boyer expropia Rumasa sin saber que eso suponía, además de todo lo que supuso, que el Estado se convertiría en latifundista. Encargó a Price Waterhouse que realizara una valoración de la finca y la consultora la tasó en 9 millones (1.500 millones de pesetas de entonces). Posteriormente, Ruiz-Mateos contrató a otra empresa, Gesvalt, para la tasación. Gesvalt dijo que valía 309 millones. Curiosamente, lo mismo que piensa Arias Cañete.

En estos 30 años, la historia se ha repetido un par de veces. Si la gestión era del PP, la Junta exigía que pasara a su competencia (así pasó en 2002) para defender una política medioambiental; si la gestión era del PSOE, el PP denunciaba una mala gestión económica. La novedad ahora es que nunca se había apostado tan fuerte. El Gobierno movió entre los corrillos de fondos de inversión internacional la intención de poner a la venta La Almoraima y la respuesta fue que había interés y mucho. Desde Medio Ambiente creyeron escuchar el precioso sonido de la caja registradora. Debieron suponer que no se lo iban a poner fácil. Arias Cañete, aun así, no se mueve de su posición: La Almoraima se venderá tarde o temprano. Tendrá que negociar o malvender. Mientras, en el castillo de Castellar Viejo, en pleno corazón de La Almoraima, en Castellar Nuevo o en Jimena la gente asiste al pulso con la paciencia que les da el paisaje esperando una nueva temporada de setas. Al fin y al cabo, este bosque nunca les ha proporcionado demasiado trabajo.