Belén Jarillo sobre la segregación: Tesorillo es gobernable por sí mismo

Leído en Europa Sur. Por su interés reproducimos esta nocitia.

Alcaldes unidos por la supervivencia
El Gobierno condiciona el futuro de las ELAs a que sean viables y rindan cuentas al Estado

Tesorillo confía en obtener la segregación de Jimena antes de que entre en vigor la reforma
A. R. ALGECIRAS
El anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local pone uno de sus principales focos en las instituciones de rango inferior al municipio. El Campo de Gibraltar posee tres de las once Entidades Locales Autónomas (ELA) de la provincia -San Martín del Tesorillo (Jimena) y Facinas y Tahivilla en Tarifa- donde la reforma legislativa del Ejecutivo no ha sido acogida, ni de lejos, entre aplausos por sus regidores.

La iniciativa someterá a las ELAs a un examen por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En caso de que no rindan cuentas en tres meses (liquidación anual) incurrirán en causa de disolución y también desaparecerán si el coste real de los servicios que prestan dista de ser el eficiente. De ser así, serán engullidos por el pez grande, sus respectivos municipios matrices. Los tres alcaldes coinciden en tener la sensación de que van a pagar los platos rotos.

"No es agradable. Este anteproyecto va contra la cercanía que aportan las ELAs. Depender de un municipio matriz que está a 30 kilómetros de distancia sería volver atrás", subraya la alcaldesa de San Martín del Tesorillo, Belén Jarillo. Pertenece al PP, el mismo partido que gobierna en Jimena y el impulsor de la reforma en Madrid. Pero eso no le supone un escollo a la hora de considerar que el anteproyecto sacrifica al pueblo tesorillero. "Deseo que no se ponga en marcha. Que se revise a fondo", indica.

Pero Jarillo cuenta con un as en la manga. Al haber solicitado a la Junta de Andalucía la segregación, confía en que la independencia de Jimena llegue antes que la entrada en vigor de la ley. Tendrá a su favor que el Partido Socialista ya ha anunciado que recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional, lo que podría dilatar los plazos mientras que la Junta analiza su expediente de viabilidad económica -unos tres meses desde su presentación-. Y es que Jarillo sostiene que San Martín del Tesorillo (2.939 habitantes) es gobernable por sí mismo. Algo que, con el régimen de aportaciones desde el municipio matriz, actualmente resulta complicado. "La liquidación de 2011 fue positiva. Pero la de 2012 nos saldrá negativa porque el Ayuntamiento de Jimena sólo nos ha transferido 175.000 euros en el año frente a los 500.000 que presupuestó. No los abona porque Jimena arrastra deudas por la gestión socialista de 30 años. Su asfixia condiciona nuestra gestión. Dudo que eso se vaya a tener en cuenta", protesta Jarillo, quien también afea que las entidades menores no se hayan podido acoger al Plan de Pago a Proveedores. Pese a estas dificultades, los 17 sueldos de la ELA se pagan con puntualidad y también a Hacienda. "A la Seguridad Social y a proveedores sí se les debe. Pero damos un servicio al ciudadano que ayuntamientos con cuatro veces más plantilla no tienen", asevera.
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Los tres regidores de las ELAs campogibraltareñas coinciden en que el ahorro no se fomenta suprimiendo las entidades menores. El anteproyecto estima que, de aplicarse, las medidas para las mancomunidades y entidades locales menores aportarán sólo el 1% del ahorro total previsto (72,8 millones en tres años sobre un total de 7.129). "Habría que ver qué aportación hace al PIB un senador y un alcalde de pueblo. A ver quién sale ganando", apunta tajante Diego España (PSOE), alcalde de la ELA tarifeña de Tahivilla. Aquí viven 420 personas, por lo que en caso de superar los exámenes del Estado, España se quedará sin sueldo por no regir sobre más de un millar. Actualmente cobra 17.852 euros brutos al año, lo que equivale a poco más de 1.032 euros limpios al mes de los que paga, entre otras cosas, la gasolina para ir a Tarifa o Cádiz para "mover papeles". De sus 24 años como representante político -de los que sólo cuatro han sido en la oposición- asegura haber cotizado ocho. "Comencé cobrando 50.000 pesetas y sin asegurar", reseña para defender el papel vocacional de los políticos de núcleos pequeños.

"Si quieren arreglar el país, que quiten senadores, asesores, cargos de confianza y empresas públicas donde trabajan los afines", agrega. Tahivilla posee una economía saneada que le haría aprobar el particular examen de selectividad que prevé el Gobierno. Tiene un presupuesto anual de 340.000 euros y una decena de empleados públicos. Él es el único político con sueldo. "Se paga, se mantiene el pueblo y sobra dinero", apostilla pese a que, añade, Tahivilla no percibe los ingresos de las instalaciones eólicas en la proporción que ocupan sobre su demarcación territorial. "Somos viables. Pero si quitan los sueldos a alcaldes de localidades con menos de mil habitantes, habrá quien se ponga a meter dietas", aventura. Para España, el mayor problema de quedarse sin salario sería de cara a la jubilación. "Se podrá dedicar a la política el que tenga dinero", protesta.

Su homólogo en Facinas (1.301 habitantes), Andrés Trujillo, también del PSOE, apostilla igualmente poseer una economía local en orden pero considera que la ley va a por los pequeños. "Es un agravio que haya ciudades que puedan incluso tener más concejales y a nosotros nos los quiten. La ley supondría retroceder otros 30 o 40 años al ámbito rural, porque un ayuntamiento como el de Tarifa, que tiene sus problemas, no se puede ocupar de nosotros. Para conseguir muchas cosas hay que dedicarse las 24 horas", valora. La ELA de Facinas tiene 16 trabajadores a su cargo. "No tendríamos problemas en pasar el examen. La liquidación de 2012 es positiva. Pero el sueldo que se fija por nuestro rango de población, igual no sale a cuenta para los gastos y dedicación en los que se incurre", concluye.