Una moción de rechazo al anteproyecto de ley del aborto, que hemos presentado hoy. Esta moción ha sido remitida previamente a los colectivos y asociaciones de mujeres del municipio, con el objeto a que puedan sumar sus apoyos al rechazo de una legislación que está siendo muy criticada por una gran mayoría de la sociedad española. Al no ser presentada y debatida en las comisiones informativas del pasado jueves, esta moción deberá superar el trámite de urgencia, al que esperamos que el resto de grupos puedan apoyarlo.
MOCIÓN
D. Pascual L. Collado Saraiva como Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, y al amparo del art. 97.3 del R.D. 2568/1986 de 28 de noviembre, del R.O.F., viene a presentar para su aprobación la siguiente MOCION en base a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, recoge la garantía de los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, regula las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establece las correspondientes obligaciones de los poderes públicos.
En su texto, se declara el derecho de todas las personas a adoptar libremente decisiones que afectan a su vida sexual y reproductiva, sin más límites que los derivados del respeto a los derechos de las demás personas y al orden público garantizado por la Constitución y las Leyes, y se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida lo que implica no sólo reconocer a las mujeres la capacidad de decisión sobre su embarazo, sino también que esa decisión, consciente y responsable, sea respetada. Para ello, garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y regula unas condiciones que la propia ley dispone que se interpretarán en el modo más favorable para la protección y eficacia de los derechos fundamentales de la mujer que solicita la intervención, en particular, su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no discriminación.
La Ley, que vino a sustituir a una regulación que veinticinco años atrás había supuesto un importante avance en la protección de las mujeres, fue elaborada, debatida y aprobada desde el consenso con la gran mayoría de los grupos políticos con representación parlamentaria, tras el trabajo en sede parlamentaria de una Subcomisión en la Comisión de Igualdad en la que se contó con la participación de una treintena de expertos y considerando las recomendaciones de expertos juristas y profesionales de la bioética y la sanidad. Además, reforzó la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo e incorporó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos así como distintos pronunciamientos, en forma de conclusiones y recomendaciones, del Consejo de Estado y organismos internacionales de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Europa y de la Unión Europea.
En concreto, estas recomendaciones quedan sustanciadas en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (conocida por sus siglas en inglés, CEDAW), ratificada por España y que en su artículo 16 (e) compromete a los Estados Partes a adoptar todas las medidas adecuadas para garantizar los derechos a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos.
El Gobierno aprobó en el Consejo de Gobierno del pasado 20 de Diciembre de 2013, un “Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada”, y que tendrá su estudio y debate en el Parlamento durante las próximas semanas. Anteproyecto de Ley, donde se realiza una revisión de legislación en vigor, y que representaría un extraordinario retroceso normativo, social e ideológico y volvería a situar a las mujeres españolas en la clandestinidad, suprimiendo su derecho a decidir responsable, consciente y libremente sobre su sexualidad y maternidad, y afectando a su seguridad jurídica y a la de los profesionales de nuestro sistema de salud, así como a la garantía en el acceso a las correspondientes prestaciones sanitarias.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, propone al Pleno los siguientes
ACUERDOS:
Primero.- Afirmar que las leyes deben garantizar los derechos fundamentales de las mujeres en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, así como las condiciones de la interrupción voluntaria, legal y segura del embarazo (IVE) que reconoce nuestra vigente legislación, de acuerdo con los instrumentos internacionales y resoluciones de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Europa y otras organizaciones internacionales.
Segundo.- Manifestar que la salud sexual y reproductiva debe ser asegurada por los distintos poderes públicos, con equidad en el acceso a las prestaciones, en desarrollo de sus políticas sanitarias, educativas y sociales, para así poder contar con una política pública, integral y preventiva de salud sexual y reproductiva.
Tercero.- Considerar que debe mantenerse una legislación de plazos combinada con determinados supuestos de indicación terapéutica, de acuerdo con las recomendaciones expertas y la aplicación en el derecho comparado, que asegure a las mujeres la adopción de una decisión libre e informada en un periodo concreto de la gestación, ejerciendo la "autodeterminación consciente" sin interferencia de terceros, como ha recogido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Cuarto.- Rechazar la revisión de la vigente legislación en España sobre salud sexual y reproductiva y sobre el ejercicio libre y responsable de la interrupción voluntaria del embarazo anunciada por el Gobierno.
Quinto.- Instar al Gobierno a descartar la reforma anunciada y a prescindir de cualquier iniciativa que debilite la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, así como a garantizar el acceso a la IVE en condiciones que aseguren la protección y eficacia de los derechos de cualquier mujer que solicite la mencionada intervención en el Sistema Nacional de Salud, y en particular, su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no discriminación.
Sexto.- Dar traslado de los acuerdos al Ministerio de Justicia del Gobierno Español, y a los distintos colectivos de Asociaciones de Mujeres del municipio.
Jimena de la Frontera a 14 de Enero de 2.014.
EL PORTAVOZ
Fdo.: Pascual L. Collado Saraiva.
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