Leído en el diario
Europa Sur. Por su interés reproducimos esta noticia.
Chamizo enjuicia como "inapropiada" la norma, a tenor de las presiones urbanísticas que ultima la Junta para agilizar la economía en los espacios protegidosA. Fuentes
El decreto que quiere aprobar la Junta de Andalucía para agilizar y simplificar los procedimientos administrativos en los parques naturales genera el rechazo del Defensor del Pueblo andaluz. El artículo que regula el régimen de autorizaciones en estos espacios ya enfrentó a alcaldes y ecologistas en las juntas rectoras de los parques.
-Descorche de un alcornoque en el Parque Natural de los Alcornocales. Foto: Isabel Mº Peña-
A la polémica se suma ahora la institución que dirige José Chamizo, que inició una actuación de oficio tras conocer las quejas de los ecologistas sobre el texto que desde finales de 2009 presenta la Consejería de Medio Ambiente a los órganos y asociaciones implicados. Tras la petición de diversos informes a Medio Ambiente y el análisis de la documentación, la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz acaba de emitir una resolución, a la que tuvo acceso esta redacción, que considera "inapropiada para la protección del medio ambiente una regulación como la pretendida, habida cuenta la ingente presión urbanística que en la actualidad se cierne sobre los espacios protegidos".
El Defensor se posiciona del lado de quienes censuran que, con el objeto de agilizar trámites administrativos que favorezcan la actividad económica en estos espacios, se dé prevalencia a los Planes Generales de Ordenación Urbana de los ayuntamientos (PGOU) sobre la normativa ambiental autonómica de los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) y de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN).
De la lectura del proyecto "y tras realizar un esfuerzo interpretativo considerable para conocer la voluntad del legislador", el Defensor extrae que según la norma propuesta "el planeamiento urbanístico de los municipios incluidos dentro de los parques naturales andaluces no debería adaptarse necesariamente a los correspondientes PORN, tal y como recoge la norma básica estatal", ya que "puede fijar parámetros de edificación y características constructivas menos restrictivas que las contempladas en los instrumentos de planificación de los parques naturales". Esto es, cuando entre en vigor el decreto autonómico, los municipios insertos en parques naturales podrán aprobar sus planes urbanísticos sin ajustarse a las restricciones de los planes subregionales y tan sólo deben contar para ello con un informe de evaluación ambiental, entiende el Defensor. "En tales casos, las normas urbanísticas aprobadas por los municipios prevalecerían sobre las de planificación de los parques naturales, que quedarían tácitamente derogadas", anota la resolución.
Para el Defensor, "esto no sería ni más ni menos que incumplir con la norma básica estatal" e incluso, añade, contravendría el principio constitucional según el cual "los ciudadanos y los poderes públicos tienen que estar sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico". "Si se llegase a aprobar con la redacción prevista resultaría nula de pleno derecho", concluye el Defensor para pedir que se "acomode" el proyecto de parques naturales a la Ley.
Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente expusieron que el decreto cuenta con un amplio consenso en los órganos en los que se ha debatido, las 24 juntas rectoras de los parques naturales incluidas con el único rechazo de Ecologistas en Acción -que exigen la retirada del decretazo- y, en algunos parques, de IU. Añadieron que "en ningún momento el decreto va a reducir la protección ambiental de estos espacios".
Prácticamente el 20% del territorio andaluz se encuentra bajo protección. Más de 250 municipios andaluces tienen su territorio o parte en parque natural, con una población que supera el millón de habitantes.
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