domingo, 13 de octubre de 2013

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MANIFIESTO ‘POR UNA ALMORAIMA PÚBLICA’

Según la información aparecida en los medios de comunicación del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y la Dirección de la empresa “La Almoraima SA”, se ha decidido privatizar esta empresa en un breve plazo de tiempo.

Cabe recordar que la empresa “La Almoraima SA” con algo más de 14.000 hectáreas ocupa casi el 80% del término municipal de Castellar de la Frontera y da empleo fijo a 50 personas y otros 50 empleos temporales a lo largo del año, la mayoría vecinos/as de Castellar de la Frontera.

En estos momentos de grave y prolongada crisis económica, la noticia de la privatización de esta empresa crea una gran incertidumbre sobre el futuro de la plantilla y deja al pueblo de Castellar de la Frontera sin un instrumento fundamental como es la empresa pública para poder desarrollar proyectos que creen empleo de calidad en nuestro pueblo. No se puede olvidar que tenemos una tasa de paro de aproximadamente 500 vecinos, es decir cerca de un 40% de la población activa local. Además, una finca de estas características debe generar posibilidades reales de empleo en toda la comarca del Campo de Gibraltar.

La Almoraima SA constituye un elemento singular dentro del conjunto de valiosos recursos naturales, paisajísticos y culturales

La finca “La Almoraima SA” cumple en Castellar de la Frontera y en el resto del Campo de Gibraltar una función social y económica muy importante que tenemos que preservar y defender ante intereses económicos privados desconocidos y que  no tienen porqué coincidir con el interés general de la población.

Atendiendo a las razones expuestas anteriormente, desde la Plataforma Ciudadana ‘Por una Almoraima Pública’ pedimos al Gobierno de España:
a)     Rechazar la iniciativa del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España, de vender y privatizar la Finca Pública LA ALMORAIMA.
b) Que se retire el procedimiento iniciado de venta de dicha Finca.
c) Que se estudien las potencialidades de desarrollo económico y social que tiene la finca desde una perspectiva pública.
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