Leído en el diario
Europa Sur. Por su interés reproducimos esta noticia.
El criterio, tener obras en curso, se obvió en la construcción de 4 apartamentosA. Rodríguez
La secretaria general del Ayuntamiento de Jimena ha comunicado a la Fiscalía de Cádiz y al juzgado número 1 de San Roque –que instruye el proceso judicial en torno a la zona de Los Chorros– que la remisión a la Fiscalía de varios expedientes sancionadores abiertos de oficio en la zona estuvo condicionada por una decisión del alcalde, Pascual Collado.
En el oficio, al que ha tenido acceso este diario y fechado el 3 de diciembre de 2008, la secretaria, Cristina Barrera, elabora un listado de los 29 expedientes de disciplina urbanística abiertos por el Consistorio entre 2006 y 2008 por edificar en Los Chorros sin licencia, zona que en ese momento estaba calificada como suelo rústico. La secretaria destaca que “de todos ellos, algunos no fueron remitidos a este Ministerio por disposición expresa del señor alcalde, que estableció una diferencia entre las viviendas en curso de ejecución y las terminadas y habitadas a cuyos ocupantes no quería perjudicar”.
Así, las construcciones que aparecen como sancionadas por el Ayuntamiento y cuyo expediente no ha sido comunicado al juzgado constan como “terminadas” salvo una, que se define como “construcción de cuatro apartamentos en curso”, que tampoco fue enviada a Fiscalía y sobre la que no se alegó, según el documento.
--
-El alcalde de Jimena, Pascual Collado. Foto:Europa Sur-
En total, la Fiscalía recibió 18 expedientes –la mayoría en septiembre y octubre de 2007– que generaron otras tantas imputaciones a sus propietarios por supuestos delitos contra la ordenación territorial. Los perjudicados por esta decisión consideran que esta distinción es arbitraria y podría ser constitutiva de un delito de prevaricación por parte de la primera autoridad municipal.
La secretaria justifica la elaboración del oficio donde acuerda agrupar todos los expedientes, remitidos o no a la Fiscalía, en que no posee dudas respecto a su obligación de acometer este paso. “Aunque en su momento me cabía la duda de si aún siendo ésa la decisión que tomaba el señor alcalde mi deber era remitirlas, ahora ya no tengo ninguna al respecto”, recoge el documento.
Los vecinos perjudicados sostienen que la remisión a la Fiscalía de los expedientes se realizó sin que concluyera el plazo de alegaciones permitido tras la visita de Inspección Urbanística. En la ficha enviada por la secretaria constan fechas de envío a la Fiscalía anteriores a la de presentación de alegaciones –con fecha y número de entrada–, si bien no se consigna si éstas fueron registradas dentro del plazo, como sostienen los afectados.
El juzgado sanroqueño se encuentra inmerso en el proceso de instrucción de la causa mediante la toma de declaración a los vecinos imputados como consecuencia del traslado de dichos expedientes a la Fiscalía. Así mismo, responsables políticos como Fernando Gómez –concejal de Urbanismo–, o el ex alcalde Ildefonso Gómez han sido llamados a declarar en la causa.
La defensa de parte de los vecinos ha solicitado el sobreseimiento del procedimiento al considerar que la iniciativa de regularización del suelo realizada en los últimos meses, que ha transformado la zona de rústica a urbanizable mediante una modificación puntual, da pie a la regulación de las viviendas. El Consistorio ha defendido este proceso –autorizado por la Junta de Andalucía– como una solución a la situación irregular de las viviendas y para permitir además la edificación de pisos protegidos. Este diario intentó contactar con Pascual Collado para que expusiera su versión en torno al caso, sin conseguirlo.
.jpg)
