lunes, 26 de diciembre de 2011

Secretarios e interventores critican el "acoso generalizado" que sufren en los ayuntamientos

Leído en el diario Europa Sur. Por su interés reproducimos esta noticia.
El colectivo, que aglutina a un centenar de profesionales, se rebela contra las presiones ejercidas por parte de gobernantes municipales, concejales de la oposición e incluso algunos comités de empresaFco. Sánchez Zambrano
Los secretarios, interventores y tesoreros de los ayuntamientos de la provincia de Cádiz han decidido poner pie en pared y criticar sin tapujos el "acoso generalizado" que aseguran que vienen sufriendo en buena parte de los consistorios gaditanos. Esas presiones en su labor cotidiana vienen siendo ejercidas no sólo por los gobernantes municipales sino también, aseguran, por concejales de la oposición e incluso por algún comité de empresa. 
El último caso que ha terminado por encender los ánimos de este colectivo de profesionales aglutinados en Cosital (Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local) ha sucedido en Los Barrios, donde la secretaria general, que también lleva cuatro meses sin cobrar al igual que el resto de la plantilla municipal, recibió un escrito del comité de empresa donde, según asegura este colectivo, se le instaba a no emitir un informe dando validez a la propuesta de presupuestos elaborado por el gobierno local que conllevaría la aplicación de un ERE en el Ayuntamiento, entendiendo que el mismo supondría un delito de prevaricación.
Desde Cosital se recrimina la acción de los representantes de los trabajadores, apostillando que "no vamos a consentir que se violente o se presione a esta secretaría general o a otro funcionario perteneciente a este colectivo", anunciando incluso acciones judiciales "contra todos aquellos que intenten manipular la rectitud e integridad funcionarial sujeta al exclusivo imperio de la ley". 
Pero el caso de Los Barrios no es una excepción. Este Colegio Profesional asegura que "en muchos ayuntamientos de la provincia" conductas "injustificadas" de responsables políticos están causando "una alarmante presión" contra el colectivo de secretarios, interventores y tesoreros. El presidente de Cosital-Cádiz, Antonio Aragón Román, recuerda que estos profesionales realizan sus funciones de asesoramiento jurídico y económico "desde la más estricta objetividad e independencia política" pero afirma que, sin embargo, en los últimos años están sufriendo presiones "para que informemos en un determinado sentido o cambiemos el contenido de los informes, e incluso para que falseemos certificados y expedientes administrativos". 
Lejos de quedarse ahí la cosa, aseguran que reciben amenazas injustificadas y acoso laboral, que son objeto de ridiculización en reuniones oficiales y ante los medios de comunicación por parte de los representantes políticos y que también, en algunos casos, han sufrido la retirada de medios personales y técnicos, lo que les impide realizar sus funciones. 
Los secretarios, interventores y tesoreros de administración local que ejercen su labor en la provincia de Cádiz afirman además que, lejos de ser respetados por la clase política en el ejercicio de sus obligaciones, algunos incluso se encuentran inmersos en procesos penales por actuaciones, aseguran a rajatabla, en los que los miembros de este colectivo no han intervenido. En concreto, en la actualidad existen cinco imputaciones en la provincia contra miembros de Cosital-Cádiz. 
Para colmo, denuncian sentirse en situación de desamparo por el resto de las administraciones públicas, lo que les obliga a depender de los propios órganos políticos locales de cuya legalidad y actuación económica tienen que informar o controlar. 
Para evitar que se repitan actuaciones en los que este colectivo reciba presiones de políticos pretendiendo informes jurídicos y/o económicos "a la medida", este Colegio Oficial, según explica Antonio Aragón, ha aprobado un protocolo para la salvaguarda del ejercicio de sus funciones y para evitar el acoso profesional, el cual contempla la adopción "de todo tipo de acciones judiciales para el amparo de los compañeros que son víctimas de este tipo de conductas irregulares".

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