Nota de prensa del Foro por la Memoria Históricia del Campo de Gibraltar.
Desde la Junta Directiva del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar hemos recibido con suma preocupación el auto de procesamiento del Juez Garzón.
Los argumentos utilizados por ese auto nos llevan a pensar que son varias las razones que conducen a esta situación.
En primer lugar, Baltasar Garzón ha cometido la osadía de ser el primero, y hasta ahora único, juez que ha abierto un proceso penal para investigar los crímenes del franquismo en su conjunto. Y, si bien es cierto que se inhibió a favor de diversos juzgados territoriales, no lo es menos que siempre es posible reabrir esa causa u otra similar cuando los recursos presentados sean resueltos por el Tribunal Supremo. Además, este procesamiento también sirve, a modo de aviso a los navegantes, para aquellos jueces de instrucción que tienen pendiente la apertura de una fosa no se aventuren a procesar a algún franquista por los gravísimos delitos cometidos. En palabras del Juez Zaffaroni,” da la sensación de que España trata de ocultar la existencia de crímenes contra la humanidad”.
El origen de esa ocultación lo encontramos en el “pacto de silencio, olvido y ocultación” que se cerró durante la Transición por los partidos políticos y la causa que abrió el juez Garzón, y que podría abrir cualquier otro juez territorial, rompería ese pacto y dejaría al descubierto la dudosa legitimidad de diversas instituciones del Estado.
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Asistimos a un nuevo episodio de la “justicia al revés”. Del mismo modo que el franquismo procesó por adhesión a la rebelión a aquellos que habían defendido el régimen republicano y democrático, la democracia del siglo XXI procesa a quien quiere investigar los crímenes más horrendos que se pueden cometer, los de lesa humanidad, eso sí, cuando se trata de españoles, pero no cuando hay que investigar a argentinos, chinos, norteamericanos, guatemaltecos o cualquier otra nacionalidad.
El papel de la Fiscalía de la Audiencia Nacional también ha contribuido a la situación en que ahora nos encontramos. No se opuso a la investigación del juez Garzón cuando no tenía mucha trascendencia, ahora bien, cuando convirtió las actuaciones en un verdadero proceso con la intención de encausar a presuntos delincuentes, la Fiscalía actuó en contra de las decisiones judiciales en lugar de velar por los derechos de las víctimas del franquismo y actuar para que se persiga a los delincuentes.
No podemos ni siquiera imaginar que en Alemania fuesen procesados los jueces que conformaron el Tribunal de Núremberg y que, a la postre, consiguieron el primer procesamiento y condena de los gerifaltes nazis como consecuencia de sus responsabilidades en el exterminio producido en los campos de concentración, entre otros gravísimos crímenes de guerra, contra la paz, etc.
El auto de procesamiento utiliza la Ley de Amnistía de 1977 como argumento para justificar la imposibilidad de investigar los gravísimos crímenes del franquismo. Sin embargo, las leyes de impunidad son nulas de acuerdo con el Derecho Internacional y, a mayor abundamiento, España ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos varios meses antes de la aprobación de dicha ley lo que nos lleva a sostener la nulidad de la Ley de Amnistía porque impide que las víctimas puedan utilizar un “recurso efectivo” para procesar a los delincuentes y obtener la justa reparación. En el mismo sentido, se pronuncian el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
Ha llegado el momento de solicitar abiertamente la declaración de nulidad de la Ley de Amnistía para que ningún juez o autoridad administrativa vuelva a citarla como válida y eficaz. Corresponde al Gobierno de España iniciar la tramitación de esa declaración y sobre él pesará no hacerlo. También corresponde al Gobierno impulsar el procesamiento de los criminales franquistas y a la Fiscalía llevar a efecto las diversas acusaciones.
Finalmente, asistimos a un episodio más de la legitimación del régimen franquista que no es sino una nueva llamada de atención al movimiento memorialista en relación con los límites “históricos” a la hora de recuperar la memoria de miles de personas que todavía se encuentran en fosas comunes distribuidas por el territorio nacional y, en definitiva, para que los tres grandes principios del Derechos Internacional no puedan llevarse a efecto en España: VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO.
CONVOCAMOS a todo el movimiento memorialista y a las fuerzas políticas democráticas a que, de forma conjunta y coordinada, denuncien la nulidad de la Ley de Amnistía y exijan el cumplimiento de los tres principios del Derecho Internacional.
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