El Área de Bienestar Social de la Diputación de Cádiz ha recortado el 50 % del personal encargado de la gestion de la Ley de Dependencia en los pueblos con menos de 20.000 habitantes de la provincia.
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De nueve trabajadores sociales y nueve administrativos que se encargaban de esta tarea solo seguiran contratados los 9 trabajadores sociales, dado que los administrativos han recibido ya la carta de despido.
El municipio de Jimena contaba hasta ahora con dos días de dedicación a la semana de un administrativo, y otros dos días de un trabajador social, que ahora se verán reducidos a la mitad tras el despido del primero.
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Nota de prensa de la Diputación de Cádiz
Comunicado del diputado de Bienestar Social sobre la Ley de Dependencia.
El diputado provincial de Bienestar Social, Antonio García, ha lamentado que el recorte de la Junta de Andalucía obligue a prescindir de los nueve administrativos que ejercen sus funciones como personal de refuerzo para la Ley de Dependencia.
En este sentido, recuerda que la Diputación provincial le solicitó hace un mes y medio a la Junta que incrementara la partida presupuestaria destinada al personal de refuerzo de la Ley de Dependencia, y en concreto, la partida destinada al personal administrativo, no habiendo obtenido respuesta ninguna por parte del Gobierno andaluz.
García ha mantenido en la mañana de hoy un encuentro con el personal administrativo para explicarles la situación. No obstante, ha señalado que esta situación no es irreversible, ya que si la Junta finalmente destina a esta partida la misma cuantía que en el ejercicio anterior y no lleva a cabo una reducción del 50% del presupuesto, los nueve administrativos podrán seguir desempeñando su función.
El diputado provincial de Bienestar Social ha recordado que en el último Pleno ordinario de la Diputación del 23 de enero ya se aprobó instar a la Junta a ampliar los créditos destinados a la contratación de personal para la Ley de Dependencia, dado que la Junta ha recortado a nivel regional en diez millones de euros la partida destinada a este concepto, pasando de los 20,3 millones de 2012 a los 10,3 millones de 2013. En lo concerniente a la Diputación el recorte por parte de la Junta ha sido igualmente del 50 por ciento para el personal de apoyo a la dependencia.
En este sentido, Antonio García ha señalado que el pasado 28 de diciembre la consejera de la Junta de Andalucía anunció que había crédito para los trabajadores sociales (aunque de un 50% menos) pero “no considera necesario” a los administrativos.
Finalmente, Antonio García ha lamentado esta situación creada y ha afirmado que “es la Junta la que pone en la cola del paro a los administrativos de refuerzo de la Dependencia si no dota económicamente de manera conveniente su competencia”. El diputado de Bienestar Social ha insistido en que sigue a la espera de una respuesta positiva de la Junta para evitar la salida del personal administrativo para la Ley de Dependencia.
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Foto de www.terceraedad.info
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