Leído en el diario Europa Sur. Por su interés reproducimos esta noticia.
EVA REYES
Los Gobiernos de España, el Reino Unido y Gibraltar sellaron ayer en Córdoba un paquete histórico de acuerdos en el transcurso de la primera cumbre ministerial del foro tripartito de diálogo sobre el Peñón. Los acuerdos sobre el aeropuerto, las pensiones, las telecomunicaciones y el paso fronterizo han quedado plasmados en una declaración conjunta que posee dos anexos, uno sobre el uso conjunto del aeródromo y otro sobre la revalorización de las prestaciones.
Tras un largo encuentro en el Palacio de Viana de la capital cordobesa, el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, el ministro para Europa del Foreign Office, Geoff Hoon, y el ministro principal, Peter Caruana, comparecieron en rueda de prensa pero apenas ofrecieron detalles del acuerdo. Su contenido fue trasladado a la prensa a través de un comunicado y un briefing a cargo del director general de Política Exterior para Europa, José Pons, interlocutor español en el proceso, el domingo por la noche. Las tres delegaciones estuvieron reunidas durante la jornada del domingo.
El paquete de medidas se compone de cuatro acuerdos y la apertura de un instituto Cervantes en Gibraltar, que fue solicitada por el Gobierno español y bien acogida por las autoridades gibraltareñas. Tras su apertura, el instituto se convertirá en la primera institución oficial española en el Peñón tras el cierre del consulado el 10 de mayo de 1954.
En el tema del aeropuerto, en el que ha sido necesario superar las dificultades relacionadas con la controversia en torno al istmo -terreno sobre el que se asienta el aeródromo- y su carácter militar, las tres partes, que mantienen inamovibles sus posiciones jurídicas, han acordado la construcción de una única terminal contigua al lado sur de la Verja y con acceso directo desde La Línea de la Concepción. La gestión comercial corresponderá a España y Gibraltar a través de una empresa conjunta.
La declaración sobre el aeropuerto, que sustituye a la del 2 de diciembre de 1987 y levanta por tanto la suspensión en Gibraltar de las directrices de la Unión Europea en materia de aviación, exime de control alguno a los pasajeros que vayan de un aeropuerto español al Peñón y luego de nuevo a España; será igual en sentido contrario. En el caso de los pasajeros que tomen el vuelo directamente desde Gibraltar sin pasar antes por España, éstos deberán atravesar un control español de inmigración a cargo del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Para evitar la presencia de policías o aduaneros españoles en suelo gibraltareño, ese control se ejercerá en una primera planta que quedaría suspendida sobre territorio nacional. El Gobierno del Peñón construirá la terminal en un plazo aproximado de dos años mientras que España realizará, dentro del mismo periodo, las obras necesarias en el lado norte de la Verja.
De igual forma, será necesario encontrar una solución técnica adecuada y aceptable para el Gobierno de Gibraltar que incluya la construcción de un túnel en el extremo oriental del aeropuerto, con el fin de evitar el tráfico de vehículos que atraviesa la pista y una congestión aún mayor con el aumento del número de vuelos.
En lo que respecta al problema de los pensionistas españoles ex trabajadores de Gibraltar, el Reino Unido abonará a todos los pensionistas vivos o a sus viudas una cantidad equivalente a los retrasos desde 1989. El primer plazo se pagará en abril de 2007 y el segundo un año después. La cuantía total ascenderá, de forma orientativa, a unos 6.200 euros de media por afectado.
La aceptación del acuerdo por parte del pensionista será voluntaria e individual. En el caso de aceptar, tendrá que abandonar el sistema de pensiones de Gibraltar y pasar a depender de un fondo de pensiones británico. En consecuencia, tendrá derecho a los pagos futuros de un plan no contributivo que el Reino Unido creará y financiará a tal efecto. Este plan llevará a cabo pagos equivalentes a las anteriores pensiones del sistema gibraltareño pero incrementados hasta el importe que correspondería si las prestaciones no hubieran sido congeladas en 1989.
En el caso de que el pensionista opte por no adherirse al nuevo sistema, no recibirá los atrasos y permanecerá con su pensión congelada. Si el pensionista ha aceptado formalmente la oferta pero fallece antes de que se materialice el pago, sus herederos recibirán la cantidad a tanto alzado pero no los pagos futuros. Los herederos o los familiares de cualquier otro pensionista español afectado no tendrán derecho a reclamar ni la cantidad a tanto alzado ni los pagos posteriores.
El Gobierno de Gibraltar se dirigirá por escrito a los ex trabajadores en el plazo de un mes y el Reino Unido hará lo propio durante los próximos tres meses con una oferta individual. El afectado tendrá dos meses para contestar a esa oferta.
En cuanto al paso fronterizo, el Gobierno español, a través de la Agencia de Administración Tributaria, terminará este año las obras de mejora de sus instalaciones y las de la Guardia Civil. Cuando finalicen los trabajos, el acceso se realizará en régimen de doble carril en ambas direcciones y adoptará el sistema de canales rojos y verdes para personas y vehículos.
En materia de telecomunicaciones, España aceptará el código 350 para Gibraltar, una medida que entrará en vigor en un plazo de cuatro meses. A partir de entonces, los 30.000 números reservados por España para el acceso a la red de Gibraltar quedarán disponibles para su reasignación en territorio español. En esta decisión ha influido mucho la liberalización del mercado de las telecomunicaciones en el Peñón, que ya está abierto a cualquier operador del mundo. Por otro lado, España hará todo lo posible para que las llamadas desde Andalucía a Gibraltar sean consideradas como llamadas nacionales y no internacionales. Además, los Gobiernos solicitarán a sus respectivos operadores que lleguen a los oportunos acuerdos comerciales para propiciar que un teléfono adquirido en Gibraltar pueda también ser utilizado en España. El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, que tuvo un recuerdo para el ex jefe de la diplomacia británica, Jack Straw, con el que inició este nuevo proceso a finales de diciembre de 2004, afirmó que el foro ha dado un paso positivo que, sin embargo, no quiso calificar de histórico. "Será la Historia la que decida si lo es o no", puntualizó. Destacó el compromiso de las tres partes con el diálogo y que los acuerdos alcanzados beneficiarán sobre todo "a los ciudadanos de Gibraltar y de la comarca, que han sido siempre los grandes perjudicados". Por otro lado, Moratinos señaló que era necesario que el Peñón dejara de ser "un irritante" de las relaciones hispanobritánicas e hizo hincapié en el primer logro de este foro, el compromiso por escrito del Reino Unido de que el caso del submarino nuclear Tireless no volverá a repetirse. Añadió que el proceso tendrá continuidad y que una nueva cumbre ministerial tendrá lugar a finales de este año o principios del próximo.
Tras un largo encuentro en el Palacio de Viana de la capital cordobesa, el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, el ministro para Europa del Foreign Office, Geoff Hoon, y el ministro principal, Peter Caruana, comparecieron en rueda de prensa pero apenas ofrecieron detalles del acuerdo. Su contenido fue trasladado a la prensa a través de un comunicado y un briefing a cargo del director general de Política Exterior para Europa, José Pons, interlocutor español en el proceso, el domingo por la noche. Las tres delegaciones estuvieron reunidas durante la jornada del domingo.
El paquete de medidas se compone de cuatro acuerdos y la apertura de un instituto Cervantes en Gibraltar, que fue solicitada por el Gobierno español y bien acogida por las autoridades gibraltareñas. Tras su apertura, el instituto se convertirá en la primera institución oficial española en el Peñón tras el cierre del consulado el 10 de mayo de 1954.
En el tema del aeropuerto, en el que ha sido necesario superar las dificultades relacionadas con la controversia en torno al istmo -terreno sobre el que se asienta el aeródromo- y su carácter militar, las tres partes, que mantienen inamovibles sus posiciones jurídicas, han acordado la construcción de una única terminal contigua al lado sur de la Verja y con acceso directo desde La Línea de la Concepción. La gestión comercial corresponderá a España y Gibraltar a través de una empresa conjunta.
La declaración sobre el aeropuerto, que sustituye a la del 2 de diciembre de 1987 y levanta por tanto la suspensión en Gibraltar de las directrices de la Unión Europea en materia de aviación, exime de control alguno a los pasajeros que vayan de un aeropuerto español al Peñón y luego de nuevo a España; será igual en sentido contrario. En el caso de los pasajeros que tomen el vuelo directamente desde Gibraltar sin pasar antes por España, éstos deberán atravesar un control español de inmigración a cargo del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Para evitar la presencia de policías o aduaneros españoles en suelo gibraltareño, ese control se ejercerá en una primera planta que quedaría suspendida sobre territorio nacional. El Gobierno del Peñón construirá la terminal en un plazo aproximado de dos años mientras que España realizará, dentro del mismo periodo, las obras necesarias en el lado norte de la Verja.
De igual forma, será necesario encontrar una solución técnica adecuada y aceptable para el Gobierno de Gibraltar que incluya la construcción de un túnel en el extremo oriental del aeropuerto, con el fin de evitar el tráfico de vehículos que atraviesa la pista y una congestión aún mayor con el aumento del número de vuelos.
En lo que respecta al problema de los pensionistas españoles ex trabajadores de Gibraltar, el Reino Unido abonará a todos los pensionistas vivos o a sus viudas una cantidad equivalente a los retrasos desde 1989. El primer plazo se pagará en abril de 2007 y el segundo un año después. La cuantía total ascenderá, de forma orientativa, a unos 6.200 euros de media por afectado.
La aceptación del acuerdo por parte del pensionista será voluntaria e individual. En el caso de aceptar, tendrá que abandonar el sistema de pensiones de Gibraltar y pasar a depender de un fondo de pensiones británico. En consecuencia, tendrá derecho a los pagos futuros de un plan no contributivo que el Reino Unido creará y financiará a tal efecto. Este plan llevará a cabo pagos equivalentes a las anteriores pensiones del sistema gibraltareño pero incrementados hasta el importe que correspondería si las prestaciones no hubieran sido congeladas en 1989.
En el caso de que el pensionista opte por no adherirse al nuevo sistema, no recibirá los atrasos y permanecerá con su pensión congelada. Si el pensionista ha aceptado formalmente la oferta pero fallece antes de que se materialice el pago, sus herederos recibirán la cantidad a tanto alzado pero no los pagos futuros. Los herederos o los familiares de cualquier otro pensionista español afectado no tendrán derecho a reclamar ni la cantidad a tanto alzado ni los pagos posteriores.
El Gobierno de Gibraltar se dirigirá por escrito a los ex trabajadores en el plazo de un mes y el Reino Unido hará lo propio durante los próximos tres meses con una oferta individual. El afectado tendrá dos meses para contestar a esa oferta.
En cuanto al paso fronterizo, el Gobierno español, a través de la Agencia de Administración Tributaria, terminará este año las obras de mejora de sus instalaciones y las de la Guardia Civil. Cuando finalicen los trabajos, el acceso se realizará en régimen de doble carril en ambas direcciones y adoptará el sistema de canales rojos y verdes para personas y vehículos.
En materia de telecomunicaciones, España aceptará el código 350 para Gibraltar, una medida que entrará en vigor en un plazo de cuatro meses. A partir de entonces, los 30.000 números reservados por España para el acceso a la red de Gibraltar quedarán disponibles para su reasignación en territorio español. En esta decisión ha influido mucho la liberalización del mercado de las telecomunicaciones en el Peñón, que ya está abierto a cualquier operador del mundo. Por otro lado, España hará todo lo posible para que las llamadas desde Andalucía a Gibraltar sean consideradas como llamadas nacionales y no internacionales. Además, los Gobiernos solicitarán a sus respectivos operadores que lleguen a los oportunos acuerdos comerciales para propiciar que un teléfono adquirido en Gibraltar pueda también ser utilizado en España. El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, que tuvo un recuerdo para el ex jefe de la diplomacia británica, Jack Straw, con el que inició este nuevo proceso a finales de diciembre de 2004, afirmó que el foro ha dado un paso positivo que, sin embargo, no quiso calificar de histórico. "Será la Historia la que decida si lo es o no", puntualizó. Destacó el compromiso de las tres partes con el diálogo y que los acuerdos alcanzados beneficiarán sobre todo "a los ciudadanos de Gibraltar y de la comarca, que han sido siempre los grandes perjudicados". Por otro lado, Moratinos señaló que era necesario que el Peñón dejara de ser "un irritante" de las relaciones hispanobritánicas e hizo hincapié en el primer logro de este foro, el compromiso por escrito del Reino Unido de que el caso del submarino nuclear Tireless no volverá a repetirse. Añadió que el proceso tendrá continuidad y que una nueva cumbre ministerial tendrá lugar a finales de este año o principios del próximo.
