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La Voz Digirtal. Por su interés reproducimos esta noticia.
Eloisa García, la madre del pequeño de doce años de edad, solicita que su hijo cuente con un monitor de apoyo a tiempo completo, como el curso pasadoANTONIO ROMERO
Eloisa García es una vecina de Jimena de la Frontera que denuncia públicamente lo que considera un caso de «discriminación y marginación» del sistema educativo con su hijo. El mismo, Martín, tiene doce años y padece una parálisis cerebral, por lo que necesita de apoyo para poder asistir a sus clases de Segundo de Educación Secundaria en el IES Hozgarganta.
Esta madre entiende que su hijo necesita el apoyo de un monitor, a tiempo completo, para poder asistir a clase. Algo que si tenía el curso pasado pero que actualmente no tiene a su servicio. Ella destaca que sólo recibe este apoyo durante 14 horas semanales y el resto es una profesora de Pedagogía Teraupética quien se ocupa del pequeño. Ella entiende que «esta profesora no está para llevarlo al servicio y prestarle la misma atención que el monitor», además añade que «actualmente esta pedagoga se encuentra de baja y mi hijo recibe aún peor atención».
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Martín tiene 12 años y una parálisis cerebral, con un grado total de minusvalía de 79 por ciento, (grado III de dependencia, el máximo, según la Ley de Dependencia). Además, tiene afectado el sistema psicomotor, por lo que carece de autonomía para desplazarse, comer, coger un libro, incluso pasar las páginas. «Él no podrá correr, pero con su mente es capaz de volar», apunta su madre. Añadiendo que «le fascina todo lo nuevo que aprende, mientras otros niños juegan a la pelota, el juega con los países y sus capitales, con las multiplicaciones, con el uso de la b y la v, etc». Con su esfuerzo constante y los medios adaptados a su discapacidad, ha conseguido llegar a Segundo de ESO sin repetir ningún curso y «aprobando todas las asignaturas y con notas buenas», asegura.
Eloisa García entiende que al no posibilitar el acceso de su hijo a la Educación, en condiciones, se vulneran derecho recogidos en la Constitución Española, así como los que se recogen en la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales. Por lo que asegura que no sólo se niega a su hijo el derecho a la educación, sino que además «los niños de su clase ven, en primera fila, como la Administración abandona a uno de sus compañeros y no cumple con la norma básica de convivencia de todos los españoles, precisamente en el que más lo necesita». Añadiendo que esto es una «mala didáctica y mal ejemplo para las generaciones futuras».
Al mismo tiempo, asegura que «este calvario no es nuevo», ya que el curso escolar pasado «tuvimos que sufrir las mismas consecuencias, de una Administración que no se preocupa y vela por los derechos de todos los niños, incluidos los que tienen necesidades educativas especiales, siento como si para ellos fueran un estorbo o no lo demasiado importantes para empezar el curso con normalidad». El año pasado, asevera, no se pudo escolarizar por el mismo motivo, no tener monitor, solucionaron el problema tres semanas después, y él demostró durante todo el curso su capacidad de aprender y consiguió los objetivos educativos propuestos.
La madre de Martín se muestra descontenta con la solución que le ofreció Educación y que actualmente se está llevando a cabo. En concreto, se está compartiendo monitor con otros centros educativos. Ella exige que el monitor permanezca con Martín todo el tiempo que tiene que estar en el centro educativo porque si no «se limitan a abandonarlo en una clase y que sea sólo un espectador».
