La Secretaria del Ayuntamiento de Jimena junto a José Antonio Castilla concejal del PA-----------------
Remitido por el Partido Andalucista.
“Es evidente que se trata de coartar la libertad de expresión e información”.
El Partido Andalucista ha denunciado el endurecimiento de la opacidad informativa desde que Pascual Collado se hiciera cargo del gobierno municipal. “Es evidente que ciertas medidas se encaminan directamente a coartar nuestra libertad de expresión e información, tales como prohibir el acceso, copia o incluso realizar simples anotaciones de documentos teóricamente públicos”, indicaron.
Además de las negativas citadas, “cuya certificación se nos niega, por lo cual entendemos que son conocedores de la ilegalidad que están cometiendo”, los Andalucistas se refirieron a las últimas comunicaciones de la Secretaría General, en las que se amenaza directamente con sancionar a los ediles de la oposición si hacen públicos dos informes relativos a los salarios de los ediles.
En ellos, la Secretaria Provisional Cristina Barrera, advierte a los portavoces sobre distinta normativa por la que el Alcalde podría sancionarles si hacen públicos los documentos que se le entregan, “algo absurdo si se tiene en cuenta que son informes que pasan por una sesión pública y se refieren a algo tan público como el sueldo que van a percibir nuestros gobernantes, por lo que lo consideramos totalmente fuera de lugar”, insistieron.
En el texto remitido Barrera les indica que “Se le advierte que, de conformidad con lo previsto en el art. 16.3 del R.D. 2568/86 (...) tiene un deber de guardar reserva en relación con las informaciones que se le faciliten...”, insistiendo finalmente en que “El incumplimiento de este deber por su parte, conllevará las consecuencias previstas en el art. 78.4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril y 73 del RDL 781/86, de 18 de Abril”. Los citados artículos indican las sanciones máximas que podrá disponer el Alcalde por incumplimiento de las ordenanzas, aunque en realidad Jimena no dispone de Reglamento Orgánico Municipal, por lo que los ediles indican que resulta difícil entender a qué puede referirse Barrera con su advertencia.
No obstante, la citada notificación entienden en el PA que se enmarca dentro de las medidas “adoptadas por Pascual Collado para impedir la libre información de los ciudadanos, ya que si pretende convencernos de que todo es obra de la Secretaria Provisional será mejor que le pase el bastón de la Alcaldía y ya sabremos todos quien toma las decisiones en este Ayuntamiento”, ironizaron.
Por su parte la Sra. Barrera, como Secretaria Provisional del Ayuntamiento, no ha respondido a las peticiones ni recursos del Partido Andalucista, por lo que esta formación se encuentra estudiando vías alternativas para evitar “el bloqueo para el que al parecer ha sido designada”, finalizaron.
El Partido Andalucista ha denunciado el endurecimiento de la opacidad informativa desde que Pascual Collado se hiciera cargo del gobierno municipal. “Es evidente que ciertas medidas se encaminan directamente a coartar nuestra libertad de expresión e información, tales como prohibir el acceso, copia o incluso realizar simples anotaciones de documentos teóricamente públicos”, indicaron.
Además de las negativas citadas, “cuya certificación se nos niega, por lo cual entendemos que son conocedores de la ilegalidad que están cometiendo”, los Andalucistas se refirieron a las últimas comunicaciones de la Secretaría General, en las que se amenaza directamente con sancionar a los ediles de la oposición si hacen públicos dos informes relativos a los salarios de los ediles.
En ellos, la Secretaria Provisional Cristina Barrera, advierte a los portavoces sobre distinta normativa por la que el Alcalde podría sancionarles si hacen públicos los documentos que se le entregan, “algo absurdo si se tiene en cuenta que son informes que pasan por una sesión pública y se refieren a algo tan público como el sueldo que van a percibir nuestros gobernantes, por lo que lo consideramos totalmente fuera de lugar”, insistieron.
En el texto remitido Barrera les indica que “Se le advierte que, de conformidad con lo previsto en el art. 16.3 del R.D. 2568/86 (...) tiene un deber de guardar reserva en relación con las informaciones que se le faciliten...”, insistiendo finalmente en que “El incumplimiento de este deber por su parte, conllevará las consecuencias previstas en el art. 78.4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril y 73 del RDL 781/86, de 18 de Abril”. Los citados artículos indican las sanciones máximas que podrá disponer el Alcalde por incumplimiento de las ordenanzas, aunque en realidad Jimena no dispone de Reglamento Orgánico Municipal, por lo que los ediles indican que resulta difícil entender a qué puede referirse Barrera con su advertencia.
No obstante, la citada notificación entienden en el PA que se enmarca dentro de las medidas “adoptadas por Pascual Collado para impedir la libre información de los ciudadanos, ya que si pretende convencernos de que todo es obra de la Secretaria Provisional será mejor que le pase el bastón de la Alcaldía y ya sabremos todos quien toma las decisiones en este Ayuntamiento”, ironizaron.
Por su parte la Sra. Barrera, como Secretaria Provisional del Ayuntamiento, no ha respondido a las peticiones ni recursos del Partido Andalucista, por lo que esta formación se encuentra estudiando vías alternativas para evitar “el bloqueo para el que al parecer ha sido designada”, finalizaron.
