Envían a Susana Díaz escritos para que la Junta aporte la inversión -Ver noticia-
Los colectivos valoran su importancia para el empleo y la actividad económica
Y. G. T.
Los colectivos sociales, económicos y políticos de los municipios del río Guadiaro en las provincias de Cádiz y Málaga -San Roque, Casares y Jimena- han hecho un frente común: la exigencia de las obras que modernicen los regadíos.
Un total de 28 entidades, entre las que se incluyen los ayuntamientos de estos tres municipios, gobernados por el PSOE (San Roque); Partido Popular (Jimena); e Izquierda Unida (Casares); se movilizan para exigir a la Junta de Andalucía que aporte la inversión que le corresponde por el canon del trasvase Guadiaro-Majaceite para iniciar cuanto antes las obras.
La junta central de usuarios del río Guadiaro y los colectivos sociales han enviado la pasada semana sendos escritos a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, instándole a que intervenga en este tema de gran interés económico para esta zona y que suscita una gran preocupación.
Así, la organización que incluye a 700 agricultores y 4.000 hectáreas de regadíos, ruega a la presidenta del ejecutivo autonómico que ponga su "máximo empeño" en que se realice la inversión para la modernización de los regadíos, unas obras aprobadas en 2003 con un presupuesto de 30 millones de euros.
La junta central de usuarios del río Guadiaro le recuerda que desde hace un año el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, concedió una ayuda de 21 millones con fondos Feder, equivalente al 70%, y que es necesario complementar con fondos que deben existir en la Junta de Andalucía procedentes del canon del trasvase Guadiaro-Majaceite, desde el año 2000. Esta zona es beneficiaria de ellos como "zona cedente" en virtud de la Ley 7/1995 del trasvase, sin que hasta ahora se haya beneficiado de ninguna obra para los regadíos. Además, en el escrito se manifiesta la preocupación existente al no rubricarse el convenio entre la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, el Ministerio y los propios regantes y se agote el plazo. De esta manera dichos fondos podrían trasladarse a otra comunidad autónoma.
Consideran los regantes que la realización inmediata de estas obras mejoraría considerablemente los obsoletos canales terrizos, con el consiguiente ahorro de agua en una zona sin regulación hidráulica alguna. Al mismo tiempo, indican que su ejecución implicará la necesidad de invertir 160.000 jornales en los próximos dos años, lo que solucionaría un porcentaje importante del paro en un comarca especialmente deprimida.
Por su parte, los colectivos en su misiva confían en que Díaz, que ha mostrado en las últimas semanas su apoyo a las inversiones en el Campo de Gibraltar, "no permitirá de ninguna forma que se desaproveche esta importante cantidad de fondos europeos, solucionándose de inmediato a través de convenir con el Gobierno la aportación a los proyectos existentes con los fondos ya recaudados en el canon del trasvase, cumpliéndose de este modo con la citada ley del trasvase".
De cualquier forma, las nuevas infraestructuras traerían un considerable beneficio a la zona, repercutiría en menos costes para los agricultores, que podrían invertir en sus fincas dando como resultado mejores productos agrícolas, siendo así más atractivos para las inversiones.
Los colectivos agrarios, reunidos en asamblea decidieron esta semana aportar el 10% del coste de las obras hidraúlicas. Si se aprueba en la próxima junta general extraordinaria que se convocará en las próximas semanas tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), la Consejería sólo tendría que aportar el 20% de la inversión.
Los regantes de San Martín de Tesorillo están dispuestos a subvencionar dos millones de euros de las obras y los de San Pablo de Buceite, un millón. Estos préstamos serían devueltos en un plazo de 50 años (25 de carencia, sin pagos, y otros 25 de amortización).
Los presidentes de ambas asociaciones de regantes, Martín Blanco y José Díaz, se han mostrado en las últimas semanas muy críticos con la administración autonómica a la que acusan de "marear la perdiz" con unas infraestructuras aprobadas desde hace años.
Esta situación también ha enfrentado al PP y al PSOE. Los populares han advertido en varias ocasiones que las ayudas de los fondos Feder corren peligro si no se ejecutan, mientras que los socialistas alegan que se trata de obras de interés social y por tanto corresponde al Gobierno su inversión.
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