El próximo domingo, con salida a las 12.00 horas desde la plaza de Andalucia de Castellar, se inicia una marcha de 3 kilómetros hasta llegar a la finca "Los pozos de Marajambú" para ocuparla revindicando a la Junta de Andalucia su cesión al municipio para que se pueda poner en explotación y crear entre 50 y 60 puestos de trabajo en una población con 450 parados.Convocado por la Alcaldía de Castellar de la Frontera, se invita a la participación en la ocupación de la finca denominada "Pozos de Marajambú" en el término municipal de Castellar de la Frontera.
Dicha finca (245 has) fué parte de lo expropiado hace mas de cuarenta años a una determinada casa ducal (aristocracia vamos) para ponerlas en explotación agrícola previo reparto en parcelas y para la costrucción de Pueblo Nuevo de Castellar.
Esta finca, enormemente fertil, al no ser repartida, pasa a ser propiedad de la Junta de Andalucía y regentada por el IARA. ¿Precioso nombre verdad?, Instituto Andaluz de la Reforma Agraria.
En el año 2007, el Ayuntamiento de Castellar y el IARA, firman un convenio de colaboración para poner en explotación la finca agrícola y ganaderamente, desde un punto de vista ecológico y de sostenibilidad -Ver convenio- .
Hasta ahí todo bien, hasta que el gobierno municipal actual pretende poner en marcha el contenido del convenio y ponerla en explotación para sacar del paro a no menos de 50 personas.
La JUNTA DE ANDALUCIA, se desdice ahora de todo Y PRETENDE SACAR A SUBASTA LA FINCA POR UN VALOR DE SALIDA DE 3.200.000 EUROS.
Es decir, lo que se exporpió a un terrateniente, un gobierno socialista pretende venderlo a otro pero actual, y dejar en la estacada la iniciativa municipal y las expectativas laborales de un montón de personas.
El Ayuntamiento de Castellar pretende que la Junta, o bien se la ceda, o bien se la venda por el justiprecio del valor catastral (228.000 euros) y no entre en especulaciones.
Máxime en este contexto de crisis y con un municipio donde casi 450 personas de 3000 están engrosando las listas del paro.
LA CUESTION TIENE GUASA
Por ello, el Ayuntamiento de Castellar inicia con esta convoctoria de OCUPACION DE LA FINCA EL PROXIMO DOMINGO 18 A LAS 12.00 HORAS, una serie de movilizaciones para recuperar la finca y poner en marcha un ambicioso proyecto, social, sostenible y ecológico que daría un montón de puestos de trabajo.
Adjuntamos varios documentos para que tras su lectura se pueda entender algo mejor el motivo de apoyo de esta justa revindicación.
P.D.
NO hace ni dos meses que la JUNTA DE ANDALUCIA le ha regalado dos millones de euros al campo de golf de Valderrama para la celebración del Andalucía Master.
Adjuntamos nota remitida por el sindicato CGT a los medios de comunicación que puede ser aclaratoria y copia del convenio que en su día firmó el anterior equipo de gobierno municipal con la Junta de Andalucía por el cual se le cedía la finca al Ayuntamiento por 25 años.
Ahora no reconocen el convenio que el PSOE de Castellar ha dejado morir durante cuatro años ya que se firmó en 2007 y la subastan sin mas.
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LA CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO APOYA LA CESION DE LOS POZOS DE MAJARAMBU AL PUEBLO DE CASTELLAR DE LA FRONTERA.
Dicha cesión puede suponer un revulsivo laboral en una localidad con casi 450 parados.
Así de contundente se muestra la federación comarcal de la CGT, ante el infame anuncio de la Junta de Andalucía de proceder a la subasta (al mejor postor) de la finca ubicada en ese término municipal.
Resulta paradójico que dicha finca fuera expropiada en su día a una casa ducal para incorporarse a un proceso de asentamientos agrarios, y que, ahora el mismo partido político que monolíticamente viene gobernando la Junta de Andalucía, impulsor en su día de la creación del Instituto para la Reforma Agraria (IARA), sea el que decida ponerla a la venta en un proceso claramente especulativo.
Con dicha especulación, esta propiedad puede pasar nuevamente a grandes terratenientes o especuladores inmobiliarios del entorno de la cercana Sotogrande.
Más paradójico resulta aun que la propia Junta de Andalucía se desdiga ahora de un convenio firmado en Septiembre de 2007 por el entonces presidente del IARA, Don Tomás Martín Jiménez y el ex alcalde de Castellar Don Francisco Vaca.
Dicho convenio contenía, entre otras tantas finalidades, la de redundar en beneficio del sector agrario establecido en la zona y, de las condiciones sostenibilidad del entorno.
En ese contexto, el objetivo prioritario contemplado en el mismo consiste en poner en marcha una serie de actividades de agricultura y ganadería ecológica en el marco de la sostenibilidad; fines que como manifiesta íntegramente el convenio son “coincidentes con los de la Consejería de Agricultura y Pesca y por ello del IARA”.
Desde CGT por tanto no podemos ni entender ni compartir el comportamiento de la Consejería de Agricultura de desdecirse del convenio manifestando su inexistencia cuando no su desconocimiento y el intento actual de la Junta de Andalucía de poner a la venta dicha finca, con el único objetivo de hacer caja, “dejándose caer” en el entorno especulativo de todos los alrededores de la finca.
No podemos entender tampoco, como esta misma Junta de Andalucía desembolsa sin miramientos dos millones de euros para sufragar en el cercano campo de golf de Valderrama un torneo golfístico y ahora pretende hacer ver que necesita la venta de la finca.
Desde CGT apoyamos abiertamente la iniciativa del Ayuntamiento de Castellar de querer adjudicarse la finca sin que salga a subasta alguna y por el justiprecio del valor catastral.
Y la apoyamos abiertamente por que el único objetivo (especulativo si se quiere) que tiene este Ayuntamiento es la creación, como mínimo, entre 50 y 60 puestos de trabajo con la puesta en marcha de la explotación de las 245 hectáreas de dicha finca.
Esta explotación, bien gestionada de forma social y comunitaria generará puestos de trabajo directos propios de la misma y una serie de trabajadores indirectos como pueden ser los de gestión y dirección, transporte de la mercancía en circuitos de comercialización cortos, el envasado, etc.
Por otro lado, y siguiendo criterios del propio convenio firmado en su día, el cual apoyamos desde CGT por ser bastante novedosos, esta actividad sería capaz de retroalimentarse en tanto en cuanto los ingresos de la explotación servirán para la modernización y mejora de infraestructuras, la dinamización y formación empresarial, elaboración de cursos de formación sobre agricultura y ganadería ecológica…, etc.
Además de lo anterior y teniendo en cuenta las dificultades del mercado agrícola convencional, la existencia de varios centenares de hectáreas agrícolas en el municipio y el alto valor añadido de los productos procedentes de agricultura y ganadería ecológica, la puesta en marcha de este proyecto podría significar un revulsivo para el resto de agricultores que podrían sumarse a la iniciativa.
En este contexto y, teniendo en cuenta además posibles convenios de colaboración del consistorio con la finca La Almoraima S.A., Castellar de la frontera, podría ser el referente en la comarca y en la provincia de la agricultura ecológica, explotando los recursos de forma sostenible y en concordancia con el entorno.
Y de paso ser un ejemplo de creación de empleo estable, sostenible y de calidad laboral frente a las políticas del ladrillo y de la especulación inmobiliaria que han castigado y sumido en el paro a cientos de trabajadores y trabajadoras.
CGT apoya sin fisuras al Ayuntamiento de Castellar y colaborará con éste en cuantas movilizaciones decidan llevarse a cabo en el caso de que la Consejería de Agricultura siga adelante con sus planes especulativos de venta de la finca.
Dicha cesión puede suponer un revulsivo laboral en una localidad con casi 450 parados.
Así de contundente se muestra la federación comarcal de la CGT, ante el infame anuncio de la Junta de Andalucía de proceder a la subasta (al mejor postor) de la finca ubicada en ese término municipal.
Resulta paradójico que dicha finca fuera expropiada en su día a una casa ducal para incorporarse a un proceso de asentamientos agrarios, y que, ahora el mismo partido político que monolíticamente viene gobernando la Junta de Andalucía, impulsor en su día de la creación del Instituto para la Reforma Agraria (IARA), sea el que decida ponerla a la venta en un proceso claramente especulativo.
Con dicha especulación, esta propiedad puede pasar nuevamente a grandes terratenientes o especuladores inmobiliarios del entorno de la cercana Sotogrande.
Más paradójico resulta aun que la propia Junta de Andalucía se desdiga ahora de un convenio firmado en Septiembre de 2007 por el entonces presidente del IARA, Don Tomás Martín Jiménez y el ex alcalde de Castellar Don Francisco Vaca.
Dicho convenio contenía, entre otras tantas finalidades, la de redundar en beneficio del sector agrario establecido en la zona y, de las condiciones sostenibilidad del entorno.
En ese contexto, el objetivo prioritario contemplado en el mismo consiste en poner en marcha una serie de actividades de agricultura y ganadería ecológica en el marco de la sostenibilidad; fines que como manifiesta íntegramente el convenio son “coincidentes con los de la Consejería de Agricultura y Pesca y por ello del IARA”.
Desde CGT por tanto no podemos ni entender ni compartir el comportamiento de la Consejería de Agricultura de desdecirse del convenio manifestando su inexistencia cuando no su desconocimiento y el intento actual de la Junta de Andalucía de poner a la venta dicha finca, con el único objetivo de hacer caja, “dejándose caer” en el entorno especulativo de todos los alrededores de la finca.
No podemos entender tampoco, como esta misma Junta de Andalucía desembolsa sin miramientos dos millones de euros para sufragar en el cercano campo de golf de Valderrama un torneo golfístico y ahora pretende hacer ver que necesita la venta de la finca.
Desde CGT apoyamos abiertamente la iniciativa del Ayuntamiento de Castellar de querer adjudicarse la finca sin que salga a subasta alguna y por el justiprecio del valor catastral.
Y la apoyamos abiertamente por que el único objetivo (especulativo si se quiere) que tiene este Ayuntamiento es la creación, como mínimo, entre 50 y 60 puestos de trabajo con la puesta en marcha de la explotación de las 245 hectáreas de dicha finca.
Esta explotación, bien gestionada de forma social y comunitaria generará puestos de trabajo directos propios de la misma y una serie de trabajadores indirectos como pueden ser los de gestión y dirección, transporte de la mercancía en circuitos de comercialización cortos, el envasado, etc.
Por otro lado, y siguiendo criterios del propio convenio firmado en su día, el cual apoyamos desde CGT por ser bastante novedosos, esta actividad sería capaz de retroalimentarse en tanto en cuanto los ingresos de la explotación servirán para la modernización y mejora de infraestructuras, la dinamización y formación empresarial, elaboración de cursos de formación sobre agricultura y ganadería ecológica…, etc.
Además de lo anterior y teniendo en cuenta las dificultades del mercado agrícola convencional, la existencia de varios centenares de hectáreas agrícolas en el municipio y el alto valor añadido de los productos procedentes de agricultura y ganadería ecológica, la puesta en marcha de este proyecto podría significar un revulsivo para el resto de agricultores que podrían sumarse a la iniciativa.
En este contexto y, teniendo en cuenta además posibles convenios de colaboración del consistorio con la finca La Almoraima S.A., Castellar de la frontera, podría ser el referente en la comarca y en la provincia de la agricultura ecológica, explotando los recursos de forma sostenible y en concordancia con el entorno.
Y de paso ser un ejemplo de creación de empleo estable, sostenible y de calidad laboral frente a las políticas del ladrillo y de la especulación inmobiliaria que han castigado y sumido en el paro a cientos de trabajadores y trabajadoras.
CGT apoya sin fisuras al Ayuntamiento de Castellar y colaborará con éste en cuantas movilizaciones decidan llevarse a cabo en el caso de que la Consejería de Agricultura siga adelante con sus planes especulativos de venta de la finca.
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