Nota de prensa del ayuntamiento de Castellar.
CASTELLAR INICIARÁ LA MODIFICACIÓN DEL PGOU PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE LAS LICENCIAS DE LOS PROYECTOS FOTOVOLTAICOS
La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, y el Presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Juan Lozano, han mantenido esta mañana una reunión en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Castellar de la Frontera con los alcaldes de Casares, José Carrasco, San Martín del Tesorillo, Jesús Fernández, Jimena dela Frontera, Francisco Gómez y San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, junto al alcalde castellarense, Adrián Vaca.
Tras analizar la situación actual del conflicto derivado de la ubicación de los proyectos fotovoltaicos en sus respectivos municipios, sus dirigentes han tomado una serie de decisiones.
En este sentido, desde el Ayuntamiento de Castellar, el alcalde ha anunciado que iniciará los trámites para formular una modificación del PGOU, elevando a pleno la Petición de Zona Especial de Protección Agrícola para defender de cualquier amenaza a su franja de desarrollo agrario, una iniciativa que, como anunciaban posteriormente, ha mostrado también predisposición para ejecutarse por el Ayuntamiento de Casares. “Esta modificación nos permitirá suspender durante un plazo las licencias de obras para las actuaciones programadas y nos dará margen para ordenar, permitir o no permitir, esos trazados planteados” manifestaba.
El total de alcaldes de municipios afectados por los proyectos fotovoltaicos volverá a reclamar a la Junta de Andalucía una moratoria con reuniones con distintas Consejerías con competencias al respecto. “La ordenación debe ser supervisada y sobre todo, justa. Queremos una implantación de industrias limpias con una transición con la que nadie pierda en el camino”, destacaba.
En nombre de todos los ayuntamientos, excusando la ausencia del alcalde de Gaucín, por motivos relacionados con la pandemia, y agradeciendo la presencia del alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, Vaca ha aplaudido la lealtad institucional y la altura de miras de la Diputación de Cádiz y su presidenta. “La diputación es fundamental para sellar nuestra alianza ante una realidad transformadora que no sólo afecta a nuestros pueblos, los de los alcaldes aquí presentes, esto es un problema que afecta a toda la comunidad andaluza”, apostaba.
Por su parte, Macías ha definido a los seis alcaldes gaditanos y malagueños como “responsables y valientes” por el coste que esta postura supone para sus intereses económicos y por priorizar una transición ecológica justa que ponga en órbita los intereses de los pueblos y el desarrollo sostenible ante todo.
Todas las administraciones reunidas han acordado solicitar distintas reuniones ante la Junta de Andalucía y el Gobierno de España para defender una implantación fotovoltaica justa para todos.
Hay que recordar que en la actualidad se contemplan seis proyectos de instalación de plantas fotovoltaicas en la comarca, con incidencia en estos municipios y que suman más de 3.100 hectáreas de superficie y más de 1.100 megawatios de potencia. Esos números se traducen en plantas, subestaciones y líneas de alta tensión para la evacuación que saturan en algunos casos las proyecciones municipales y que han despertado un amplio rechazo por parte de colectivos y ciudadanía en general, además de la preocupación en los respectivos ayuntamientos.
A la finalización de la reunión, Irene García ha expuesto que la intención de la Diputación en este conflicto es servir para “rearmar la voz de los ayuntamientos” y tender la mano para fortalecer la alianza en la comarca, en la provincia y, por extensión, en toda Andalucía para exigir que la Junta desarrolle “una planificación que permita que los municipios crezcan, que se genere empleo, favoreciendo un desarrollo sostenible, pero ligándolo todo al mantenimiento de las fortalezas que tenemos en cada uno de nuestros pueblos y ciudades”.
Por todo esto la Diputación tomará la iniciativa para reclamar nuevas reuniones a la Junta de Andalucía para exigir ese plan. Además, se pedirá al Ministerio de Transición Ecológica información para saber “qué es lo que se pretende desarrollar en virtud de estas instalaciones fotovoltaicas”.
“No es un freno al crecimiento, sino la necesidad de hacer un impasse para poder desarrollar un desarrollo razonable de los municipios. Apoyamos la decisión de solicitar una moratoria a la Junta de Andalucía y se va a apoyar a los ayuntamientos afectados a la hora de plantear modificaciones en sus planeamientos urbanísticos ante la falta de recursos que tienen las instituciones locales”, ha dicho la presidenta.
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