Izquierda Unida Jimena presentará 2 mociones más al pleno del ayuntamiento de mañana jueves.
Una para rechazar el decreto de Ley de Moratoria de Desahucios, y otra para pedir que el ayuntamiento se pronuncie a favor de mantener el servicio de trenes entre Algeciras y Granada.
-RECHAZO AL EL REAL DECRETO LEY DE MORATORIA DE DESAHUCIOS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El Consejo de Ministros del pasado 16 de noviembre aprobó un Real Decreto Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, que se ha revelado absolutamente insuficiente nada más hacerse público porque no aborda en profundidad y con voluntad real el trágico problema de los desahucios.
El citado Real Decreto establece dos medidas:
La paralización durante dos años del desahucio, que afecten a los colectivos que cumplan estos requisitos:
- No superar el nivel de rentas de 1.597 euros;
- Haber multiplicado la carga hipotecaria, al menos, por un 1,5 en los últimos cuatro años;
- Superar la cuota hipotecaria el 50 por 100 de los ingresos netos;
- Tener un crédito garantizado con hipoteca sobre la única vivienda en propiedad;
- Y, además, encontrarse en alguna de estas circunstancias:
Ser familias numerosas de acuerdo con la definición en la legislación vigente,
Constituir una unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo,
Ser familias con algún menor de tres años,
Tener a su cargo a personas en situación de discapacidad superior al 33 por 100 o dependencia que incapacite de modo permanente para una actividad laboral,
Ser deudores en paro y sin prestación por desempleo,
Constituir unidades familiares en las que convivan en la misma vivienda una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consaguinidad o afinidad y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que le incapacite de forma temporal o permanente para una actividad laboral,
Estar en algunos supuestos de violencia de género.
Creación urgente de un Fondo Social de Viviendas, con un parque de viviendas destinadas al alquiler con precios bajos para personas que han perdido su vivienda.
Este Decreto ley es a todas luces es injusto e insuficiente, ya que establece una casuística para los colectivos que pudieran beneficiarse del desahucio que no aborda con rigor ni valentía un problema que ha pasado de drama a tragedia social, tras los últimos acontecimientos donde personas desesperadas por el desahucio han puesto fin a sus vidas, situando el problema en su trágica dimensión.
El Real Decreto Ley plantea una moratoria de dos años, tras los que sigue vigente por tanto la amenaza del desahucio, a colectivos en los que tienen que darse al mismo tiempo unos requisitos que no van a abarcar a la diversidad y complejidad de un problema que ataca uno de los derechos reconocidos en la Constitución Española, y cuestiona y destruye uno de los derechos humanos básicos, el de que todas las personas disfruten de una vivienda digna.
Actualmente existen 400.000 familias desahuciadas de sus viviendas que a pesar de haber perdido su casa mantienen la deuda perpetua con el banco, en un caso que evidencia como pocos la crisis-estafa en la que estamos viviendo, con un marco normativo obsoleto, como lo evidencia la franquista Ley Hipotecaria española de 1946.
No se trata solo de los desahucios: se trata de la deuda y la carga hipotecaria de las personas que pesan como una losa para salir de un círculo vicioso provocado por una situación a todas luces injusta y por unas leyes vigentes que son una estafa y que sitúan a las personas al pairo de las entidades financieras, ante las que el Gobierno central no muestra intención política de confrontar en favor de la ciudadanía más vulnerable.
Los Ayuntamientos andaluces, que conforman la administración más cercana a la ciudadanía, no pueden permanecer ajenos a este drama que afecta a muchos de sus vecinos y vecinas, sino que deben erigirse como parte del Estado que, como en otras importantes ocasiones y momentos en los que la sociedad lo ha demandado, ponga en el centro del debate político la necesidad de actuaciones urgentes sobre las personas amenazadas de desahucios, así como cambios normativos que den solución a uno de los problemas más graves con los que se encuentra actualmente la sociedad española.
Por todo ello, el Grupo Municipal de IULVCA propone al Pleno del ayuntamiento de Jimena de la Frontera, la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
Exigir la retirada del citado Decreto Ley y su sustitución por una profunda reforma legal que contemple:
- La paralización inmediata de todos los desahucios,
- La dación en pago con carácter retroactivo,
- El alquiler social como solución alternativa,
- La reforma de la Ley de enjuiciamiento civil,
- La reforma de la Ley hipotecaria, que contemple una quita de la deuda privada por la adquisición de la vivienda.
1. En consecuencia, apoyar la Iniciativa Legislativa Popular sobre la Proposición de Ley de la regulación de la dación en pago, de la paralización de los desahucios y de alquiler social.
2. Promover actuaciones de mediación ante las entidades financieras y de información de las familias en riesgo de desahucio, con el apoyo de las oficinas provinciales del Programa Andaluz en defensa de la Vivienda, que eviten los desahucios.
3. Apoyar institucionalmente a cuantos foros, plataformas y convocatorias en defensa del derecho a la vivienda se organicen para la consecución de los objetivos arriba enunciados.
4. Dar traslado de la presente moción a la Subdelegación del Gobierno central y a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de la provincia.
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PRONUNCIAMIENTO MUNICIPAL EN DEFENSA DEL SERVICIO FERROVIARIO ENTRE ALGECIRAS Y GRANADA
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Recientemente se ha hecho público la intención del Ministerio de Fomento de eliminar conexiones ferroviarias de media distancia que no presentan rentabilidad económica, entre otras, la que línea que une Algeciras y Granada.
En el caso concreto de este trayecto, socialmente si es rentable, ya que son muchos los estudiantes, trabajadores y vecinos de las distintas poblaciones que necesitan de ese medio de transporte para desarrollar su vida cotidiana, por lo que sería un nuevo elemento discriminatorio y antisocial el echo de que se consumará los peores augurios que se ciernen sobre nuestro tren.
Como de todos es sabido, las aspiraciones de la construcción el corredor ferroviario para el desarrollo socioeconómico de nuestra ciudad y comarca, son hasta el momento simples quimeras, ya que como ha quedado en evidencia, es la zona del levante español la que está recibiendo todo el apoyo económico del gobierno central de la nación.
La comarca del Campo de Gibraltar tiene que seguir insistiendo en la potenciación del transporte ferroviario en todas sus vertientes, por lo que lejos de suprimir líneas, el gobierno debería ser apostar por las inversiones para superar los déficits que en esta materia estamos sufriendo en esta olvidada comarca.
Este Ayuntamiento debe defender sus necesidades también en materia de transporte público y es por ello por lo que se hace urgente un pronunciamiento del Pleno Municipal que conlleve el conocimiento por parte del Gobierno central, de la posición de la mayoría social de nuestra ciudad y de nuestra comarca sobre la posible eliminación de esta línea férrea en cuestión y de la precaria situación del ferrocarril en general en nuestra comarca.
Por todo ello, el Grupo Municipal de IULVCA propone al Pleno del ayuntamiento de Jimena de la Frontera, la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
1.- Instar al Ministerio de Fomento del Gobierno de España la permanencia de la línea férrea entre Algeciras y Granada.
2.- Dar traslado de este acuerdo a la Ministra de Fomento y los grupos parlamentarios del Congreso de los diputados.
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