El fiscal de Medio Ambiente pide en Jimena, orden urbanístico en la provincia de Cádiz

Leído en diario Sur. Por su interés reproducimos esta noticia.
Destaca la necesidad de ejecutar las demoliciones de construcciones ilegales decretadas judicialmente para restaurar el entorno natural afectado Ángel Núñez participó en las jornadas organizadas por Agaden en Jimena
La intervención del Fiscal de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio de Cádiz, Angel Núñez, fue una de las intervenciones más destacadas de las II Jornadas 'Medio ambiente es todo', organizadas por Agaden en Jimena. Núñez calificó de «desordenada» la situación urbanística en la provincia.
Según afirmó el fiscal en su conferencia, este «caos urbanístico» se debe a «la dejadez de funciones de los ayuntamientos y a la Administración en general». «Lamentablemente», prosiguió Núñez, «las construcciones ilegales han sido una forma de financiación de los Ayuntamientos en años anteriores».
El ponente subrayó la urgencia de llevar a cabo las demoliciones de las construcciones consideradas ilegales por la autoridad judicial. «No hay que entender aquí la demolición como sanción, sino como una fórmula para restablecer la legalidad urbanística, la restauración del suelo y del medio natural afectado por la construcción», aclaró.
Disuasión
Las demoliciones tienen, según el ponente, el efecto de «eliminar la sensación de impunidad que han tenido hasta la fecha los responsables de las construcciones ilegales». Núñez recordó que recientemente se han demolido edificaciones ilegales en las provincias de Cádiz, Córdoba y Sevilla. Uno de los casos más recientes fue el derribo de la 'Casa del alemán', que había sido construida en el parque natural de Los Alcornocales. El juzgado de lo penal dictó la sentencia tras la intervención de la Fiscal de Medio Ambiente del Campo de Gibraltar, Inmaculada Budiño.
El fiscal gaditano recordó a los ayuntamientos la opción que tienen de demoler las construcciones edificadas ilegalmente en su término municipal que supongan un notorio incumplimiento de la legislación urbanística y de ordenación del territorio.
Los responsables de Agaden han calificado de «valiente, justa y conservacionista»la postura del Fiscal de Medio Ambiente.
«Gracias a su inmejorable labor el medio ambiente de la provincia está más protegido y conservado», afirmaron.
Pilar Téllez, miembro de la Agrupación Mitológica 'Chantarela' dio la segunda charla de la jornada, que trató sobre las setas mas interesantes del parque natural del Los Alcornocales. Posteriormente el Botánico Federico Sánchez, disertó sobre la perdida de Biodiversidad Botánica en al Campo de Gibraltar.
Las jornadas concluirán hoy con actividades como una salida para coger setas en Los Alcornocales y un taller de danzas del mundo. Las exposiciones fotográficicas sobre naturaleza de Fernando Barrios y de José Luis García completan, junto a los conciertos, la programación.

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-El fiscal Ángel Núñez y Juan Terroba, ayer en la jornadas. Foto: TioJimeno Digital-

Leído en el diario Europa Sur. Por su interés reproducimos esta noticia.

El fiscal de Medio Ambiente dice que las regularizaciones generan lobbys
Ángel Núñez estima que los ayuntamientos no se han leído el artículo 183 de la LOUA que permite la demolición de casas ilegales para restablecer el orden, "una competencia meramente sancionadora"

E. Correa
Las Jornadas Medio Ambiente es Todo pusieron especial atención en el urbanismo y sus efectos en el entorno. Con esta intención, Agaden y la Asociación Micológica Chantarella invitaron ayer al fiscal de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial, Ángel Núñez, que analizó en la Casa Verde de Jimena la legislación aplicable ante más de 70 asistentes. Núñez aseguró que el Ministerio Fiscal es muy crítico con los procesos de regularización de las viviendas ilegales.

Sobre la intención del Ayuntamiento de San Roque de acordar con la Junta arreglar el problema en El Albarracín, el fiscal argumentó que esta táctica no resuelve nada. "Es más, se ha convertido en un efecto llamada. Un proceso de regularización si no va acompañado de un ejercicio férreo de la disciplina urbanística no cambia las cosas", precisó.Asimismo, analizó que cuando una regularización se pone en marcha se crean grupos de poder, lobbys, que "luego exigen fondos públicos para los equipamientos. Pero la revalorización del inmueble es íntegra para los propietarios", cuestionó.

A colación, Núñez desveló que la Justicia poco puede hacer. "A mí me han contado que hay alcaldes que le han dicho a la Junta, yo no tiro ninguna casa", reveló. Pero como funcionario judicial lanzó un mensaje positivo: "Vamos avanzando no tanto por sentencias condenatorias sino porque va calando en la sociedad que quien construye ilegalmente realiza un daño a toda la sociedad y al interés general. Esa sensibilidad va en aumento", elogió.

Ante este panorama, el fiscal tachó de fundamental que las autoridades pongan freno. "Creo que el artículo 183 de la LOUA no se lo ha leído ningún ayuntamiento y eso que permite la inmediata demolición de las actuaciones de urbanización o edificación que sean manifiestamente incompatible con la ordenación urbanística, previa audiencia del interesado, en el plazo máximo de un mes", sostuvo.

Núñez vislumbró que pese a las dificultades técnicas para aplicar los delitos urbanísticos, la LOUA posibilita poner cotos. "El artículo 189 posibilita precintar y hasta retirar los materiales. También permite imponer multas coercitivas que llevan al propio individuo a demoler la casa ante la sanción", aclaró. Casos como éste han sucedido en Tarifa y Algeciras recientemente.

El fiscal permitió al público, entre los que había letrados, ecologistas e interesados en general, echar mano de la casuística para cuestionar las incontables casas ilegales que existen en el Campo de Gibraltar.