LA princesa Ana de Inglaterra aterrizó ayer por la tarde en Gibraltar en medio de una tempestad de viento y lluvia que afectaba a toda la Bahía de Algeciras. Pero el incidente climatológico ya había estado precedido de una borrasca política respecto a la oportunidad de la visita de este miembro de la Casa Real británica, en la que tiene previsto conocer un nuevo hospital militar que lleva su nombre y unas viviendas de protección oficial, entre otros actos oficiales y privados.
El propio Ejecutivo español elevó una protesta formal por el viaje de la princesa, quien ya fue protagonista de otra visita oficial al Peñón durante el año 2004, en aquellas fechas con motivo de la celebración del tricentenario de la ocupación británica de Gibraltar. Antes de la queja diplomática se alzaron voces de protesta de representantes de la soberanía nacional española, tanto en las filas del PSOE, la del senador José Carracao, como en las del PP, la del diputado José Ignacio Landaluce. La postura común de los parlamentarios, pese a ser adversarios y defensores de políticas dispares respecto a Gibraltar, pone ya de manifiesto que la visita genera un gran malestar. Y no sólo por el anacronismo de que un miembro de la Unión Europa, Reino Unido, siga manteniendo una colonia en el suelo de otro miembro, España, sino porque las relaciones entre ambos países respecto a la colonia y con el propio Ejecutivo de la Roca no pasan por su mejor momento. El Foro de Diálogo se encuentra en una fase de estancamiento, con varios de los acuerdos que son beneficiosos para España sin cumplir. Además, el Ejecutivo local de Gibraltar parece querer aprovechar el instrumento del Foro como excusa para ningunear a sus homólogos españoles en la zona -los ayuntamientos y la Mancomunidad del Campo de Gibraltar- e incluso a los representantes del Estado, caso del nuevo Delegado Especial para el Campo de Gibraltar, al que Peter Caruana no se ha dignado a recibir pese a llevar nombrado casi un semestre. En este contexto, la llegada de la princesa Ana a la colonia es claramente inoportuna e innecesaria y sólo conduce a demostrar una falta de sensibilidad por parte de las autoridades británicas y gibraltareñas respecto a la histórica reclamación española de recuperación de la soberanía del Peñón.
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