Leída en el diario Europasur. Por su interés reproducimos esta noticia
Los agentes adscritos a la Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta en Cádiz han interpuesto casi 400 denuncias entre los meses de enero a octubre del presente año. De éstas, 118 están relacionadas con la construcción ilegal, por lo que el 29,5 por ciento del total de las denuncias se hallan vinculadas a obras que carecían de autorización ambiental o que incluso se encontraban en suelos con una protección especial.
Según informó la Junta en un comunicado remitido a Europa Press, la mitad de las obras y construcciones ilegales denunciadas están en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre, franja de territorio litoral cuya gestión es competencia autonómica. Una cuarta parte de estas denuncias están relacionadas con construcciones en espacios naturales protegidos, mientras que el resto se distribuye entre construcciones realizadas en vías pecuarias (15,3 por ciento) y terrenos forestales (9,3 por ciento).
La mayor parte de las obras denunciadas se efectuaron en terrenos fuera de los espacios naturales protegidos (70,3 por ciento), si bien en los parques naturales Los Alcornocales y del Estrecho se concentran 14 expedientes abiertos, en cada uno, por construcciones ilegales y en el parque natural Sierra de Grazalema, cinco denuncias practicadas en los últimos meses.
En cuanto a las zonas más conflictivas de la provincia destacan Tarifa, por el entorno de Bolonia, El Lentiscal, Paloma Baja y Montes de Utilidad Publica; Rota y Chipiona, en su frente litoral; Vejer de la Frontera, en la zona de El Palmar; Chiclana y Puerto Real, localidad esta última donde se viene observando una considerable expansión de la construcción ilegal, seguidos de otros municipios como Alcalá de los Gazules, Algeciras, Barbate o Jimena de la Frontera.
Las actuaciones de los agentes de Medio Ambiente no se limitan únicamente a la redacción de las denuncias, sino que su labor se complementa con la elaboración de informes, notificaciones de apertura del expediente sancionador, orden de paralización de obras y propuestas de resolución, precintos, así como la vigilancia continuada de las construcciones una vez que han sido expedientadas.
Según la Junta, estas denuncias no sólo originan el inicio del correspondiente expediente sancionador en vía administrativa, sino que además todas ellas son trasladadas a la Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Cádiz en cuanto se observa el más mínimo indicio de delito penal, lo que está originando la instrucción de numerosos procesos judiciales por su concurrencia con la tipificación del delito contra la ordenación del territorio.
Finalmente, indicó que el mes de marzo, previo a la época de primavera y verano, es el período del año en la que por parte de los agentes de Medio Ambiente se interpuso un mayor número de denuncias, seguido de los meses de mayo, septiembre y octubre.
Los agentes adscritos a la Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta en Cádiz han interpuesto casi 400 denuncias entre los meses de enero a octubre del presente año. De éstas, 118 están relacionadas con la construcción ilegal, por lo que el 29,5 por ciento del total de las denuncias se hallan vinculadas a obras que carecían de autorización ambiental o que incluso se encontraban en suelos con una protección especial.
Según informó la Junta en un comunicado remitido a Europa Press, la mitad de las obras y construcciones ilegales denunciadas están en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre, franja de territorio litoral cuya gestión es competencia autonómica. Una cuarta parte de estas denuncias están relacionadas con construcciones en espacios naturales protegidos, mientras que el resto se distribuye entre construcciones realizadas en vías pecuarias (15,3 por ciento) y terrenos forestales (9,3 por ciento).
La mayor parte de las obras denunciadas se efectuaron en terrenos fuera de los espacios naturales protegidos (70,3 por ciento), si bien en los parques naturales Los Alcornocales y del Estrecho se concentran 14 expedientes abiertos, en cada uno, por construcciones ilegales y en el parque natural Sierra de Grazalema, cinco denuncias practicadas en los últimos meses.
En cuanto a las zonas más conflictivas de la provincia destacan Tarifa, por el entorno de Bolonia, El Lentiscal, Paloma Baja y Montes de Utilidad Publica; Rota y Chipiona, en su frente litoral; Vejer de la Frontera, en la zona de El Palmar; Chiclana y Puerto Real, localidad esta última donde se viene observando una considerable expansión de la construcción ilegal, seguidos de otros municipios como Alcalá de los Gazules, Algeciras, Barbate o Jimena de la Frontera.
Las actuaciones de los agentes de Medio Ambiente no se limitan únicamente a la redacción de las denuncias, sino que su labor se complementa con la elaboración de informes, notificaciones de apertura del expediente sancionador, orden de paralización de obras y propuestas de resolución, precintos, así como la vigilancia continuada de las construcciones una vez que han sido expedientadas.
Según la Junta, estas denuncias no sólo originan el inicio del correspondiente expediente sancionador en vía administrativa, sino que además todas ellas son trasladadas a la Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Cádiz en cuanto se observa el más mínimo indicio de delito penal, lo que está originando la instrucción de numerosos procesos judiciales por su concurrencia con la tipificación del delito contra la ordenación del territorio.
Finalmente, indicó que el mes de marzo, previo a la época de primavera y verano, es el período del año en la que por parte de los agentes de Medio Ambiente se interpuso un mayor número de denuncias, seguido de los meses de mayo, septiembre y octubre.
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