El alcalde de Jimena pide a la alcaldesa de Tesorillo que paralice su gestión urbanística

Leído en el diario Europa Sur. Por su interés reproducimos esta noticia.

ALBERTO RODRÍGUEZ

El Ayuntamiento de Jimena ha remitido un requerimiento oficial a la Entidad Local Autónoma (ELA) de San Martín del Tesorillo para paralizar la resolución y concesión de expedientes urbanísticos por parte de la Alcaldía tesorillera.
El documento, remitido ayer vía burofax a la alcaldesa de Tesorillo, Belén Jarillo (PP), es un paso previo a la retirada de competencias urbanísticas que deja constancia documental de la disconformidad del Ayuntamiento matriz con la gestión urbanística tesorillera, a la que pide formalmente que paralice la ejecución de convenios y trámites administrativos por parte de la ELA.
El regidor jimenato, Ildefonso Gómez, explicó que la recuperación de las competencias no es la actuación más aconsejable "en un momento de marea política que será aprovechada por el PP y el Partido Andalucista, cuyas varas de medir son distintas en Tesorillo y Jimena donde quieren ver ilegalidades como las gestionadas desde la ELA". Esta situación se motiva, según el alcalde, tras constatarse varias cuestiones de orden urbanístico que, apuntó, necesitan ser aclaradas por tener visos de considerarse irregulares.
Es el caso de una promoción de viviendas en la calle Real, construidas por la sociedad Cuartel del Tesorillo, participada al cien por cien por Solabama SA, radicada en Marbella (Málaga). El alcalde pide a Belén Jarillo que no otorgue la licencia de primera ocupación a las viviendas –paso previo para escriturar– porque tienen constancia de que el proyecto resultó rechazado por el Servicio de Atención a Municipios de Olvera. "Esto provocaría que, por ejemplo, los compradores no puedan contratar el servicio eléctrico, ya que Sevillana Endesa no tendrá permiso para instalar la infraestructura necesaria. Hemos tenido conocimiento de la prisa por parte del promotor de esta obra por escriturar las viviendas antes de que el Ayuntamiento matriz recupere las competencias", comentó Gómez. Así mismo, desde el Consistorio se ha advertido de esta situación a los compradores para que actúen en consecuencia, según sus criterios. "Hay que impugnar la licencia de obras, unos trámites que son largos. Mientras tanto, se requiere que no se de la licencia hasta contar con la seguridad de que todo está en orden", apuntó Gómez.
Con el requerimiento, el Consistorio pretende cubrir la responsabilidad jurídica y personal de la Alcaldía de Jimena, ante la posibilidad de ser llamada por la Fiscalía "ante los desmanes cometidos en Tesorillo y salvaguardar la seguridad jurídica de los compradores en el caso de la calle Real", puntualizó el primer edil.
El requerimiento también pretende que la sociedad que edifica las viviendas de la calle Larga, donde se han detectado movimientos de tierra por exceso de edificación, garantice el pago de todos los gastos derivados de los defectos a los vecinos.
Por su parte, la alcaldesa de Tesorillo manifestó no haber recibido aún el documento, así como que todas las actuaciones emprendidas desde su Alcaldía se encuentran dentro de la legalidad. "El alcalde no es el mejor espejo en el que mirarse –apuntó– ya que entiendo que quiere retirar las competencias hasta alcanzar la alcaldía en Tesorillo, cuando las devolverá porque quiere manejar la situación a su antojo", criticó. Jarillo dijo que el requerimiento creará incertidumbre entre los compradores de la promoción de viviendas de la calle Real, y aseguró que todos los permisos están en regla, así como la posibilidad de contratar el servicio eléctrico. "Sevillana entiende que sí hay permiso para ello", replicó.
Respecto a la problemática de la calle Larga, la alcaldesa garantizó que la empresa constructora –Grupo TTV– correrá con todos los gastos derivados del desalojo de los vecinos y la reparación de las veinte casas colindantes afectadas por el corrimiento de tierras, a los que ha trasladado esta situación.

Tesorillo por la segregación del municipio de Jimena

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La Entidad Local Autónoma de San Martín del Tesorillo ha convoca de nuevo a la Mesa de Trabajo, constituida por su alcaldesa, Belén Jarillo, para la segregación de Jimena. La sesión se celebra hoy (20,30) y en ella se dará a conocer el informe sobre certificados emitido por la Diputación de Cádiz.
En reiteradas ocasiones, Jarillo ha solicitado, tanto al Ayuntamiento de Jimena como a la Diputación, los informes y certificados necesarios para elaborar el expediente de segregación. Hasta el momento, subraya, la respuesta había sido nula. El pasado día 12 de junio fue presentada en Diputación una nueva solicitud de certificados, cuya respuesta, asegura, ha sido "más que desesperanzadora".
En el informe remitido se comunica textualmente que "algunos de los datos solicitados obran en el documento denominado Estudio justificativo de la conveniencia de constitución de la Entidad Local Autónoma de San Martín del Tesorillo, que elaboró el Servicio de Asistencia a Municipios en 1994 y que se remitió al Ayuntamiento de Jimena. Éste en su día dijo que no puede emitirse certificado por no tratarse de un documento propio…".
La Mesa destaca que hasta el momento el alcalde de Jimena, Ildefonso Gómez, ha hecho caso omiso de las peticiones. "No quiere la segregación de El Tesorillo porque es su gallina de los huevos de oro. Por eso nos amenaza con quitarnos competencias", agrega.

Medio Ambiente mejorará la gestión del agua en el Campo de Gibrartar

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EUROPA PRESS

La Consejería de Medio Ambiente, a través de la Agencia Andaluza del Agua, anunció hoy que impulsará actuaciones hídricas de mejora en el Campo de Gibraltar a través de un convenio que prevé suscribir próximamente con los municipios de esta comarca, siendo una de las estrategias fundamentales de la Consejería para implantar una nueva política de aguas que ponga el acento en la gestión, la defensa del medio ambiente andaluz y la calidad de los servicios.
En un comunicado de prensa remitido a Europa Press, la Junta señaló que entre los proyectos a incluir en el convenio con el Campo de Gibraltar se encuentra la adecuación de las conducciones generales de suministro, una intervención que permitirá la reposición de las actuales canalizaciones para garantizar el suministro a la comarca gaditana.
En este sentido, el director general de la Cuenca Mediterránea Andaluza, Antonio Rodríguez, resaltó que se trata de una actuación «prioritaria» debido al estado de las conducciones actuales, que abastecen a los municipios e industrias situados en el arco de la Bahía de Algeciras y que se pusieron en servicio a finales de los años 60.
El proyecto, que ya se encuentra redactado, tiene un presupuesto base de licitación superior a los 24 millones de euros, según ha indicó Rodríguez, que se reunió con el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Juan Montesdeoca, destacando la «buena disposición de ambos organismos para trabajar en las mejoras hídricas que afectan a la zona».
El sistema de distribución de caudal de agua potable en alta a los municipios de Algeciras, La Línea, San Roque y Los Barrios está compuesto actualmente por un doble ramal hacia el este y otro hacia el oeste de la Bahía, con una longitud aproximada de 40 kilómetros de conducciones. El objetivo de la Agencia Andaluza del Agua es ejecutar dos nuevos ramales paralelos a los actuales que partan de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de El Cañuelo con destino a San Roque-La Línea y a Los Barrios-Algeciras para garantizar el suministro y para aumentar la capacidad de transporte actual.

El alcalde de Jimena no quiere construir en La Casita de Tesorilo

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El alcalde, Ildefonso Gómez, contestó ayer a los propietarios de La Casita de Tesorillo, que habían manifestado su disconformidad con la posibilidad de una expropiación, asegurando que está abierto al diálogo.
"Una vez que se recuperen las competencias urbanísticas en la localidad, se podrá dialogar al respecto partiendo de la base que en la zona donde se ubica La Casita de Campo no se podrá construir", subrayó.
El alcalde sugiere la búsqueda de otras alternativas para evitar así la destrucción de otra de las zonas emblemáticas de Tesorillo como ya ha sucedido con la calle Real y otras en las que se han realizado construcciones ilegales.
Gómez explica que, en lo que respecta a la situación concreta del Tesorillo, ésta plantea la necesidad de disponer de una gran zona libre de vehículos para el esparcimiento de sus habitantes, tal y como lo demandan vecinos y asociaciones y ha anunciado que se trabajará en esta línea. El primer edil se mostró sorprendido ante la postura de los propietarios, de los que dijo, se han posicionado en favor de un partido "que no respeta al Tesorillo".

Los dueños de La Casita de Tesorillo aseguran estar en el centro de una lucha política

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Los propietarios de La Casita de Tesorillo aseguran estar en medio de una lucha política ante el anuncio del alcalde, Ildefonso Gómez, de querer expropiar la finca para evitar la edificación de viviendas en dicho sector urbanístico programadas desde la Alcaldía del Tesorillo.
José Escobar, hijo de uno de los dueños, subrayó ante este diario que fue el PSOE en pleno quien fijó el nivel de edificabilidad del sector donde se encuentra La Casita y por el que ahora están obligados a edificar. "Por no construir nos querían expropiar, ahora que hay que hacerlo, también", apuntó.
Escobar señaló que desde la ELA de Tesorillo se propuso rebajar la edificabilidad al 50 por ciento, compensándose a la familia con una cesión de terrenos en otros sectores del municipio. En virtud de este acuerdo –aprobado por la ELA y supervisado por el Servicio de Atención a Municipios de Olvera, a falta de ratificación– se contempla entregar a Tesorillo La Casita, los jardines y 180.000 euros para su restauración. "Todo ello ha sido puesto en conocimiento de la alcaldía matriz, sin respuesta, desde febrero de 2005 en varias reuniones. Parece ser que obtener La Casita es la llave para ganar las elecciones y pretenden adjudicársela a toda costa, si bien su expropiación ya fue rechazda una vez por el TJSA ", concluyó.

Cumbre histórica sobre el Peñón de Gibraltar en Córdoba

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EVA REYES

Los Gobiernos de España, el Reino Unido y Gibraltar sellaron ayer en Córdoba un paquete histórico de acuerdos en el transcurso de la primera cumbre ministerial del foro tripartito de diálogo sobre el Peñón. Los acuerdos sobre el aeropuerto, las pensiones, las telecomunicaciones y el paso fronterizo han quedado plasmados en una declaración conjunta que posee dos anexos, uno sobre el uso conjunto del aeródromo y otro sobre la revalorización de las prestaciones.
Tras un largo encuentro en el Palacio de Viana de la capital cordobesa, el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, el ministro para Europa del Foreign Office, Geoff Hoon, y el ministro principal, Peter Caruana, comparecieron en rueda de prensa pero apenas ofrecieron detalles del acuerdo. Su contenido fue trasladado a la prensa a través de un comunicado y un briefing a cargo del director general de Política Exterior para Europa, José Pons, interlocutor español en el proceso, el domingo por la noche. Las tres delegaciones estuvieron reunidas durante la jornada del domingo.
El paquete de medidas se compone de cuatro acuerdos y la apertura de un instituto Cervantes en Gibraltar, que fue solicitada por el Gobierno español y bien acogida por las autoridades gibraltareñas. Tras su apertura, el instituto se convertirá en la primera institución oficial española en el Peñón tras el cierre del consulado el 10 de mayo de 1954.
En el tema del aeropuerto, en el que ha sido necesario superar las dificultades relacionadas con la controversia en torno al istmo -terreno sobre el que se asienta el aeródromo- y su carácter militar, las tres partes, que mantienen inamovibles sus posiciones jurídicas, han acordado la construcción de una única terminal contigua al lado sur de la Verja y con acceso directo desde La Línea de la Concepción. La gestión comercial corresponderá a España y Gibraltar a través de una empresa conjunta.
La declaración sobre el aeropuerto, que sustituye a la del 2 de diciembre de 1987 y levanta por tanto la suspensión en Gibraltar de las directrices de la Unión Europea en materia de aviación, exime de control alguno a los pasajeros que vayan de un aeropuerto español al Peñón y luego de nuevo a España; será igual en sentido contrario. En el caso de los pasajeros que tomen el vuelo directamente desde Gibraltar sin pasar antes por España, éstos deberán atravesar un control español de inmigración a cargo del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Para evitar la presencia de policías o aduaneros españoles en suelo gibraltareño, ese control se ejercerá en una primera planta que quedaría suspendida sobre territorio nacional. El Gobierno del Peñón construirá la terminal en un plazo aproximado de dos años mientras que España realizará, dentro del mismo periodo, las obras necesarias en el lado norte de la Verja.
De igual forma, será necesario encontrar una solución técnica adecuada y aceptable para el Gobierno de Gibraltar que incluya la construcción de un túnel en el extremo oriental del aeropuerto, con el fin de evitar el tráfico de vehículos que atraviesa la pista y una congestión aún mayor con el aumento del número de vuelos.
En lo que respecta al problema de los pensionistas españoles ex trabajadores de Gibraltar, el Reino Unido abonará a todos los pensionistas vivos o a sus viudas una cantidad equivalente a los retrasos desde 1989. El primer plazo se pagará en abril de 2007 y el segundo un año después. La cuantía total ascenderá, de forma orientativa, a unos 6.200 euros de media por afectado.
La aceptación del acuerdo por parte del pensionista será voluntaria e individual. En el caso de aceptar, tendrá que abandonar el sistema de pensiones de Gibraltar y pasar a depender de un fondo de pensiones británico. En consecuencia, tendrá derecho a los pagos futuros de un plan no contributivo que el Reino Unido creará y financiará a tal efecto. Este plan llevará a cabo pagos equivalentes a las anteriores pensiones del sistema gibraltareño pero incrementados hasta el importe que correspondería si las prestaciones no hubieran sido congeladas en 1989.
En el caso de que el pensionista opte por no adherirse al nuevo sistema, no recibirá los atrasos y permanecerá con su pensión congelada. Si el pensionista ha aceptado formalmente la oferta pero fallece antes de que se materialice el pago, sus herederos recibirán la cantidad a tanto alzado pero no los pagos futuros. Los herederos o los familiares de cualquier otro pensionista español afectado no tendrán derecho a reclamar ni la cantidad a tanto alzado ni los pagos posteriores.
El Gobierno de Gibraltar se dirigirá por escrito a los ex trabajadores en el plazo de un mes y el Reino Unido hará lo propio durante los próximos tres meses con una oferta individual. El afectado tendrá dos meses para contestar a esa oferta.
En cuanto al paso fronterizo, el Gobierno español, a través de la Agencia de Administración Tributaria, terminará este año las obras de mejora de sus instalaciones y las de la Guardia Civil. Cuando finalicen los trabajos, el acceso se realizará en régimen de doble carril en ambas direcciones y adoptará el sistema de canales rojos y verdes para personas y vehículos.
En materia de telecomunicaciones, España aceptará el código 350 para Gibraltar, una medida que entrará en vigor en un plazo de cuatro meses. A partir de entonces, los 30.000 números reservados por España para el acceso a la red de Gibraltar quedarán disponibles para su reasignación en territorio español. En esta decisión ha influido mucho la liberalización del mercado de las telecomunicaciones en el Peñón, que ya está abierto a cualquier operador del mundo. Por otro lado, España hará todo lo posible para que las llamadas desde Andalucía a Gibraltar sean consideradas como llamadas nacionales y no internacionales. Además, los Gobiernos solicitarán a sus respectivos operadores que lleguen a los oportunos acuerdos comerciales para propiciar que un teléfono adquirido en Gibraltar pueda también ser utilizado en España. El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, que tuvo un recuerdo para el ex jefe de la diplomacia británica, Jack Straw, con el que inició este nuevo proceso a finales de diciembre de 2004, afirmó que el foro ha dado un paso positivo que, sin embargo, no quiso calificar de histórico. "Será la Historia la que decida si lo es o no", puntualizó. Destacó el compromiso de las tres partes con el diálogo y que los acuerdos alcanzados beneficiarán sobre todo "a los ciudadanos de Gibraltar y de la comarca, que han sido siempre los grandes perjudicados". Por otro lado, Moratinos señaló que era necesario que el Peñón dejara de ser "un irritante" de las relaciones hispanobritánicas e hizo hincapié en el primer logro de este foro, el compromiso por escrito del Reino Unido de que el caso del submarino nuclear Tireless no volverá a repetirse. Añadió que el proceso tendrá continuidad y que una nueva cumbre ministerial tendrá lugar a finales de este año o principios del próximo.

La venta del corcho da al ayuntamiento algo más de 100.000 euros

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MARÍA E. SELVA

La venta de corcho ha supuesto unos ingresos de un total de 228.139'09 euros, según informaron desde el Ayuntamiento del municipio de Jimena. En concreto el alcalde, Ildefonso Gómez destacó que lo que más pesa a la gente es cómo se ha vendido el material. Ya que según afirmó se ha ha efectuado la venta a 80 euros el quintal métrico de corcho. Asimismo Ildefonso Gómez apuntó que tal y como está la situación, en un momento tan pujante, el Ayuntamiento ha vendido el corcho este año a "muy buen precio" para las personas interesadas en este material, según resaltó el alcalde.
Los pagos que se han efectuado a la empresa Egmasa S.A., por el desarrollo de la gestión han sido de 96.446'49 euros, por otro lado la aportación al fondo de mejoras ha contado con un total de 16.104'27 euros, y la Junta de Andalucía ha aportado el 15 por ciento. Y finalmente la liquidación de dinero a favor del Ayuntamiento de Jimena ha sido de 109.093'9 euros, según los datos vertidos desde el Consistorio de Jimena.
Asimismo, Ildefonso comentó que el año anterior no se descorchó por la "seca" que hubo en la zona, además de sumar a ello el mal momento comercial que estaba sufriendo la actividad referida al descorche de árboles. Por esta "seca", anteriormente citada, el Ayuntamiento iba a tener problemas, tal y como expresó el alcalde, ya que el corcho iba a ser de peor calidad, y a eso habría que añadir las dificultades que tendrían al quitarlo del árbol, ya que las condiciones de ese año habían provocado un deterioro en el material considerable. No obstante, este año no ha existido esa problemática, ya que como llovió en primavera se ha realizado la "saca" del corcho con total normalidad.
La cuadrilla para descorchar los árboles pertenecía al municipio, según informó Ildefonso Gómez, los cuales conformaban un total de quince personas, los cuales han contado con un dinero que ya se ha pagado, según dijo el alcalde.