"La herencia dilapidada", por Andrés Beffa

Andrés Beffa expresidente del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz.

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NO me dirán que eso de "la herencia recibida" no ha sido una de las expresiones y uno de los argumentos más recurridos y esgrimidos por el Partido Popular a la hora de justificar los atropellos y vejaciones que la ciudadanía ha tenido que padecer, tanto del Gobierno central como de otras instituciones (ayuntamientos y diputaciones), en esta última legislatura.

Este que les voy a contar no es el caso. Mejor dicho, es el asunto pero al revés. Es lo referente a una herencia dilapidada, por la ineptitud y la obstinación de unos políticos sin escrúpulos en acabar con la cosa pública.

Durante cuatro legislaturas tuve el privilegio, gracias al apoyo y la unanimidad de todos los grupos políticos, de dirigir los destinos de una institución provincial como es el Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz.

La premisa básica de esa unanimidad a la que me refería venía, sin duda, de la constatación por parte de todos de lograr que el campo de la seguridad quedara fuera de las luchas y los intereses partidistas. El Consorcio de Bomberos no era el foro para dirimir cuestiones que no fueran las estrictamente relacionadas con la gestión del día a día de la seguridad en nuestra provincia. Así lo entendíamos todos y así logramos convertir nuestra Institución en un referente nacional e internacional.

En los dieciséis años como responsable máximo del Consorcio, todas las decisiones y acuerdos adoptados tanto por las Juntas Generales como los Consejos de Dirección se tomaron con la unanimidad de todos los grupos, algo que ya es difícil de creer viendo el panorama de la gran mayoría de las Administraciones Públicas donde no se gobierna holgadamente.

¿Cuál fue el secreto? Sencillamente, algo que últimamente está muy en la palestra y de lo que más de uno quiere presumir: la transparencia, el consenso y el diálogo.

¿Qué es lo que ha pasado con el Consorcio de Bomberos en los últimos cuatro años? Que no se podían haber hecho las cosas peor. En un solo mandato se han destruido todos y cada uno de esos factores y de esas actitudes que nos llevaron casi a la excelencia en un servicio de seguridad. A los hechos me remito:

De ocho Juntas Generales, dos por año, solo han llegado a celebrarse tres, con lo que el Consorcio de Bomberos se ha convertido en una autocracia personalista de su presidente, Fernando García Navarro (PP).

De no tener ni un euro de déficit económico, a acumular a día de hoy cerca de 20 millones de euros en números rojos, equivalentes a más de la mitad del presupuesto del Consorcio.

Entre Jerez, Los Barrios y la propia Diputación se mantiene una deuda superior a los 15 millones de euros. A todas estas instituciones, gobernadas bajo el paraguas del Partido Popular, se les ha permitido esta desmesurada deuda, que sigue creciendo y que muy probablemente puede acabar con la desaparición del Consorcio.

No se ha gastado ni un euro de las subvenciones recibidas para inversiones en toda la legislatura, lo que ha traído como consecuencia la no renovación de materiales y vehículos y la paralización de la construcción de parques, mientras se desconoce por completo a qué se ha dirigido ese montante económico.

No se cubren bajas, ni jubilaciones, ni se contrata personal para el verano, lo que conlleva una falta de efectivos que en multitud de ocasiones está poniendo en peligro la seguridad de muchas poblaciones consorciadas, asunto que viene siendo denunciado una y otra vez por los distintos representantes de los trabajadores.

La reiterada falta de información a los consejeros que la han solicitado por escrito es una constante, hasta el punto de que existe el oscurantismo más impresentable que se pueda imaginar en democracia.

Las nóminas de los trabajadores están en verdadero peligro en los próximos meses, ya que la Presidencia del Consorcio no ha tenido ni la diligencia, ni el interés, ni la valentía de tomar las medidas pertinentes y necesarias para poder garantizarlas, como vino ocurriendo en la anterior legislatura.

Si todo ello no fuera bastante, hay que añadir que se ha llevado a cabo, con nocturnidad, alevosía y contraviniendo los estatutos del Consorcio, el aterrizaje en la estructura de la Institución de tres cuerpos nacionales. En el año 2012 fue nombrada la Secretaria General de San Fernando, Ayuntamiento que preside el señor Loaiza, a la sazón presidente de la Diputación. Y, a dos meses de finalizar el presente mandato, se nombra igualmente de manera ilegal a la Interventora y al Tesorero, ambos provenientes de la Diputación Provincial, curiosamente también gobernada por el señor Loaiza.

Como se puede observar, el Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz ha sufrido en estos cuatro años un brutal desmantelamiento en toda su estructura, cuyo único responsable es su actual presidente, Fernando García Navarro, un político que ha dado muestras de incapacidad e incompetencia allá por donde ha pisado y que se va a llevar para su casa el triste honor de haber dilapidado una Institución pionera y referente a lo largo y ancho de nuestra geografía nacional.

Esperamos de verdad que las próximas elecciones municipales traigan nuevos aires al Consorcio y que sea una persona verdaderamente responsable la que se haga cargo de su Presidencia, de forma que pueda recuperar el prestigio y la reputación que nunca debió perder.