El Pleno de Diputación, convocado en sesión extraordinaria el pasado 24, ha desestimado las alegaciones a los presupuestos del año 2012 presentadas por el grupo socialista. Frente a estas reclamaciones se ha incoado un expediente, validando las previsiones económicas para el próximo año, que es el que se ha sometido a la votación plenaria con el siguiente resultado: 16 votos a favor del grupo Popular, 11 en contra del grupo socialista y 2 abstenciones, de Izquierda Unida y Partido Andalucista.
No asistieron a la convocatoria Pilar Sánchez, del PSOE, y Pedro Pacheco, de Foro Ciudadano. En el debate plenario intervinieron Juan Antonio Liaño, responsable del área de Economía, Hacienda y Contratación –portavoz económico del equipo de gobierno- y José María Román, del grupo socialista, para exponer los motivos de la reclamación. Los presupuestos de 2012 quedan definitivamente aprobados y entrarán en vigor el 1 de enero con una dotación consolidada cercana los 252 millones de euros. José María Román ha confirmado que no acudirán a la vía contencioso-administrativa.
Las alegaciones cursadas se amparaban en dos principios de la Ley de Haciendas Locales: según el grupo socialista los presupuestos, en algunas de sus partidas, “omite créditos para cumplir con obligaciones exigibles” al estar comprometidas o firmadas por parte de Diputación; y también hay créditos ya consignados que son “insuficientes” para cumplir con servicios públicos. En esta tesitura, tal como ha defendido Román, se encuentran las partidas dedicadas a la Fundación Vía Verde de la Sierra, el Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz, Ifeca, la Fundación Dos Orillas, la Fundación Provincial de la Energía o el Plan de Empleo Local.
Juan Antonio Liaño ha defendido los presupuestos recurriendo incluso a jurisprudencia, concretamente a la sentencia 498/2003 del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias, en la que se reconoce que la “suficiencia de los ingresos” –para asumir obligaciones exigibles- es una “materia de profundo calado político” que concede un “amplio margen de decisión al órgano plenario de las Corporaciones”. Es decir: los presupuestos son la concreción económica de una dirección política, condicionada por unas circunstancias –en este caso- muy severas ante las dificultades financieras.
Liaño rebatió además algunas consideraciones políticas: el Plan de Empleo es sólo una referencia de unas políticas de generación de empleo más amplias y que, en los nuevos presupuestos, reservan a este ámbito 38 millones de euros; para Ifeca no se destinan 688.726 euros –como planteaba el grupo discrepante- sino 1.259.972´47 euros; el presupuesto del Consorcio Provincial de Bomberos se conocerá en una próxima sesión ya que ayer se constituyó la Junta general de este organismo así como su presidencia y vicepresidencia; en 2012 se incrementan los gastos corrientes dedicados a las residencias de mayores de Diputación y, para la construcción de la residencia de La Línea, se consignan casi 3 millones de euros; y, en el caso de la Fundación Vía Verde y otras entidades, siempre se podrán asumir modificaciones presupuestarias cuando así se requiera por parte de dichos organismos. En relación a la Fundación Vía Verde, Liaño también apuntó que el peso inversor lo ha asumido desde siempre la Diputación de Cádiz, constatando que hay patronos que no han podido satisfacer sus cuotas. (Los presupuestos de 2012 reservan a la Vía Verde 97.500 euros; 34.500 euros menos de lo que reclama el grupo socialista).
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