La comarca sobrevive a la crisis excepto en La Línea y Los Barrios

Leído en el diario Europa Sur. Por su interés reproducimos esta noticia.

Aunque todo el Campo de Gibraltar sufre sus efectos, los problemas económicos de estos dos ayuntamientos marcan la pauta

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*** Lo más destacado del año en Jimena fue la aprobación del avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en agosto.

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Este año 2012 se ha caracterizado en el Campo de Gibraltar por la austeridad económica en todos los municipios, con escasas inversiones y proyectos.

ALGECIRAS
El Ayuntamiento de Algeciras ha completado el año sin problemas económicos de relevancia. Ha estado al día en el pago de nóminas a los trabajadores y ha aprobado para el ejercicio 2013 los presupuestos más austeros del último lustro. Asimismo, ha reducido la deuda que arrastraba de mandatos anteriores.
Los enfrentamientos del equipo de gobierno del PP con la Autoridad Portuaria y la Junta han sido constantes. Pese a las llamadas a la colaboración, los desencuentros y los reproches han sido la tónica habitual. El Ayuntamiento ha instado al Puerto a invertir más en la ciudad, acusándolo de dar la espalda al municipio. Le ha reclamado el desarrollo mejorado del Llano Amarillo, la puesta en valor de la dársena de El Saladillo o la apertura de la puerta central. Asimismo, ha acabado en los tribunales por el cobro por parte de la APBA del canon por la ocupación de la depuradora.
Respecto a la Junta, le ha reprochado que le exija la devolución de subvenciones no ejecutadas en mandatos anteriores, así como que reclame ahora la deuda del Consorcio de Transportes. Ha anunciado que renuncia a finalizar la obra de la Jefatura y que acabe el edificio para emplazar allí la Ciudad de la Justicia. Exige también que ejecute los proyectos pendientes como el Materno.
El año ha finalizado con el Consejo Consultivo dando la razón al Ayuntamiento respecto al recorte a los prejubilados y el mazazo judicial del caso del aparcamiento Escalinata, al confirmar el Supremo que es ilegal. Los vecinos llevarán el caso a Anticorrupción tras anunciar el Ayuntamiento que recurrirá al Constitucional.
LA LÍNEA
En el caso de La Línea, la actualidad ha estado marcada por la precariedad de las arcas municipales, que ha tenido una incidencia directa tanto en la plantilla, a la que el equipo de gobierno que encabeza la socialista Gemma Araujo adeuda unas ocho nóminas, como en los ciudadanos, con una deficiente prestación de servicios.
Si bien es cierto que el Ayuntamiento lleva diez meses haciendo frente a pagos mensuales, gracias en gran parte a las transferencias que ha ido haciendo la Diputación de Cádiz a cargo de los tributos municipales, la deuda que el Consistorio mantiene con sus empleados ha generado situaciones de tensión entre parte de la plantilla y el equipo de gobierno, que no ha sabido hasta la fecha generar los recursos necesarios para amortizar el débito.
Además, aunque la nómina mensual ha sido rebajada -en estos momentos ronda los 1,25 millones de euros cada mes-, aún está pendiente de aplicación la Relación de Puestos de Trabajo y una reducción del 15% en el complemente específico de cada trabajador. El 2012 también se ha caracterizado por la falta de apoyo de la Junta de Andalucía y el Gobierno central, aunque eso podría cambiar en 2013 tras acordar ambas administraciones ayudas urgentes para los municipios en peor situación.
SAN ROQUE
La tranquilidad política e institucional con el gobierno tripartito (PSOE-PIVG y PA) en San Roque se truncó en el último trimestre del año por la crisis dentro del grupo municipal socialista. Las discrepancias existentes entre el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix y el concejal y portavoz del grupo, Juan José Puerta, (en diferentes bandos dentro del PSOE provincial) desencadenó en la renuncia de Puerta de sus competencias municipales en el mes de septiembre. La moción de censura sobrevoló el escenario político a pesar de que esta opción estaba prácticamente descartada en San Roque por la Ley 5/85 de 2011 del Régimen Electoral General. La crisis se acentuó cuando Puerta no apoyó los presupuestos municipales de 2013 que obligó al alcalde a plantear una cuestión de confianza vinculadas a éstos. Finalmente, el concejal díscolo aprobó la cuestión de confianza y salieron adelante los presupuestos.
La rescisión del contrato al arquitecto redactor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), Luis Recuenco, también ha marcado la actualidad política en el Consistorio. Después de 10 años y más de 1,1 millón de euros, el arquitecto sevillano no ha concluido el Plan y la incertidumbre planea sobre el documento.
LOS BARRIOS
El año 2012 comenzó en Los Barrios en medio de una situación de bloqueo institucional tras el rechazo de toda la oposición en bloque, a finales de 2011, del presupuesto municipal elaborado por el Partido Andalucista por contemplar la amortización de más de 200 plazas del organigrama municipal. Con su aprobación, el gobierno preveía el despido de 178 trabajadores municipales como medida alternativa a la tramitación de un ERE por el mismo número de afectados y que fue rechazado por la administración andaluza. El equipo de gobierno recurrió a una cuestión de confianza para desbloquear la tramitación del proyecto presupuestario, pese a correr el riesgo de perder la Alcaldía ya que esta figura legal propone como respuesta de la oposición la interposición de una moción de censura. Finalmente, el PP -partido que tenía la llave para decidir- optó por dejar en el gobierno a los andalucistas . La decisión provocó la entrada en vigor de las cuentas y el despido inmediato de 115 trabajadores municipales en la primera semana de febrero que, sin embargo, fueron declarados nulos e improcedentes por el Juzgado de lo Social de Algeciras abriéndose el camino a un largo recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Nueve meses después, en noviembre, el PP acabó integrándose en el gobierno suscribiendo un pacto que se gestó durante el verano. Pero la estabilidad no ha llegado en cuanto al pago de los salarios a la plantilla. 2012 ha estado marcado en la Villa por los continuos retrasos por la falta de liquidez en la institución, azuzada por una ingente deuda que el gobierno cifra en 192 millones de euros de la etapa socialista. Los impagos han sido otro de los puntos de tensión constante entre la plantilla municipal y el equipo de gobierno. La ayuda, finalmente, llegó en octubre por parte de la Diputación con 900.000 euros repartidos en varios pagos.
Además, la política municipal barreña ha continuado fuertemente judicializada con la apertura de nuevos frentes entre el gobierno y la oposición. El Partido Socialista ha logrado, con sendas denuncias, imputar dos veces al alcalde barreño: primero por el concierto del crédito con un particular con el que se pagaron las nóminas pendientes a finales de 2011 y al final de año por la concesión del servicio de la grúa.
TARIFA
En el municipio el año estuvo marcado por la aprobación, el pasado mes de mayo, del Plan Parcial del Sector Litoral 1 en Valdevaqueros promovido para edificar 350 viviendas y más de 1.300 plazas hoteleras que derivó en la creación de una plataforma social en contra pese a que en el Pleno todas las fuerzas políticas salvo Izquierda Unida dieron su visto bueno o facilitaron su aprobación (caso de ULT, que se abstuvo). El movimiento, erigido en defensa del paraje natural, logró polarizar a la ciudadanía tarifeña entre los contrarios a la promoción inmobiliaria por considerarla de alto impacto ambiental y los favorables al ver en ella una oportunidad de empleo. Durante el verano también surgió la polémica por la habilitación de zonas de aparcamiento en los accesos al litoral por parte del Consistorio.
2012 ha sido además el año en que el Ayuntamiento de Tarifa ha reducido plantilla -siete personas-, también recurriendo a la amortización de plazas. Además, a finales de verano trascendió el acercamiento entre el Partido Popular y la formación independiente ULT. Pese a que ambas formaciones confirmaron la existencia de conversaciones con el objetivo de añadir dos concejales más al gobierno del PP y PA, las fuerzas políticas siguen sin firmar un acuerdo que llegó a darse por inminente.
JIMENA
A nivel institucional lo más destacado del año fue la aprobación del avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el mes de agosto, el actual Plan es del 1984. Sin embargo, el documento ha sido muy criticado y se han presentado hasta 75 alegaciones que ahora se estudian. La administración local, que preside el PP en minoría ha sufrido durante casi todo el año para hacer frente a los pagos de la plantilla -dejó de percibir los fondos de la PIE-. Finalmente, la situación económica mejoró tras llegar a acuerdos de pagos con Hacienda y la Seguridad Social.
CASTELLAR
Marajambú y La Almoraima. Dos fincas, dos proyectos y dos resultados diferentes pese a que ambos nombres están vinculados a una misma idea: atajar el desempleo en Castellar de la Frontera. El equipo de gobierno de Juan Casanova (IU) consiguió poner freno a la venta de la finca Marajambú, perteneciente a la Junta de Andalucía, donde se pondrá en marcha una iniciativa de agroecología consistente en la explotación sostenible de sus recursos. Pese a varios intentos de mediación municipal para conseguir la cesión de suelos de LA Almoraima, la dirección se ha mostrado en contra alegando que su plan estratégico ya prevé acciones de este tipo.