-La comparsa de San Pablo el año pasado en una actuación en la Casa de la Cultura Enrique Tierno Galván-
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La actitud del PSOE fue tachada de ilegal por el PA en base a lo dispuesto en el art. 48 del Reglamento de Policía Mortuoria de Andalucía que establece, en relación a la clausura de cementerios que, “La clausura de un cementerio requerirá el siguiente procedimiento:
- Suspensión definitiva de enterramiento previa Resolución del Delegado Provincial de la Consejería de Salud, a petición del Ayuntamiento o del titular del cementerio.
- Transcurridos 10 años desde la última inhumación, el Ayuntamiento podrá iniciar el expediente de clausura definitiva, que conllevará la exhumación y posterior inhumación o cremación de los restos en otro cementerio.
- El Ayuntamiento o, en su caso, el titular del cementerio estará obligado a informar sobre sus intenciones con una antelación mínima de 3 meses, mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado; el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el Boletín Oficial de la Provincia y el periódico de mayor tirada de la provincia, a fin de que las familias de los inhumados puedan adoptar las medidas que su derecho les permita.
- Finalizados los trámites anteriores, el Delegado Provincial de la Consejería de Salud dictará Resolución autorizando la clausura definitiva, pudiendo ser exhumados de oficio los restos cadavéricos existentes.”
De este modo, el PA denuncia los reiterados incumplimientos de Collado a la legalidad vigente, en primer lugar porque hasta la fecha no se nos ha presentado la preceptiva resolución del Delegado Provincial de la Consejería de Salud, que probablemente ni haya sido informado. Igualmente señalan fuentes Andalucistas que “la legislación es clara, y desmonta las mentiras vertidas reiteradamente por el PSOE sobre el sostenimiento de las instalaciones indefinidamente: en 10 años el Ayuntamiento iniciaría el expediente de clausura definitiva, con lo que la obligación del traslado total no era tan lejana”.
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Por último el PA resaltó que el Ayuntamiento sólo advirtió de sus intenciones con una escueta nota de prensa cuatro días antes de firmar el decreto de urgencia.
Además de la documentación solicitada el mes pasado, sobre la que hasta la fecha Collado se ha negado a responder, los Andalucistas pedirán las estadísticas y acceso al registro indicado en el art. 49 del citado reglamento, de modo que se puedan comprobar los traslados que ya se han llevado a cabo y el motivo de los mismos, en clara alusión a la información que empleados municipales vienen dando a los vecinos sobre una supuesta obligación del traslado en fechas recientes.
El PA espera remitir en breve la memoria de actuaciones e incumplimientos a la administración competente para que se pronuncie sobre el procedimiento, además del correspondiente informe a la Fiscalía por si las actuaciones fueran constitutivas de delito. “Aunque en principio achacamos los incumplimientos a la inexperiencia de Collado y su gobierno chapuza, las mentiras evidentes que han regido su actuación posterior entendemos que dan buena muestra de la mala fe con la que se ha actuado, y como es nuestra obligación lo pondremos en conocimiento de la autoridad competente.”, finalizaron.
