Leído en el diario Sur.Por su interés reproducimos esta noticia.
El PSOE presentará mociones en 15 municipios para que no se compre en el comercio rondeño, dado que muchos vecinos de la Serranía se desplazan para sus compras a Ronda.
La medida se debe a que las personas no empadronadas en la ciudad tienen que pagar más por el uso de instalaciones
El PSOE presentará mociones en 15 municipios para que no se compre en el comercio rondeño, dado que muchos vecinos de la Serranía se desplazan para sus compras a Ronda.
La medida se debe a que las personas no empadronadas en la ciudad tienen que pagar más por el uso de instalaciones
El PP afirma que se trata de una estrategia de desprestigio
ESTHER TIMONET
Los concejales socialistas de quince municipios del Valle del Genal han tomado la decisión de presentar mociones en los próximos plenos de sus respectivos Ayuntamientos para protestar contra la decisión adoptada por el equipo de gobierno rondeño (PA-PP) con respecto a la subida de tasas municipales.
ESTHER TIMONET
Los concejales socialistas de quince municipios del Valle del Genal han tomado la decisión de presentar mociones en los próximos plenos de sus respectivos Ayuntamientos para protestar contra la decisión adoptada por el equipo de gobierno rondeño (PA-PP) con respecto a la subida de tasas municipales.
Además, los ediles aconsejarán a sus conciudadanos que no acudan a los comercios de la ciudad del Tajo a realizar sus compras, como hacen de manera habitual, sino que se dirijan a otros establecimientos situados en la Costa del Sol, por ejemplo.
La razón que les ha llevado a adoptar estas medidas es una normativa que aprobó el Consistorio rondeño el pasado mes de diciembre mediante la cual se determinaba que los usuarios de las instalaciones deportivas que no estuviesen empadronados en la ciudad tendrían que abonar una cantidad mayor que los que sí lo estuvieran.
Ante esta medida, concejales socialistas de varios pueblos como Pujerra, Faraján o Igualeja se reunieron y llegaron a la conclusión de que era necesario llevar a cabo alguna protesta contra esta decisión, ya que la consideraron claramente discriminatoria. Algunos de estos ediles, como el igualejeño Cristóbal Gil, manifestó al respecto que han hecho cuentas y han llegado a la conclusión de que un vecino de su municipio pagará alrededor de 90 euros más al año por el uso de instalaciones como la piscina cubierta, un servicio que, en su opinión, no se puede considerar como un artículo de lujo, ya que algunas personas necesitan hacer cursos especiales de natación por prescripción médica.
Francisco Cañestro, secretario local de los socialistas rondeños, afirmó que este tipo de medidas adoptadas por el actual equipo de gobierno resultan excluyentes y tal y como se están desarrollando los acontecimientos pueden acabar resultando perjudiciales para sectores económicos de la ciudad como el comercio.
Hasta ahora, la única reacción por parte del Consistorio ha llegado por parte de la primer teniente de alcalde, la popular Begoña Chacón, quien ha manifestado que se trata de otra de las estrategias ideadas por los socialistas para desprestigiar al gobierno y que «lo que hacen es utilizar a los ciudadanos de la comarca como arma arrojadiza».