¿Adios a la actual ELA de Tesorillo y a la futura ELA de San Pablo?

El proyecto de ley sobre la reforma de la Administracion Local presentado por el gobierno parece que puede acabar con la autonomía de la que gozan actualmente Tesorillo y San Pablo en el municipio de Jimena.

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San Martín del Tesorillo se constituyó en Entidad Local Autónoma el 20 de abril de 1999, y actualmente aspira a segregarse del municipio de Jimena.

San Pablo de Buceite aspira desde hace dos décadas a convertirse en Entidad Local Autónoma ELA, y en la actualidad se administra como una Junta Municipal de Distrito.

A la espera de saber como se traduce esto en el caso de nuestros pueblos, el nuevo proyecto de ley del gobierno, inmerso en nuevos y duros recortes económicos y democráticos, amenaza muy seriamente la legitimidad que tienen los pueblos como el nuestro a autogestionarse. Y pretende acabar con todos los logros democráticos conseguidos en este sentido durante años y años de trabajo, tanto en Tesorillo como en San Pablo. La crisis lo justifica todo. Quieren acabar con todo.

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Leído en la agencia EFE. Por su interés reproducimos esta noticia.

El proyecto de ley de reforma de la Administración local, que clarifica las competencias de los ayuntamientos, potencia las diputaciones, elimina las mancomunidades y suprime el 30% de los concejales y, en definitiva, reduce las estructuras burocráticas y políticas de España.
El proyecto de ley, que se llamará de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, supone la aplicación de la ley de Estabilidad Presupuestaria a las corporaciones y calcula un ahorro de 3.500 millones de euros, de los que 700 saldrían de la supresión de las mancomunidades.
En total se suprimen 3.725 entidades locales menores, entre las que están las pedanías y las parroquias, que pasan a ser absorbidas por los ayuntamientos de los que dependen.
El anteproyecto actualiza las competencias municipales, diferenciando con claridad las estatales de las autonómicas, y con el objetivo de que las entidades locales no vuelvan a asumir competencias impropias. Con esta reforma las competencias en sanidad y educación pasan definitivamente a las autonomías.
Por ello, Montoro dejó claro que la delimitación de competencias tendrá consecuencias en las autonomías y en la propia Administración General.
Santamaría argumentó que la reducción de concejales no se puede aplicar en este momento porque han sido elegidos en las pasadas elecciones municipales, y será en los próximos comicios cuando se lleve a cabo.
En concreto, y según la referencia del Consejo de Ministros, en las próximas elecciones municipales se elegirán 21.338 concejales menos.
Además, la vicepresidenta comentó que el sueldo de alcaldes y concejales será "homogéneo en parámetros similares a la Administración del Estado", con la intención de que ningún alcalde ni presidente de Diputación cobre más que un ministro.
El texto del anteproyecto llega al Consejo de Ministros tras mes y medio de negociaciones con el PSOE y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y aunque en un principio se aspiraba a un texto de consenso, éste no fue posible al entender los socialistas que la reforma abría una vía a la privatización de los servicios públicos y suponía la intervención de los ayuntamientos.
Será ahora en la tramitación en el Congreso, donde los grupos podrán intentar introducir modificaciones a la norma.
Montoro también ha valorado la supresión de las mancomunidades "por no contribuir a una eficaz gestión", igual que otras entidades locales de orden menor, como las pedanías, "que forman parte de una administración opaca, que no rinde cuentas".
Ha querido explicar que el proyecto de ley pretende, en definitiva, que las corporaciones locales "acometan las funciones para las que tienen presupuesto y dotación presupuestaria" y, por contra, no hagan aquello "que exceda la definición competencial de la nueva ley".
La modificación de la ley básica no prevé la supresión de ningún municipio pero se fomenta la agrupación de servicios para lograr ahorros de coste mediante economías de escala.
En este sentido, se potencia el papel de las diputaciones provinciales, consejos insulares o cabildos y comarcas para la gestión de servicios obligatorios mínimos en municipios inferiores a 20.000 habitantes.
Se fortalece la figura del interventor municipal, que dependerá funcionalmente de la Administración General del Estado, para dotarle de mayor independencia y objetividad y garantizar la legalidad del control financiero y presupuestario.