Propuesta de ampliacion del PN de Los Alcornocales. |
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La Junta Rectora analizará el plan de ordenación el miércoles 17
La Junta Rectora analizará el plan de ordenación el miércoles 17
2.579,63 hectáreas de las nuevas zonas son fincas públicas
Tras este trámite saldrá a exposición públicaA. R.
La ampliación del parque natural de Los Alcornocales que promueve la Junta de Andalucía desde principios de año cuenta ya con una propuesta con límites definidos. En total, la administración regional pretende integrar como espacio protegido 5.881 hectáreas del Campo de Gibraltar pertenecientes tres municipios, entre ellas la parte que aún está sin proteger del latifundio estatal La Almoraima pero también otros suelos públicos con un alto potencial de uso recreativo: el Pinar del Rey y la zona de Alcaidesa (ambos en San Roque).
El nuevo parque de Los Alcornocales, si esta ampliación prospera en los términos definidos por los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente, llegará hasta la costa mediterránea y consolidará el llamado como pasillo verde. La superficie total ascenderá a 173.648 hectáreas (ahora son 167.767) y ampliará hasta 18 los municipios integrados al sumar San Roque.
El proceso afrontará el próximo miércoles 17 una jornada clave: el debate y aprobación en la Junta Rectora -si procede- de los documentos técnicos de ordenación y gestión del espacio donde se contempla esta medida. El órgano consultivo de participación ciudadana se pronunciará sobre el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y el Plan Regulador de Uso y Gestión del parque (PRUG). Ambos forman el marco de referencia para cualquier actuación en el parque.
El PORN, concretamente, se modifica tras diez años de vigencia para adaptarse a la directiva europea Hábitat que preconiza la identificación de los elementos prioritarios de conservación. También se adapta al decreto 15/2011 que regula el régimen de usos de los parques naturales.
En general, el documento es muy parecido al anterior, siendo la ampliación de la superficie lo más destacado. Los nuevos espacios quedan definidos en dos sectores, el denominado como sector Almoraima (San Roque y Castellar), con 5.256 hectáreas que integra las fincas y montes públicos de La Almoraima (la zona que aún está sin proteger); La Alcaidesa; Pinar del Rey y Dehesilla; Marajambú y Cerro del Moro -1.954,63 hectáreas públicas- así como las fincas privadas de la Dehesa de Chapatal, Diente Borondo y Dehesa de Guadalquitón. El sector Botafuegos, en Algeciras, suma otras 625 hectáreas en este caso de titularidad pública exclusivamente. Además, se declaran dos zonas de reserva (máxima protección) dentro de la zona ampliada, los humedales costeros de Guadalquitón (San Roque) y el Soto del Chapatal (Castellar), el bosque de ribera y aliseda más extenso y de mayor valor del parque natural.
A renglón seguido, ambos documentos determinan las coordenadas, límites y cartografía, así como abundante información de los recursos naturales que justifican su protección. Los límites de la ampliación se mantienen prácticamente idénticos al primer borrador, sólo se suprime una parte correspondiente a la autovía A-7 en el entorno del Casino de San Roque.
Con todo, la reforma del PORN y PRUG es defendida por la Junta de Andalucía como unos trámites que permitirán fomentar la actividad económica en el parque y simplificar la normativa y trámites sin caer en la imagen de convertir la zona protegida en un "santuario" intocable. Las actividades tradicionales agrícolas, ganaderas, cinegéticas y forestales se pondrán seguir desarrollando con normalidad.
La Junta de Andalucía inició hace meses un proceso en el que la participación ha resultado clave para la revisión de la protección de este espacio natural, tanto en la zonificación y actividades y usos compatibles, como de sus límites. Se celebraron reuniones informales con todos los agentes implicados en el parque.
Una vez que la ampliación pase por la Junta Rectora, se iniciará el trámite de información pública por el que cualquier ciudadano, empresa o Ayuntamiento podrá presentar sus opiniones y alegaciones. Posteriormente se revisarán todas las alegaciones -se estudiará si hay que incorporar alguna- y se inician los trámites para su aprobación en el Consejo de Gobierno. Además, se dará trámite de audiencia a agricultores, ganaderos, propietarios y otros colectivos implicados.
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