Remitido por el Partido Andalucista.
El Partido Andalucista considera “insultante que siga sin dar explicaciones sobre el estado de los convenios firmados, ni las gestiones que llevó a cabo con implicados en operaciones contra el blanqueo de capitales, máxime cuando llevamos tres de tres operaciones en los últimos tres años en las que aparecen negro sobre blanco el nombre del Alcalde y de detenidos por blanqueo.”
De este modo, tras saltar a la palestra en primer lugar por la operación Ballena Blanca en el año 2.005, ”nos dijeron que había sido mala suerte. Después en 2.006 nos salpica la operación Malaya, y salen a relucir licencias contrarias a la ordenación del territorio como La Morisca, y un año después resulta que también firmó acuerdos con los implicados en el tercer caso policial de estas características.”
En concreto, los Andalucistas se refirieron al Convenio Urbanístico nº 11, conocido como “El Juncal”, que el Alcalde de Jimena firmó junto a Rafael Cruz Conde y Suárez de Tangil, en representación de Sun Belt Agriculture, y a Juan de Rivera Ballesteros, en representación de Sotovalle Sur S.L.”, cuyo edicto fue publicado en el BOP nº 46 de 10 de Marzo de 2.006.
Según este convenio urbanístico, el equipo de gobierno acordó recalificar a estas empresas 410 hectáreas para la construcción de 4.100 viviendas con un volumen total de 492.000 metros cuadrados construidos, un campo de golf y un hotel con 250 plazas. Sin embargo, los Andalucistas destacan que “son tan chapuceros los convenios que hasta se equivocan al contar las viviendas, y aunque en la página 3 indica 4.100, si sumamos las viviendas de cada tipo nos aparecen 5.330 viviendas. Además tenían la desfachatez de indicar que sus planes “determinan un equilibrio entre el crecimiento urbanístico ordenado y el mantenimiento de unas circunstancias medioambientales y de calidad de vida que existen en el término, que nos lleven a conservarlas dentro de un desarrollo sostenible del municipio.”
Los Andalucistas indicaron que “no estamos para nada de acuerdo con el concepto de desarrollo sostenible que respalda el PSOE, y que tras tantas operaciones contra el blanqueo se ha demostrado que sólo han traído a especuladores a nuestro pueblo.”
“No nos parece normal que el Alcalde siga mirando para otro lado cuando sus maniobras urbanísticas nos hacen ser portada de los medios una y otra vez, escribiendo el nombre de nuestro pueblo al lado de imputados en casos tan graves de especulación urbanística y blanqueo de capitales, aunque su propio partido le haya apartado ya de las listas por ello.”
El Grupo Municipal Andalucista ha anunciado que solicitará un Pleno Extraordinario para aclarar el estado de los convenios urbanísticos, así como la forma en que llegaron al Ayuntamiento, entre los temas a tratar. “Nos parece más que evidente que puede existir una relación entre el cargo de asesor urbanístico -homólogo de Juan Antonio Roca- que ha seguido cobrando sus servicios pese a carecer de contrato y tener informes técnicos negativos, la firma compulsiva de casi una treintena de convenios urbanísticos incontrolados, las continuas implicaciones de éstos en operaciones policiales, y la situación de las arcas municipales y Patrimonio Municipal del Suelo.”, denunciaron.
Por último recordaron la existencia de “al menos dos convenios fantasma que no pueden hacerse públicos por expresa prohibición de Gómez, con el apoyo de su grupo, firmados con la empresa Las Limas de Gaucín S.L., por los que el Consistorio ha obtenido más de cuatro millones de euros cuyo destino no está nada claro.”.
De este modo, tras saltar a la palestra en primer lugar por la operación Ballena Blanca en el año 2.005, ”nos dijeron que había sido mala suerte. Después en 2.006 nos salpica la operación Malaya, y salen a relucir licencias contrarias a la ordenación del territorio como La Morisca, y un año después resulta que también firmó acuerdos con los implicados en el tercer caso policial de estas características.”
En concreto, los Andalucistas se refirieron al Convenio Urbanístico nº 11, conocido como “El Juncal”, que el Alcalde de Jimena firmó junto a Rafael Cruz Conde y Suárez de Tangil, en representación de Sun Belt Agriculture, y a Juan de Rivera Ballesteros, en representación de Sotovalle Sur S.L.”, cuyo edicto fue publicado en el BOP nº 46 de 10 de Marzo de 2.006.
Según este convenio urbanístico, el equipo de gobierno acordó recalificar a estas empresas 410 hectáreas para la construcción de 4.100 viviendas con un volumen total de 492.000 metros cuadrados construidos, un campo de golf y un hotel con 250 plazas. Sin embargo, los Andalucistas destacan que “son tan chapuceros los convenios que hasta se equivocan al contar las viviendas, y aunque en la página 3 indica 4.100, si sumamos las viviendas de cada tipo nos aparecen 5.330 viviendas. Además tenían la desfachatez de indicar que sus planes “determinan un equilibrio entre el crecimiento urbanístico ordenado y el mantenimiento de unas circunstancias medioambientales y de calidad de vida que existen en el término, que nos lleven a conservarlas dentro de un desarrollo sostenible del municipio.”
Los Andalucistas indicaron que “no estamos para nada de acuerdo con el concepto de desarrollo sostenible que respalda el PSOE, y que tras tantas operaciones contra el blanqueo se ha demostrado que sólo han traído a especuladores a nuestro pueblo.”
“No nos parece normal que el Alcalde siga mirando para otro lado cuando sus maniobras urbanísticas nos hacen ser portada de los medios una y otra vez, escribiendo el nombre de nuestro pueblo al lado de imputados en casos tan graves de especulación urbanística y blanqueo de capitales, aunque su propio partido le haya apartado ya de las listas por ello.”
El Grupo Municipal Andalucista ha anunciado que solicitará un Pleno Extraordinario para aclarar el estado de los convenios urbanísticos, así como la forma en que llegaron al Ayuntamiento, entre los temas a tratar. “Nos parece más que evidente que puede existir una relación entre el cargo de asesor urbanístico -homólogo de Juan Antonio Roca- que ha seguido cobrando sus servicios pese a carecer de contrato y tener informes técnicos negativos, la firma compulsiva de casi una treintena de convenios urbanísticos incontrolados, las continuas implicaciones de éstos en operaciones policiales, y la situación de las arcas municipales y Patrimonio Municipal del Suelo.”, denunciaron.
Por último recordaron la existencia de “al menos dos convenios fantasma que no pueden hacerse públicos por expresa prohibición de Gómez, con el apoyo de su grupo, firmados con la empresa Las Limas de Gaucín S.L., por los que el Consistorio ha obtenido más de cuatro millones de euros cuyo destino no está nada claro.”.
