Nota de prensa del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Jimena.
El Grupo Municipal Socialista, ha presentado cuatro mociones para que sean tratadas en el próximo Pleno Ordinario del 17 de mayo.
Dentro de la campaña informativa y de las actuaciones que el PSOE llevará a cabo en todo el término municipal sobre la SUBIDA DE LA CONTRUBUCIÓN URBANA (I.B.I. Urbano), una va dirigida a la solicitud al Catastro para la revisión a la baja de los valores catastrales del municipio de Jimena de la Frontera, al cumplirse las condiciones básicas para poder hacerlo, y que pueda permitir de esta forma adecuar los valores a la situación real del mercado.
Otra va también dirigida a contrarrestar la subida del I.B.I. urbano (CONTRIBUCIÓN URBANA), incluyendo la propuesta de acuerdo la reducción del tipo de gravamen al mínimo posible.
Otra se presenta para rechazar los recortes en la SANIDAD y EDUCACIÓN PÚBLICAS, con la aprobación de los R.D.Ley 14/2012 y 16/2012.
Y otra como defensa de la madurez política de Andalucía y como rechazo a las manifestaciones que desde diversos medios audiovisuales y de prensa escrita se han realizado tras conocer los resultados de las elecciones al Parlamento de Andalucía en contra del pueblo andaluz, y ante la portada que desde un periódico de tirada nacional se ha realizado en contra de los legítimos representantes estudiantiles hace unos días.
1.- “MOCIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA PARA REDUCIR EL TIPO DE GRAVAMEN DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES URBANOS”
D. Pascual L. Collado Saraiva como Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, y al amparo del art. 97.3 del R.D. 2568/1986 de 28 de noviembre, del R.O.F., viene a presentar para su aprobación la siguiente MOCION en base a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con fecha 1 de enero de 2.007 entró en vigor la última actualización de valores catastrales realizada en el municipio de Jimena de la Frontera, desde la notificación de los nuevos valores catastrales han sido muchos los vecinos que se quejaron de los nuevos valores aplicados desde 2007. A esta situación se le añade que en los trabajos de valoración catastral, el Ministerio de Hacienda tomó como referencia los valores de las compraventas en escritura del ejercicio 2006, precisamente el momento en el que el mercado inmobiliario se hallaba en la mayor vorágine de precios vivida en la última década. Como consecuencia de ello, los valores de muchos de los bienes catastrales se encuentran sobrevalorados con respecto a su valor real de mercado y poniendo de manifiesto diferencias sustanciales, tal como se manifiestan en los informes del primer trimestre de 2012 de la Compañía multinacional líder en valoración TINSA, donde se puede comprobar el descenso global de los valores de la provincia de Cádiz acumulado del -26,8% con respecto a 2007 y un descenso anual del -11,20% entre el primer trimestre de 2011 y el primer trimestre de 2012, superiores a la media nacional, afectando de forma muy importante al Impuesto de Bienes Inmuebles y a las cuotas a pagar anualmente por los vecinos.
Este aumento de los valores catastrales fue amortiguado por el anterior equipo de gobierno con la paulatina reducción del tipo de gravamen que pueden aplicar las administraciones locales, por ese motivo fueron reducidos los tipos correspondientes a los años 2009, 2010 y 2011, pasando del 0,750 para 2008, al 0,600 para 2009, al 0,502 para 2010 y al 0,434 para 2011, que es el tipo que actualmente está en vigor también para 2012 al no realizarse ningún tipo de reducción por parte del equipo de gobierno del P.P., y a pesar de las peticiones realizadas en sesiones plenarias previas por el actual Grupo Municipal Socialista. Igualmente, y tras la aprobación por parte del actual equipo de Gobierno Municipal del P.P. del Plan de Ajuste económico, acogido al R.D. 4/2012, ha quedado contrastada la decisión de no reducir el tipo de gravamen hasta el año 2015.
Los cálculos de las bases liquidables, determinadas por el prorrateo de los valores catastrales durante los 10 años desde su aplicación, provocará un aumento de las cuotas hasta 2016 de más de un 38%, que se verán incrementadas en un 8,5% adicional durante los próximos años, si no se reduce el tipo de gravamen al mínimo posible de 0,400, según indica el art. 72.1 del R.D. Ley 2/2004, de 5 de marzo, Reguladora de las Haciendas Locales.
Conociendo la grave situación económica provocada por la crisis financiera que en los últimos 6 años ha provocado que se tripliquen los desempleados en nuestro municipio, y que está afectando negativamente a muchas familias de nuestros pueblos, consideramos que se debe reducir al mínimo el tipo de gravamen del Impuesto de Bienes Inmuebles urbanos, para que tenga el resultado oportuno de reducción de cuotas a la mayor brevedad posible, es decir a partir del 1 de enero de 2013.
D. Pascual L. Collado Saraiva como Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, y al amparo del art. 97.3 del R.D. 2568/1986 de 28 de noviembre, del R.O.F., viene a presentar para su aprobación la siguiente MOCION en base a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con fecha 1 de enero de 2.007 entró en vigor la última actualización de valores catastrales realizada en el municipio de Jimena de la Frontera, desde la notificación de los nuevos valores catastrales han sido muchos los vecinos que se quejaron de los nuevos valores aplicados desde 2007. A esta situación se le añade que en los trabajos de valoración catastral, el Ministerio de Hacienda tomó como referencia los valores de las compraventas en escritura del ejercicio 2006, precisamente el momento en el que el mercado inmobiliario se hallaba en la mayor vorágine de precios vivida en la última década. Como consecuencia de ello, los valores de muchos de los bienes catastrales se encuentran sobrevalorados con respecto a su valor real de mercado y poniendo de manifiesto diferencias sustanciales, tal como se manifiestan en los informes del primer trimestre de 2012 de la Compañía multinacional líder en valoración TINSA, donde se puede comprobar el descenso global de los valores de la provincia de Cádiz acumulado del -26,8% con respecto a 2007 y un descenso anual del -11,20% entre el primer trimestre de 2011 y el primer trimestre de 2012, superiores a la media nacional, afectando de forma muy importante al Impuesto de Bienes Inmuebles y a las cuotas a pagar anualmente por los vecinos.
Este aumento de los valores catastrales fue amortiguado por el anterior equipo de gobierno con la paulatina reducción del tipo de gravamen que pueden aplicar las administraciones locales, por ese motivo fueron reducidos los tipos correspondientes a los años 2009, 2010 y 2011, pasando del 0,750 para 2008, al 0,600 para 2009, al 0,502 para 2010 y al 0,434 para 2011, que es el tipo que actualmente está en vigor también para 2012 al no realizarse ningún tipo de reducción por parte del equipo de gobierno del P.P., y a pesar de las peticiones realizadas en sesiones plenarias previas por el actual Grupo Municipal Socialista. Igualmente, y tras la aprobación por parte del actual equipo de Gobierno Municipal del P.P. del Plan de Ajuste económico, acogido al R.D. 4/2012, ha quedado contrastada la decisión de no reducir el tipo de gravamen hasta el año 2015.
Los cálculos de las bases liquidables, determinadas por el prorrateo de los valores catastrales durante los 10 años desde su aplicación, provocará un aumento de las cuotas hasta 2016 de más de un 38%, que se verán incrementadas en un 8,5% adicional durante los próximos años, si no se reduce el tipo de gravamen al mínimo posible de 0,400, según indica el art. 72.1 del R.D. Ley 2/2004, de 5 de marzo, Reguladora de las Haciendas Locales.
Conociendo la grave situación económica provocada por la crisis financiera que en los últimos 6 años ha provocado que se tripliquen los desempleados en nuestro municipio, y que está afectando negativamente a muchas familias de nuestros pueblos, consideramos que se debe reducir al mínimo el tipo de gravamen del Impuesto de Bienes Inmuebles urbanos, para que tenga el resultado oportuno de reducción de cuotas a la mayor brevedad posible, es decir a partir del 1 de enero de 2013.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, propone al Pleno los siguientes ACUERDOS:
Primero.- Aprobar la reducción del Tipo de gravamen para el Impuesto de Bienes Inmuebles urbanos al tipo mínimo, pasando del 0,434 actual, al 0,400.
Segundo.- Publicar el acuerdo en el B.O.P. y cumplir con los trámites administrativos correspondientes, para que esta reducción se pueda aplicar a partir del 1 de enero de 2013.
En Jimena de la Frontera a 8 de Mayo de 2.012.EL PORTAVOZ
Fdo.: Pascual L. Collado Saraiva.
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2.-“ MOCIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA SOLICITANDO UNA NUEVA VALORACIÓN CATASTRAL A LA BAJA EN EL MUNICIPIO DE ACUERDO AL ART. 28.3 a) del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario”
D. Pascual L. Collado Saraiva como Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, y al amparo del art. 97.3 del R.D. 2568/1986 de 28 de noviembre, del R.O.F., viene a presentar para su aprobación la siguiente MOCION en base a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con fecha 1 de enero de 2.007 entró en vigor la última actualización de valores catastrales realizada en el municipio de Jimena de la Frontera, habiendo transcurrido más de cinco años de la misma. Dicha actualización llevada a cabo por la Gerencia Territorial del Catastro del Ministerio de Hacienda durante los meses anteriores a esta fecha, tuvo por objeto actualizar la valoración de los bienes catastrales del término municipal, que llevaban diecisiete años con la referencia del valor en el año 1990.
Desde la notificación de los nuevos valores catastrales han sido muchos los vecinos que se quejaron de los nuevos valores aplicados desde 2007 y de los errores en las valoraciones, propiedades o lindes de sus fincas catastrales. A esta situación se le añade que en los trabajos de valoración catastral, el Ministerio de Hacienda tomó como referencia los valores de las compraventas en escritura del ejercicio 2006, precisamente el momento en el que el mercado inmobiliario se hallaba en la mayor vorágine de precios vivida en la última década.
Como consecuencia de ello, los valores de muchos de los bienes catastrales se encuentran sobrevalorados con respecto a su valor real de mercado y poniendo de manifiesto diferencias sustanciales, tal como se manifiestan en los informes del primer trimestre de 2012 de la Compañía multinacional líder en valoración TINSA, donde se puede comprobar el descenso global de los valores de la provincia de Cádiz acumulado del -26,8% con respecto a 2007 y un descenso anual del -11,20% entre el primer trimestre de 2011 y el primer trimestre de 2012, superiores a la media nacional, provocando esta afección al Impuesto de Bienes Inmuebles, a las plusvalías, a los rendimientos del capital en el Impuesto de la Renta de las personas físicas y otras figuras impositivas.
Considerando lo regulado en el art. 28.3 a) del R.D.L. 1/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, que recoge textualmente:
3. El procedimiento de valoración colectiva podrá ser:
a. De carácter general, cuando requiera la aprobación de una ponencia de valores total. Este procedimiento en el que se observarán las directrices que se establezcan para garantizar la coordinación nacional de valores, sólo podrá iniciarse una vez transcurridos, al menos, cinco años desde la entrada en vigor de los valores catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general y se realizará, en todo caso, a partir de los 10 años desde dicha fecha.
Considerando lo regulado en el art. 10.2 de la ley 48/2002, de 23 de diciembre, reguladora del Catastro Inmobiliario, y sobre el procedimiento de valoración colectiva, que recoge textualmente:
Art. 10. Valoración catastral de bienes inmuebles urbanos y rústicos
2. El procedimiento de valoración colectiva de bienes inmuebles de una misma clase podrá iniciarse de oficio o a instancia del Ayuntamiento correspondiente cuando, respecto a una pluralidad de bienes inmuebles, se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes, ya sea como consecuencia de una modificación en el planeamiento urbanístico o de otras circunstancias.
Segundo.- Publicar el acuerdo en el B.O.P. y cumplir con los trámites administrativos correspondientes, para que esta reducción se pueda aplicar a partir del 1 de enero de 2013.
En Jimena de la Frontera a 8 de Mayo de 2.012.EL PORTAVOZ
Fdo.: Pascual L. Collado Saraiva.
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2.-“ MOCIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA SOLICITANDO UNA NUEVA VALORACIÓN CATASTRAL A LA BAJA EN EL MUNICIPIO DE ACUERDO AL ART. 28.3 a) del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario”
D. Pascual L. Collado Saraiva como Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, y al amparo del art. 97.3 del R.D. 2568/1986 de 28 de noviembre, del R.O.F., viene a presentar para su aprobación la siguiente MOCION en base a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con fecha 1 de enero de 2.007 entró en vigor la última actualización de valores catastrales realizada en el municipio de Jimena de la Frontera, habiendo transcurrido más de cinco años de la misma. Dicha actualización llevada a cabo por la Gerencia Territorial del Catastro del Ministerio de Hacienda durante los meses anteriores a esta fecha, tuvo por objeto actualizar la valoración de los bienes catastrales del término municipal, que llevaban diecisiete años con la referencia del valor en el año 1990.
Desde la notificación de los nuevos valores catastrales han sido muchos los vecinos que se quejaron de los nuevos valores aplicados desde 2007 y de los errores en las valoraciones, propiedades o lindes de sus fincas catastrales. A esta situación se le añade que en los trabajos de valoración catastral, el Ministerio de Hacienda tomó como referencia los valores de las compraventas en escritura del ejercicio 2006, precisamente el momento en el que el mercado inmobiliario se hallaba en la mayor vorágine de precios vivida en la última década.
Como consecuencia de ello, los valores de muchos de los bienes catastrales se encuentran sobrevalorados con respecto a su valor real de mercado y poniendo de manifiesto diferencias sustanciales, tal como se manifiestan en los informes del primer trimestre de 2012 de la Compañía multinacional líder en valoración TINSA, donde se puede comprobar el descenso global de los valores de la provincia de Cádiz acumulado del -26,8% con respecto a 2007 y un descenso anual del -11,20% entre el primer trimestre de 2011 y el primer trimestre de 2012, superiores a la media nacional, provocando esta afección al Impuesto de Bienes Inmuebles, a las plusvalías, a los rendimientos del capital en el Impuesto de la Renta de las personas físicas y otras figuras impositivas.
Considerando lo regulado en el art. 28.3 a) del R.D.L. 1/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, que recoge textualmente:
3. El procedimiento de valoración colectiva podrá ser:
a. De carácter general, cuando requiera la aprobación de una ponencia de valores total. Este procedimiento en el que se observarán las directrices que se establezcan para garantizar la coordinación nacional de valores, sólo podrá iniciarse una vez transcurridos, al menos, cinco años desde la entrada en vigor de los valores catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general y se realizará, en todo caso, a partir de los 10 años desde dicha fecha.
Considerando lo regulado en el art. 10.2 de la ley 48/2002, de 23 de diciembre, reguladora del Catastro Inmobiliario, y sobre el procedimiento de valoración colectiva, que recoge textualmente:
Art. 10. Valoración catastral de bienes inmuebles urbanos y rústicos
2. El procedimiento de valoración colectiva de bienes inmuebles de una misma clase podrá iniciarse de oficio o a instancia del Ayuntamiento correspondiente cuando, respecto a una pluralidad de bienes inmuebles, se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes, ya sea como consecuencia de una modificación en el planeamiento urbanístico o de otras circunstancias.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, propone al Pleno los siguientes ACUERDOS:
Primero.- Instar a la Dirección General del Catastro, perteneciente al Ministerio de Hacienda a iniciar los trabajos de un nuevo procedimiento colectivo de valoración catastral a la BAJA en Jimena de la Frontera, para que entre en vigor en el menor plazo posible que la legislación permita.
Segundo.- Aprobar que esta revisión se haga de acuerdo a la situación económica actual, muy distinta a la de los años 2006 y 2007 en que se realizaron los trabajos de la anterior, de forma que se ciña a la situación económica actual, reduciendo así la carga fiscal de los ciudadanos en el I.B.I., y otros impuestos.
Tercero.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Cádiz el apoyo técnico y jurídico en el caso de que la Dirección General del Catastro acuerde el inicio de una nueva valoración catastral de nuestro municipio
Segundo.- Aprobar que esta revisión se haga de acuerdo a la situación económica actual, muy distinta a la de los años 2006 y 2007 en que se realizaron los trabajos de la anterior, de forma que se ciña a la situación económica actual, reduciendo así la carga fiscal de los ciudadanos en el I.B.I., y otros impuestos.
Tercero.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Cádiz el apoyo técnico y jurídico en el caso de que la Dirección General del Catastro acuerde el inicio de una nueva valoración catastral de nuestro municipio
En Jimena de la Frontera a 7 de Mayo de 2.012.
EL PORTAVOZ
Fdo.: Pascual L. Collado Saraiva.
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3.- “MOCIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA EN RECHAZO A LOS RECORTES APROBADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL EN LOS R.D. LEY 14/2012 Y R.D. LEY 16/2012 SOBRE LA EDUCACIÓN Y LA SANIDAD PUBLICAS”
D. Pascual L. Collado Saraiva como Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, y al amparo del art. 97.3 del R.D. 2568/1986 de 28 de noviembre, del R.O.F., viene a presentar para su aprobación la siguiente MOCION en base a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 21 de abril entró en vigor el R.D. Ley 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, que ha generado una inquietud que se está extendiendo por la comunidad educativa a la vista de las consecuencias que los recortes decididos por el Gobierno Central tendrán para la calidad de la enseñanza.
Estas medidas aprobadas, no solo suponen un retroceso en términos de calidad, sino también en igualdad de oportunidades a las familias españolas. Con una reducción del presupuesto para 2012 del 21,9%, que afectará gravemente a todo el sistema educativo, de la enseñanza primaria a la universidad. Debemos añadir que el ahorro adicional de 3.000 millones de euros impuesto por el Gobierno Central a las autonomías se suman también a unos recortes previos de otros 3.500 millones.
Las medidas de recortes educativos que regula este Real Decreto, entre otras, son las siguientes:
1.- El aumento de la ratio alumnos/clase en un 20%, para la educación primaria y secundaria obligatoria. En el caso de algunos centros, se podrán ver clases que no se desdoblan de 1º y de 4º de E.S.O., donde el fracaso escolar es mayor, donde actualmente existen clases de 19 o 20 alumnos, convirtiéndose en aulas con 36 alumnos; o aulas de 2º de bachillerato con 42 alumnos, curso vital para acceder a las pruebas de selectividad y superarlas con una nota aceptable.
2.- Se aumentan de las horas lectivas al profesorado, se eliminan aulas y actividades de refuerzo, sin consecuencias positivas en la calidad educativa.
3.- Se aplaza en dos años la aplicación de los Ciclos Formativos, pasando del 2012/2013 al 2014/2015, suponiendo un nuevo golpe a uno de los talones de Aquiles que actualmente tiene el sistema educativo. Una buena formación profesional es, en otros países europeos, como Islandia, Alemania, o Francia la mejor herramienta de inserción laboral. En el caso del I.E.S. Hozgarganta este aplazamiento va a afectar considerablemente, ya que para el curso 2012/2013 se había aceptado el proyecto de un nuevo ciclo formativo, por lo que no se empezará a realizar hasta finales de 2014.
4.- Se modifican los criterios de sustituciones por bajas inferiores a los 10 días lectivos, teniendo un resultado muy negativo especialmente en el ciclo de primaria y en los alumnos que cursando 2º de Bachillerato preparan intensamente con sus profesores durante este último curso las pruebas de selectividad, pudiendo impedir competir firmemente si un profesor se pone simplemente enfermo con un resfriado común.
5.- Se aumentan las tasas universitarias, con una subida de hasta el 66% para la primera matrícula y del 100% en otros casos.
6.- Se eliminan grados universitarios, limitándolos a un alto número mínimo de alumnos por Universidad.
7.- Reducción y limitación en el acceso a las becas en educación, endureciendo los requisitos para el acceso de las mismas.
A todas las modificaciones que contiene el R.D.Ley, debemos añadirle que no contiene ningún tipo de memoria económica, ni un informe del desarrollo del mismo, sin demostrar las mejoras en la calidad y la eficiencia educativa, en una red pública que en los últimos dos años ha aumentado en 320.000 alumnos. En nuestro municipio, si la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, no puede cambiar el fondo de las directrices del Gobierno Central, serán muchos los estudiantes de nuestro municipio que se verán afectados, municipio que siempre ha demostrado una gran sensibilidad en la mejora continua de la Educación Pública, reivindicando los excesos en las ratios, las bajas en el profesorado, etc….
Creemos que estas medidas difícilmente van a conseguir mejorar las dos principales carencias del sistema educativo, como son el abandono prematuro de los estudios y los pobres resultados que los alumnos tienen en las pruebas de nivel, suponiendo además el mayor ataque que se le realiza a la educación pública, sin tener en cuenta otras partidas presupuestarias que no se recortan en la misma medida, tal como son los gastos en Defensa, las aportaciones a la Iglesia Católica, los gastos de la Casa Real, o los fondos públicos para entidades financieras en peligro.
Igualmente el pasado 24 de abril entró en vigor el R.D. Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema público de salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, que supone un gran ataque a nuestro Sistema Público de Salud, que hasta hace pocos días era Universal y gratuito. El presidente del Gobierno Central, el Sr. Rajoy y la Ministra de Sanidad, la Sra. Mato, han negado muchas veces lo que con este R.D. Ley se ha conseguido, que no es otra cosa que el COPAGO SANITARIO.
Entre los recortes que contiene el mencionado R.D.Ley, podemos indicar que sólo tendrán tarjeta sanitaria quienes coticen a la Seguridad Social, más los pensionistas y los parados que han cotizado antes, el resto de ciudadanos tendrán que acreditar ingresos insuficientes para tener derecho a la sanidad pública. Los jóvenes de más de 26 años que no hayan accedido a su primer empleo no tendrán derecho a asistencia sanitaria gratuita y la tendrán que pagar, salvo que acrediten que no superan un límite de ingresos, algo parecido a un “carnet de pobre”, pudiendo afectar también a las mujeres separadas o divorciadas que nunca hayan cotizado a la Seguridad Social. Se excluyen a los inmigrantes sin papeles, manteniéndose la urgencia, embarazo, parto y post-parto y los menores de 18 años. Esto último provocará un coste enorme en salud y solidaridad, ya que dejarán de ser atendidos pacientes en tratamiento por cáncer, hemodiálisis y otras enfermedades crónicas, o que las urgencias se saturen por enfermedades como la gripe. Si tenemos en cuenta que en el municipio de Jimena de la Frontera los jubilados y pensionistas superan las 1.500 personas, y que los parados mayores de 26 años son más de 1.000, estos recortes sanitarios afectarán de forma muy importante a las familias de nuestro municipio.
También se establece el “COPAGO SANITARIO” que se unirá al “COPAGO FARMACÉUTICO”, ya que se tendrá que pagar por cosas que hasta ahora no se pagaban si se necesitaban, como las prótesis externas, las ambulancias no urgentes, los productos dietéticos terapéuticos, se excluyen algunos medicamentos para dolencias menores, pero que son los más utilizados, los enfermos crónicos que no son pensionistas se le eleva el doble el precio máximo a pagar, etc…
Todos estos recortes suponen un cambio cualitativo de enorme magnitud en el modelo sanitario, tanto para acceder a las medicinas como a los servicios, generando injusticia social y desigualdad entre los ciudadanos. El Grupo Municipal Socialista se opone rotundamente a estos y los considera que son una agresión a los derechos constitucionales y también pueden vulnerar las competencias de la Comunidad Autónoma Andaluza.
Las medidas tomadas en los últimos años por el anterior equipo de gobierno del PSOE, demostró que se puede ahorrar sin copagos ni recortes, reduciéndose desde 70.000 a 53.000 millones de euros, sin que afectara al modelo ni a la cartera de prestaciones, reduciendo también 6.000 millones en la factura de farmacia.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, propone al Pleno los siguientes ACUERDOS:
Fdo.: Pascual L. Collado Saraiva.
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3.- “MOCIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA EN RECHAZO A LOS RECORTES APROBADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL EN LOS R.D. LEY 14/2012 Y R.D. LEY 16/2012 SOBRE LA EDUCACIÓN Y LA SANIDAD PUBLICAS”
D. Pascual L. Collado Saraiva como Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, y al amparo del art. 97.3 del R.D. 2568/1986 de 28 de noviembre, del R.O.F., viene a presentar para su aprobación la siguiente MOCION en base a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 21 de abril entró en vigor el R.D. Ley 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, que ha generado una inquietud que se está extendiendo por la comunidad educativa a la vista de las consecuencias que los recortes decididos por el Gobierno Central tendrán para la calidad de la enseñanza.
Estas medidas aprobadas, no solo suponen un retroceso en términos de calidad, sino también en igualdad de oportunidades a las familias españolas. Con una reducción del presupuesto para 2012 del 21,9%, que afectará gravemente a todo el sistema educativo, de la enseñanza primaria a la universidad. Debemos añadir que el ahorro adicional de 3.000 millones de euros impuesto por el Gobierno Central a las autonomías se suman también a unos recortes previos de otros 3.500 millones.
Las medidas de recortes educativos que regula este Real Decreto, entre otras, son las siguientes:
1.- El aumento de la ratio alumnos/clase en un 20%, para la educación primaria y secundaria obligatoria. En el caso de algunos centros, se podrán ver clases que no se desdoblan de 1º y de 4º de E.S.O., donde el fracaso escolar es mayor, donde actualmente existen clases de 19 o 20 alumnos, convirtiéndose en aulas con 36 alumnos; o aulas de 2º de bachillerato con 42 alumnos, curso vital para acceder a las pruebas de selectividad y superarlas con una nota aceptable.
2.- Se aumentan de las horas lectivas al profesorado, se eliminan aulas y actividades de refuerzo, sin consecuencias positivas en la calidad educativa.
3.- Se aplaza en dos años la aplicación de los Ciclos Formativos, pasando del 2012/2013 al 2014/2015, suponiendo un nuevo golpe a uno de los talones de Aquiles que actualmente tiene el sistema educativo. Una buena formación profesional es, en otros países europeos, como Islandia, Alemania, o Francia la mejor herramienta de inserción laboral. En el caso del I.E.S. Hozgarganta este aplazamiento va a afectar considerablemente, ya que para el curso 2012/2013 se había aceptado el proyecto de un nuevo ciclo formativo, por lo que no se empezará a realizar hasta finales de 2014.
4.- Se modifican los criterios de sustituciones por bajas inferiores a los 10 días lectivos, teniendo un resultado muy negativo especialmente en el ciclo de primaria y en los alumnos que cursando 2º de Bachillerato preparan intensamente con sus profesores durante este último curso las pruebas de selectividad, pudiendo impedir competir firmemente si un profesor se pone simplemente enfermo con un resfriado común.
5.- Se aumentan las tasas universitarias, con una subida de hasta el 66% para la primera matrícula y del 100% en otros casos.
6.- Se eliminan grados universitarios, limitándolos a un alto número mínimo de alumnos por Universidad.
7.- Reducción y limitación en el acceso a las becas en educación, endureciendo los requisitos para el acceso de las mismas.
A todas las modificaciones que contiene el R.D.Ley, debemos añadirle que no contiene ningún tipo de memoria económica, ni un informe del desarrollo del mismo, sin demostrar las mejoras en la calidad y la eficiencia educativa, en una red pública que en los últimos dos años ha aumentado en 320.000 alumnos. En nuestro municipio, si la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, no puede cambiar el fondo de las directrices del Gobierno Central, serán muchos los estudiantes de nuestro municipio que se verán afectados, municipio que siempre ha demostrado una gran sensibilidad en la mejora continua de la Educación Pública, reivindicando los excesos en las ratios, las bajas en el profesorado, etc….
Creemos que estas medidas difícilmente van a conseguir mejorar las dos principales carencias del sistema educativo, como son el abandono prematuro de los estudios y los pobres resultados que los alumnos tienen en las pruebas de nivel, suponiendo además el mayor ataque que se le realiza a la educación pública, sin tener en cuenta otras partidas presupuestarias que no se recortan en la misma medida, tal como son los gastos en Defensa, las aportaciones a la Iglesia Católica, los gastos de la Casa Real, o los fondos públicos para entidades financieras en peligro.
Igualmente el pasado 24 de abril entró en vigor el R.D. Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema público de salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, que supone un gran ataque a nuestro Sistema Público de Salud, que hasta hace pocos días era Universal y gratuito. El presidente del Gobierno Central, el Sr. Rajoy y la Ministra de Sanidad, la Sra. Mato, han negado muchas veces lo que con este R.D. Ley se ha conseguido, que no es otra cosa que el COPAGO SANITARIO.
Entre los recortes que contiene el mencionado R.D.Ley, podemos indicar que sólo tendrán tarjeta sanitaria quienes coticen a la Seguridad Social, más los pensionistas y los parados que han cotizado antes, el resto de ciudadanos tendrán que acreditar ingresos insuficientes para tener derecho a la sanidad pública. Los jóvenes de más de 26 años que no hayan accedido a su primer empleo no tendrán derecho a asistencia sanitaria gratuita y la tendrán que pagar, salvo que acrediten que no superan un límite de ingresos, algo parecido a un “carnet de pobre”, pudiendo afectar también a las mujeres separadas o divorciadas que nunca hayan cotizado a la Seguridad Social. Se excluyen a los inmigrantes sin papeles, manteniéndose la urgencia, embarazo, parto y post-parto y los menores de 18 años. Esto último provocará un coste enorme en salud y solidaridad, ya que dejarán de ser atendidos pacientes en tratamiento por cáncer, hemodiálisis y otras enfermedades crónicas, o que las urgencias se saturen por enfermedades como la gripe. Si tenemos en cuenta que en el municipio de Jimena de la Frontera los jubilados y pensionistas superan las 1.500 personas, y que los parados mayores de 26 años son más de 1.000, estos recortes sanitarios afectarán de forma muy importante a las familias de nuestro municipio.
También se establece el “COPAGO SANITARIO” que se unirá al “COPAGO FARMACÉUTICO”, ya que se tendrá que pagar por cosas que hasta ahora no se pagaban si se necesitaban, como las prótesis externas, las ambulancias no urgentes, los productos dietéticos terapéuticos, se excluyen algunos medicamentos para dolencias menores, pero que son los más utilizados, los enfermos crónicos que no son pensionistas se le eleva el doble el precio máximo a pagar, etc…
Todos estos recortes suponen un cambio cualitativo de enorme magnitud en el modelo sanitario, tanto para acceder a las medicinas como a los servicios, generando injusticia social y desigualdad entre los ciudadanos. El Grupo Municipal Socialista se opone rotundamente a estos y los considera que son una agresión a los derechos constitucionales y también pueden vulnerar las competencias de la Comunidad Autónoma Andaluza.
Las medidas tomadas en los últimos años por el anterior equipo de gobierno del PSOE, demostró que se puede ahorrar sin copagos ni recortes, reduciéndose desde 70.000 a 53.000 millones de euros, sin que afectara al modelo ni a la cartera de prestaciones, reduciendo también 6.000 millones en la factura de farmacia.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, propone al Pleno los siguientes ACUERDOS:
Primero.- Rechazar los recortes que está realizando el Gobierno Central, tanto en la Sanidad como en la Educación Públicas con la aprobación de los R.D. Ley 14/2012 y 16/2012.
Segundo.- Apoyar las iniciativas de denuncia ante el Tribunal Constitucional por parte de los Grupos políticos del Congreso de Diputados y del Gobierno de la Junta de Andalucía.
Tercero.- Dar traslado de los acuerdos a los Grupos Políticos del Congreso de los Diputados y a la Presidencia del Gobierno de la Junta de Andalucía.
Segundo.- Apoyar las iniciativas de denuncia ante el Tribunal Constitucional por parte de los Grupos políticos del Congreso de Diputados y del Gobierno de la Junta de Andalucía.
Tercero.- Dar traslado de los acuerdos a los Grupos Políticos del Congreso de los Diputados y a la Presidencia del Gobierno de la Junta de Andalucía.
En Jimena de la Frontera a 8 de Mayo de 2.012.
EL PORTAVOZ
Fdo.: Pascual L. Collado Saraiva.
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4.- “MOCIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA RELATIVA A LA DEFENSA DE LA MADUREZ DEMOCRATICA DE ANDALUCIA, LA EXIGENCIA DE RECTIFICACIÓN POR LOS INSULTOS RECIBIDOS POR EL PUEBLO ANDALUZ EN VARIOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRAS LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DEL 25 DE MARZO Y OTRAS ACTUACIONES PERIODÍSTICAS”
Fdo.: Pascual L. Collado Saraiva.
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4.- “MOCIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA RELATIVA A LA DEFENSA DE LA MADUREZ DEMOCRATICA DE ANDALUCIA, LA EXIGENCIA DE RECTIFICACIÓN POR LOS INSULTOS RECIBIDOS POR EL PUEBLO ANDALUZ EN VARIOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRAS LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DEL 25 DE MARZO Y OTRAS ACTUACIONES PERIODÍSTICAS”
D. Pascual L. Collado Saraiva como Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, y al amparo del art. 97.3 del R.D. 2568/1986 de 28 de noviembre, del R.O.F., viene a presentar para su aprobación la siguiente MOCION en base a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 25 de marzo 3.876.780 andaluces ejercieron su derecho al voto. Todos los hicieron de manera libre y responsable, depositando en las urnas su respaldo individual e inviolable a las distintas fuerzas políticas que concurrían a los comicios. En democracia, no hay momento más trascendente ni decisión que merezca mayor respeto.
Sin embargo, desde la noche del 25 de marzo, todos hemos asistido con estupor a los reiterados insultos a Andalucía y al pueblo andaluz, que se han lanzado desde distintos atriles y redes sociales y, en concreto y muy especialmente, desde la cadena Intereconomía. A modo de resumen, y sin afán de reproducir lo que el Grupo Municipal Socialista considera insultos intolerables, los comentaristas Eduardo García Serrano, José Javier Esparza, Carmen Tomás y Javier Horcajo han afirmado, entre otras cuestiones, que “Andalucía es una sociedad enferma”, que “los andaluces no tienen criterio electoral”, que “los andaluces tienen problemas sociales y morales”, que “Andalucía tiene una situación penosa, con el Tercer Mundo instalado”.
Además de estos comentaristas de la cadena Intereconomía, el Grupo Municipal Socialista también quiere que se tengan en consideración los artículos de Fernando Sánchez Dragó en El Mundo, acusando a los andaluces de una corrupción generalizada y prácticamente tildándonos de drogadictos a todos los andaluces; de Gabriel Albiac en ABC y de Salvador Sostres en El Mundo, donde se afirma que los andaluces son “menores de edad, pobrecitos, paletos y porteros”.
Al albur de la controversia política y más allá de los tópicos, estas personas han identificado de manera generalizada la corrupción, la inmoralidad y la pereza con el pueblo andaluz en su conjunto, lo que resulta de todo punto reprobable, máxime cuando lo que se está analizando es el ejercicio libre, responsable y democráticamente legítimo del voto.
El Grupo Socialista entiende que los análisis post-electorales no pueden basarse en argumentos ajenos a la propia libertad de opinión y elección de los andaluces recurriendo para ello a un ‘todo vale’, donde además de tercermundistas y analfabetos, entre otros adjetivos impropios, se identifica a los andaluces con la corrupción y la falta de criterio a la hora de ejercer su derecho a votar.
Interpretar los resultados asociados a expresiones como ‘paleto’, o ‘irresponsabilidad del pueblo’, hablar de ‘régimen perpetuado’ o de ‘olla podrida de corrupción’ para referirse a Andalucía, calificar a los electores como ‘menores de edad’ o ‘pobrecitos’, es una ofensa en toda regla sobre la que el conjunto de instituciones públicas democráticas de la Comunidad no pueden permanecer impasibles.
Igualmente no podemos dejar de pasar la portada de un periódico de tirada nacional, LA RAZON, el pasado 9 de mayo, en la que se criminalizaba a varios miembros del Sindicato de Estudiantes, utilizando unas prácticas denunciables ante los juzgados y que debemos rechazar públicamente, ante el acoso que se está recibiendo desde hace ya algún tiempo hacia los colectivos que ejerciendo el derecho de manifestación, de concentración o de crítica ante la situación económica y de recortes sociales, son perseguidos o son limitados en estos derechos constitucionales.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 25 de marzo 3.876.780 andaluces ejercieron su derecho al voto. Todos los hicieron de manera libre y responsable, depositando en las urnas su respaldo individual e inviolable a las distintas fuerzas políticas que concurrían a los comicios. En democracia, no hay momento más trascendente ni decisión que merezca mayor respeto.
Sin embargo, desde la noche del 25 de marzo, todos hemos asistido con estupor a los reiterados insultos a Andalucía y al pueblo andaluz, que se han lanzado desde distintos atriles y redes sociales y, en concreto y muy especialmente, desde la cadena Intereconomía. A modo de resumen, y sin afán de reproducir lo que el Grupo Municipal Socialista considera insultos intolerables, los comentaristas Eduardo García Serrano, José Javier Esparza, Carmen Tomás y Javier Horcajo han afirmado, entre otras cuestiones, que “Andalucía es una sociedad enferma”, que “los andaluces no tienen criterio electoral”, que “los andaluces tienen problemas sociales y morales”, que “Andalucía tiene una situación penosa, con el Tercer Mundo instalado”.
Además de estos comentaristas de la cadena Intereconomía, el Grupo Municipal Socialista también quiere que se tengan en consideración los artículos de Fernando Sánchez Dragó en El Mundo, acusando a los andaluces de una corrupción generalizada y prácticamente tildándonos de drogadictos a todos los andaluces; de Gabriel Albiac en ABC y de Salvador Sostres en El Mundo, donde se afirma que los andaluces son “menores de edad, pobrecitos, paletos y porteros”.
Al albur de la controversia política y más allá de los tópicos, estas personas han identificado de manera generalizada la corrupción, la inmoralidad y la pereza con el pueblo andaluz en su conjunto, lo que resulta de todo punto reprobable, máxime cuando lo que se está analizando es el ejercicio libre, responsable y democráticamente legítimo del voto.
El Grupo Socialista entiende que los análisis post-electorales no pueden basarse en argumentos ajenos a la propia libertad de opinión y elección de los andaluces recurriendo para ello a un ‘todo vale’, donde además de tercermundistas y analfabetos, entre otros adjetivos impropios, se identifica a los andaluces con la corrupción y la falta de criterio a la hora de ejercer su derecho a votar.
Interpretar los resultados asociados a expresiones como ‘paleto’, o ‘irresponsabilidad del pueblo’, hablar de ‘régimen perpetuado’ o de ‘olla podrida de corrupción’ para referirse a Andalucía, calificar a los electores como ‘menores de edad’ o ‘pobrecitos’, es una ofensa en toda regla sobre la que el conjunto de instituciones públicas democráticas de la Comunidad no pueden permanecer impasibles.
Igualmente no podemos dejar de pasar la portada de un periódico de tirada nacional, LA RAZON, el pasado 9 de mayo, en la que se criminalizaba a varios miembros del Sindicato de Estudiantes, utilizando unas prácticas denunciables ante los juzgados y que debemos rechazar públicamente, ante el acoso que se está recibiendo desde hace ya algún tiempo hacia los colectivos que ejerciendo el derecho de manifestación, de concentración o de crítica ante la situación económica y de recortes sociales, son perseguidos o son limitados en estos derechos constitucionales.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera propone para su aprobación los siguientes ACUERDOS
Primero.- Reprobar las declaraciones realizadas en la cadena Intereconomía desde la noche electoral del pasado 25 de marzo exigiendo la rectificación pública de todos los insultos vertidos sobre Andalucía.
Segundo.- Reprobar las declaraciones y artículos de Eduardo García Serrano, José Javier Esparza, Carmen Tomás, Javier Horcajo, Fernando Sánchez Dragó, Gabriel Albiac y Salvador Sostres exigiendo la rectificación pública de todos los insultos vertidos sobre Andalucía.
Tercero .- Reprobar la portada del día 9 de mayo de 2012 del diario público La Razón, por intentar criminalizar la actuación de miembros de un colectivo sindical y representativo de nuestra sociedad.
Cuarto .- Presentar una queja formal al Consejo Audiovisual de Andalucía por si alguna de estas descalificaciones pudieran ser consideradas ilícitas en el marco legal europeo según la vigente Ley de Comunicación Audiovisual.
En Jimena de la Frontera a 8 de Mayo de 2.012.
EL PORTAVOZ Fdo.: Pascual L. Collado Saraiva.
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