SIRA R. LARA
El pleno extraordinario celebrado ayer en Jimena a instancias del Partido Andalucista local acabó sin que los concejales de la oposición obtuvieran las explicaciones requeridas sobre varios temas urbanísticos del municipio. Los andalucistas denunciaron al término del pleno que el equipo de Gobierno socialista «se limitó a utilizar el rodillo de su mayoría absoluta y pedir que se les demande si se aprecian irregularidades». En opinión del PA «el alcalde nos demostró una vez más cuáles son sus principales preocupaciones, que no pasan precisamente por la transparencia de los procedimientos», comentó el portavoz Juan Antonio Vázquez.De este modo, el PSOE «eludió dar explicaciones» sobre el procedimiento por infracciones urbanísticas contra Arenal 2.000 en Jimena, «edificio en el que pese a contar con un decreto de paralización se encuentran actualmente abiertos al público locales comerciales», comenta Vázquez.
Falsa paralización
Los andalucistas señalan que «sólo consta un documento de paralización, sin que ni el concejal de Urbanismo, ni el de Policía Local intervinieran en ningún momento». Además afirman que este decreto de paralización «no ha sido enviado a la fiscalía» como asegura el alcalde.El portavoz del PA denuncia que en Jimena «se hace un plan urbano a la medida de las grandes empresas en vez de ser las empresas las que se ajusten a los planes municipales».El segundo punto importante del orden del día de este polémico pleno extraordinario era la situación «ilegal» del asesor urbanístico Antonio Viñas, que trabaja para el Ayuntamiento sin contrato desde diciembre de 2003, y sobre el cobro de facturas que alcanzan los 60.000 euros. El alcalde de Jimena, Ildefonso Gómez, reconoció la ilegalidad de los pagos que se habían realizado y aseguró que «no me había dado cuenta, no puedo estar en todo, era la secretaria la que debía darse cuenta», justificó.«Demandenme», fue la respuesta del regidor jimenato a las quejas andalucistas sobre irregularidades urbanísticas. El PA prepara ya varios informes para la fiscalía sobre asuntos como La Morisca, La Bordalla o Arenal 2.000 «para que se esclarezcan las responsabilidades por lo ocurrido», finalizó Vázquez.
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