Un centenar de personas exige un uso social de la finca La Almoraima

Leído en el diario Europa Sur. Por su interés reproducimos esta noticia.
Nieto propondrá al Parlamento de Andalucía que la Junta reclame la gestión del latifundio
A. R.
Un centenar de personas protestó ayer a las puertas de la finca estatal La Almoraima en la primera de las jornadas de reivindicación para reclamar, entre otras propuestas, la cesión de 292 hectáreas del latifundio para la puesta en marcha de iniciativas de empleo comandadas por el Ayuntamiento.
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Vecinos, junto a representantes del gobierno local; las asociaciones de parados de Castellar, Jimena y La Línea; los sindicatos SAT, CGT, UGT, CCOO y de Izquierda Unida -entre ellos la parlamentaria andaluza Inmaculada Nieto- marcharon desde el Ayuntamiento hasta una de las entradas a la finca para reclamar un uso social de los recursos que consideran insuficientemente explotados frente a cifras de desempleo calificadas como alarmantes. La manifestación y la posterior concentración transcurrió sin incidentes aunque fuertemente vigilada por unidades de la Guardia Civil.

Tras concentrarse unos minutos, el alcalde, Juan Casanova (IU) -megáfono en mano- justificó que la protesta no respondía a un "mosqueo" sino a una situación meditada ante las reiteradas negativas de la dirección de La Almoraima a las peticiones de suelo para la puesta en marcha de proyectos que, bajo una fórmula cooperativista, buscan atajar el alto nivel de paro en el municipio y las localidades de su ámbito de influencia.
Unos argumentos que fueron desgranados en el manifiesto leído por Antonio Aguilar, miembro del colectivo local de desempleados, entregado posteriormente a través del registro de entrada a la dirección de la finca. El manifiesto califica la gestión que hace el Estado de los terrenos, con 14.000 hectáreas de superficie y cuyo 95% radica en Castellar, de caduca y cercana al modelo feudal. "Los desempleados queremos un cambio verdadero y un futuro digno. Estamos hartos de los relevos en la dirección de La Almoraima y sus consiguientes promesas incumplidas. Da igual el partido que esté en el poder en Madrid. La gestión de La Almoraima se hace siempre con una filosofía contraria a los intereses de los castellarenses", señalaron.
En este sentido, la parlamentaria regional Inmaculada Nieto defendió una gestión del latifundio por parte de la Junta de Andalucía y anunció que propondrá medidas ante la cámara andaluza con el fin de que se convierta en una reclamación del gobierno bipartito (PSOE-IU) al Ejecutivo de Madrid.
Desde los sindicatos CGT y CCOO, Francisco Rebolledo e Inmaculada Ortega, respectivamente, añadieron la importancia de las reivindicaciones para combatir las altas cifras de desempleo. "La Almoraima ha perdido capacidad en 30 años por el abandono del Estado. Tiene potencial como industria transformadora y extractiva", defendió Ortega.
Por último, Gabriel Meléndez, del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) dejó claro que no se reclaman escrituras, sino empleos. "No queremos propiedad. Queremos tierra para trabajarla y su gestión por el pueblo ante una situación de paro muy grave", comentó el sindicalista de la formación a la que también pertenece el alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, quien, sostuvieron desde el SAT, apoya las protestas que tendrán continuidad el próximo martes.
El Ayuntamiento ha remitido recientemente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una copia del proyecto de agricultura y ganadería sostenibles que se pretende implantar en Marajambú -finca de la Junta cuya gestión ha sido confiada al Consistorio- con el fin de sustentar la petición de suelo adyacente. Además, entre las reivindicaciones se incluyen la contratación directa de los trabajadores eventuales en lugar de su subcontratación; la incorporación de un representante municipal al consejo de administración de la finca e inversiones por parte del Estado en trabajos silvícolas que ayuden a generar empleo.
La Almoraima ha defendido en reiteradas ocasiones que las iniciativas defendidas desde el Consistorio no resultan viables desde el punto de vista económico, así como que prepara un plan de usos para la finca con el fin de implantar nuevas líneas de actividad que, en consecuencia, generarán puestos de trabajo.