Leído en el Faro Información. Por su interés reproducimos esta noticia.
Abonos realizados “sin seguir los procedimientos establecidos” por ley.
El Partido Andalucista (PA) ha podido obtener copia del último informe de la Intervención Municipal en relación a los Presupuestos Generales de 2005 y ha constatado a través del mismo el “grave déficit en Jimena”. Este informe fue “negado” a los andalucistas “por el propio Pascual Collado cuando ejercía de alcalde en funciones, alegando que recibía órdenes de Ildefonso Gómez”, por lo que los andalucistas han debido esperar a las últimas comisiones el pasado 17 de mayo para obtenerlo.
Igualmente, el PA denunció que “la cortina de humo lanzada por el PSOE en relación al urbanismo de Tesorillo podría estar orientada a tapar las barbaridades económicas de este informe, retenido hasta la última sesión de la legislatura”. En el documento, redactado en octubre de 2006, “se comprueba que existía ya en ese año un desfase presupuestario superior a 1,32 millones de euros, resultando que, tal como habíamos previsto, el presupuesto había sido inflado y la propia Intervención Municipal certifica que existe un exceso de previsiones de 4.822.509'89 euros. Una barbaridad digna sólo del equipo de desgobierno de Jimena”, denunciaron. Como resultado de los ajustes, los técnicos municipales establecen en su informe que existía en esa fecha un déficit de 2.252.542'21 euros, y entienden “necesario que se tomen las medidas establecidas en el art. 193 del TR 2/2004 a fin de paliar el remanente negativo”.
En concreto estas medidas serían, según los técnicos municipales, la reducción de gastos en el siguiente pleno de la Corporación que se celebre, por cuantía igual al déficit producido, entre otras medidas. “A pesar de la gravedad de la situación, Gómez ha guardado este informe en un cajón durante casi seis meses, ya que se liquidó en diciembre de 2006 pero no se dio cuenta al Pleno hasta el 17 de mayo, por lo que entendemos que es directo responsable de la catástrofe económica a la que ha llevado a este Ayuntamiento”, indicaron desde el PA.
Además de ello, la Intervención Municipal subraya que “a juicio de quien informa es fundamental que se tome conciencia de la situación financiera que pone de manifiesto la cifra del remanente y se actúe en consecuencia dado que la evolución experimentada por esta magnitud en los últimos ejercicios ha sido en aumento de su importe negativo avocando al ayuntamiento a una situación financiera muy complicada dado el déficit de Tesorería que la cifra pone de manifiesto”, textualmente. Como última medida, los técnicos sindican que se debería elaborar un Plan económico financiero dentro de los tres meses siguientes a la liquidación, “pero Gómez no ha querido hacer nada y por eso guardó la liquidación durante estos meses bajo llave, para dejar la hipoteca histórica que su gobierno ha traído a Jimena en manos de quien gobierne tras las elecciones. Así luego le será muy fácil decir qué malos son los otros habiéndolos dejado en la ruina.”, apostillaron.
En el capítulo de personal, el informe refleja que “se observa el abono de nóminas a personal contratado sin seguir los procedimientos establecidos en la legislación vigente”, por lo que el PA considera probado que “el alcalde no ha seguido los trámites de contratación y ello ha quedado acreditado no sólo con nuestras quejas, si no con informes de los técnicos municipales, y deberá responder por ello. Si no ha tenido el valor suficiente para responder en los plenos, guardando los informes, pasaremos copia de la documentación a la Fiscalía para que determine responsabilidades”.
En el capítulo de contratación y urbanístico es donde más irregularidades se detectan, ya que los técnicos confirman que “se reconocen obligaciones por distintos conceptos que superan el importe de la contratación menor, y sin embargo no se ha tramitado el procedimiento legalmente establecido en la legislación de contratos a estos efectos”. Además de ello, siguen comprobando que “parte de las obligaciones reconocidas corresponden a facturas emitidas por obras realizadas por propia administración, sin existir constancia del cumplimiento de los requisitos a los que alude el artículo 152 del TR 2/2000, de 16 de Junio”.
Sigue el informe indicando que “existen obras de Capítulo VI financiadas con recursos por aprovechamientos urbanísticos procedentes del Convenio con la empresa las Limas de Gaucín. (...) Al respecto no consta que estas obras estén previstas en planeamiento alguno por lo que no cumple el destino de los recursos con todas las exigencias previstas legalmente”.
Las subvenciones no se salvan de la fiscalización, ya que se refleja que “existen reconocimiento de obligaciones por subvenciones concedidas por el Ayuntamiento que no cumplen con el procedimiento legalmente establecido en la legislación de subvenciones”.
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