De la Torre confía en la permanencia de la Mancomunidad con la futura ley

Leído en el diario Europa Sur. Por su interés reproducimos esta noticia.
Subraya que la entidad rinde puntualmente cuentas con el Estado y que tiene en marcha medidas de viabilidad

Ruiz Boix teme la desaparición de los servicios sociales municipales
A. R.
El presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Diego González de la Torre (PP), confía en la permanencia de la entidad supramunicipal tras la reforma de la administración local que prepara el Gobierno central.

El anteproyecto difundido el pasado viernes tras el consejo de ministros señala expresamente que las mancomunidades que no rindan cuentas ante el Estado en un plazo de tres meses -a contar desde la aprobación de la futura ley- y que tras un examen de costes y viabilidad resulten ineficientes, serán disueltas. De la Torre sostuvo ser optimista ante ambos condicionantes porque, señaló, la entidad rinde puntualmente cuentas tanto con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas como con la Junta de Andalucía. "Las de 2012, si no se han remitido aún será algo inminente. Soy optimista porque hay un trabajo de preparación de cara a esta ley emprendido desde el minuto uno", añadió, en alusión al plan de ajuste y otras medidas para la corrección del déficit de cara a garantizar la viabilidad.
La Mancomunidad arrastra un débito de 14 millones de euros, principalmente con proveedores, Seguridad Social y Hacienda mientras que la empresa pública Arcgisa dio superávit en 2011 y se prevén de nuevo cifras positivas en la liquidación de 2012. "Hay una deuda a la que tenemos y podemos hacer frente. Estamos en situación de corregir el déficit de la entidad y negociar tanto con los acreedores como con la administración", estimó.
El presidente comarcal esperaba la difusión del anteproyecto legislativo para avanzar en el proceso de negociación abierto respecto a ocho trabajadores laborales cuyas plazas prevén ser amortizadas a finales de marzo para cumplir el plan de ajuste. A día de hoy se continúa negociando con la intención de poder recolocarles en otros puestos de trabajo (en Arcgisa, por ejemplo) sin incrementar los costes salariales de la Mancomunidad. Así mismo, desde principios de año se aplica una reducción del coste político con la eliminación de varias vicepresidencias remuneradas y los secretarios de grupo que asistían a los diferentes partidos políticos con representación. Con el anteproyecto, los diferentes departamentos (Intervención y las vicepresidencias afectadas) analizarán estos días el documento para asegurar que se superará el "examen" del ministerio, previsto para este verano.
El anteproyecto de ley también establece que las empresas públicas municipales (y, por tanto, también las de rango superior o inferior al municipio) deben corregir sus números rojos o disolverse. Algo que, señaló el presidente de la Mancomunidad, no será necesario en Arcgisa porque ya en 2011 logró cifras positivas. "Gracias a un plan de ajuste aprobado en su momento, ahora mismo Arcgisa es viable", insistió.
Por su parte, la reforma legislativa continúa generando valoraciones atendiendo a la distribución de las competencias municipales. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix (PSOE), sostuvo ayer que pesa una amenaza de desaparición sobre los Servicios Sociales de los ayuntamientos, que pasarían a ser gestionados por las comunidades autónomas.
El regidor sanroqueño recordó que esta competencia recae en los municipios desde 1985 y que en el caso de la ciudad que gobierna, generan 30 puestos de trabajo directos. Dijo temer que con la futura ley pasen a ser una mera beneficencia en lugar de una atención social integral debido a la lejanía en la gestión frente al contacto directo desde la estructura municipal. "Desde el Ayuntamiento no vamos a permitir que nuestros ciudadanos pierdan programas fundamentales, como el asilo o la lucha contra las drogas o la violencia de género", enfatizó.
"Los ayuntamientos somos la primera línea de fuego de atención directa a los ciudadanos y somos los que conocemos la verdadera problemática de los ciudadanos. Y el gobierno central quiere trasladar esta primera línea a las comunidades autónomas, donde no tienen esa proximidad tan necesaria para los ciudadanos", insistió el regidor, opuesto a la reforma.