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IU y PSOE apelan al uso tradicional de la finca mientras que el PP rechaza que se geste un 'pelotazo'
A. R.
El Pleno del Parlamento de Andalucía aprobó ayer una Proposición No de Ley del PSOE e IU en la que se insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a reclamar nuevamente al Gobierno central la cesión de competencias para la gestión y explotación de la finca estatal La Almoraima, en Castellar de la Frontera. IU y PSOE apelan al uso tradicional de la finca mientras que el PP rechaza que se geste un 'pelotazo'
A. R.
La propuesta, que salió adelante con 56 votos a favor -de PSOE e IU- y 46 en contra -del PP-, también propone el traspaso de la titularidad del latifundio de Castellar con cargo a la deuda contraída por el Estado con Andalucía por el incumplimiento del Estatuto de Autonomía. La proposición demanda además la apertura de una línea de colaboración institucional con el Gobierno central, "que ayude a la materialización de un plan de usos para la finca que favorezca el desarrollo de actividades y la diversificación productiva, facilitando la transformación de los productos agrícolas y forestales de la zona, la agricultura ecológica o el turismo sostenible".
La primera intervención del debate correspondió a Inmaculada Nieto (IU), quien reclamó en sus dos turnos al PP que apostase por la generación de empleo en la finca sin comprometer su equilibrio medioambiental y apeló al consenso existente en el Campo de Gibraltar en defensa de la titularidad pública de La Almoraima. "Una Almoraima gestionada con talento permitiría crear más empleo", subrayó. Luego defendió que los vecinos de Castellar desean vivir de los sectores tradicionales, alejados de iniciativas como las previstas en el plan de usos que fue archivado por el Ayuntamiento. "Esperamos que no tengamos que aguantar otro pelotazo de consecuencias irreversibles", concluyó en su segundo turno, una vez conocido que el PP iba a votar en contra.
Por parte del PSOE intervino Francisco Menacho, quien tachó de atropello la decisión de poner la finca a la venta tras haber sido expropiada en 1983 "a los especuladores" y ratificó que la Junta de Andalucía planteó en 1987 un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional para hacerse con la gestión. Así mismo, defendió que la ampliación de los límites del parque natural de Los Alcornocales no se ciñe exclusivamente a La Almoraima, sino que persigue crear un corredor con el litoral andaluz. "¿Por qué pedimos ahora la gestión? Porque se va a privatizar", enfatizó Menacho quien negó que la Junta haya recibido información alguna sobre el plan de usos diseñado para construir un aeródromo y dos campos de golf en las 1.400 hectáreas que, actualmente, están fuera del parque natural.
El parlamentario del PP Jacinto Muñoz defendió que la finca se ha conservado durante siglos en manos privadas y afeó que sólo en 2002 fuera Carmen Romero "visitante privilegiada" quien reclamara el traspaso. Muñoz criticó que la Junta quiera la gestión de las 14.000 hectáreas del latifundio mientras mantiene ociosas 229 de Marajambú. "A lo mejor quieren la cesión para venderla. Todo es posible. Nada me extrañaría", llegó a decir, sustentándolo en el hecho de que el gobierno socialista planificara la extinción de la sociedad pública ya en 2010. "El proyecto que presentamos al Ayuntamiento, subsanable, busca convertir terrenos agrícolas en usos turísticos compatibles con el estado de la finca. No es especulación ni pelotazo", comentó para anunciar su voto en contra.
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