Leído en el diario Europa Sur. Por su interés reproducimos esta noticia.
Rojas, el primer alcalde inhabilitado en un convulso año para la política
La destitución de Ruiz Boix escenifica la fractura del PSOE de San Roque · La gestión económica de Juárez en La Línea, en entredicho · Algeciras se revela contra la subida del IBI propuesta por PSOE e IU
Rojas, el primer alcalde inhabilitado en un convulso año para la política
La destitución de Ruiz Boix escenifica la fractura del PSOE de San Roque · La gestión económica de Juárez en La Línea, en entredicho · Algeciras se revela contra la subida del IBI propuesta por PSOE e IU
Y. G. T.
La actividad municipal en la comarca ha estado marcada por la tormenta política en varios de sus municipios. La inhabilitación de Alonso Rojas en Los Barrios; la crisis del PSOE de San Roque o la gestión económica de Juan Carlos Juárez en La Línea jalonan un año coronado por el rechazo al catastrazo en Algeciras.
Los Barrios
La principal noticia en Los Barrios llegó el pasado julio, cuando el Juzgado de lo Penal número 2 de Algeciras condenó a seis meses de inhabilitación al alcalde, Alonso Rojas. La decisión, adoptada en primera instancia y a expensas de la resolución del recurso, no evita que se trate del primer alcalde del Campo de Gibraltar que resulta inhabilitado durante el ejercicio de su cargo. El retraso en el pago de deudas a la empresa Dytras generadas por su predecesor, Miguel Domínguez, llevó al regidor a declarar ante el juez en junio.
La oposición, principalmente el PA, aprovechó la situación para exigir en pleno la dimisión del alcalde que no salió adelante. Las chispas también han saltado desde el PP. Su ex presidente, Francisco de la Jara, practicó durante todo el año una política al margen de su partido, del que ha resultado finalmente expulsado y que ha llegado a beneficiar al PSOE. Retrasos en el pago de las nóminas durante varios meses y la deuda per cápita más alta de la comarca con embargo parcial de los fondos estatales coronan los últimos doce meses en la Villa.
San Roque
El año en San Roque ha estado envuelto en acontecimientos urbanísticos y políticos que han dividido a sus dirigentes. La parcela 022-TG de Torreguadiaro y sus consecuencias políticas, incluida la destitución del edil Juan Carlos Ruiz Boix a manos del alcalde y compañero de partido, José Vázquez, han sido los hechos más destacados del año.
En marzo el Ayuntamiento recibe la sentencia del Tribunal Supremo sobre la 022-TG. Desestima el recurso de casación y ratifica el fallo del TSJA que ilegaliza la adjudicación de los terrenos a VVERH. Es un problema más para el Ayuntamiento que desde 2002 asiste al litigio de dos empresas por los terrenos y está envuelto en todo el proceso judicial.
En el pleno del 1 de agosto se aprueba una moción del alcalde de cumplirla basándose en dos informes a favor, aunque posteriormente aparecen nuevos documentos que apuntan a inejecutabilidad. La polémica llega de nuevo al pleno y se decide remitir toda la documentación al TSJA para que decida cómo acatar la sentencia.
El Ayuntamiento está actualmente a la espera de la decisión del tribunal andaluz, mientras los ediles socialistas comandados por Juan Carlos Ruiz interpusieron el pasado día 19 una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en la que se denuncia todo el proceso de adjudicación de este área urbanística.
La situación judicial se trasladó al ámbito político en octubre con la destitución de todos sus cargos del concejal socialista Juan Carlos Ruiz Boix, mediante un decreto firmado por el alcalde. La crisis salta tras un pleno en el que el PP solicita una reprobación pública del edil por un supuesto acoso laboral a una funcionaria. José Vázquez y la edil Rosa Macías se enfrentan al resto de su grupo creando una grave crisis que obliga a la Ejecutiva Provincial a intervenir, obligando a Vázquez a dar marcha atrás en su decisión que recibe negativa, desencadenando la apertura de sendos expedientes disciplinarios para Vázquez y Macías.
Por otra parte, en octubre Europa Sur publicó la existencia de una caja b en la Policía Local durante el periodo 2000-2003 bajo el mandato del PP. La fiscalía decidió actuar de oficio y el Ayuntamiento también aprobó la creación de una comisión de investigación desde el periodo 1999 a 2008.
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La Línea
2008 en La Línea ha estado marcado por la difícil situación económica por la que atraviesa el Ayuntamiento, cuya deuda supera los 95 millones de euros. La situación se ha traducido en la marcha de varias empresas concesionarias por impago y la expulsión de La Línea del Consorcio Provincial de Bomberos. Para hacer frente al agujero económico se aprobó una subida de impuestos y tasas.
Los procesos judiciales también salpican a la política linense. A la espera de que se fijen las fechas de los juicios por los casos de las multas, los contratos y Roseworld, respectivamente, el alcalde, Juan Carlos Juárez, fue juzgado el pasado 12 de diciembre por un supuesto delito de obstrucción a la justicia al no pagar a tiempo la deuda municipal generada con la empresa Palex.
Por otro lado, estaba previsto que a principios de diciembre tuviera lugar en la Audiencia Provincial el juicio por el caso del coche destrozado, en el que están imputados el concejal Manuel Aguilera; el ex jefe de la Policía Local, David Iria; y el actual responsable del cuerpo de seguridad, Carlos Fernández. Sin embargo, su celebración ha sido aplazada al haber sido aceptado un recurso presentado por el edil del PP. En la oposición, el PSOE quedó dividido tras la elección de Gemma Araujo como secretaria general.
Finalmente, la localidad sigue esperando la construcción del segundo hospital y el centro de servicios aeroportuarios, cuyo concurso quedó desierto.
Algeciras
La actualidad en Algeciras ha estado marcada por las controversias urbanísticas y las medidas fiscales. El Ayuntamiento ha cerrado en 2008 la polémica sobre el desarrollo de la barriada de San Bernabé, que ha sido objeto de un agrio debate durante años. El Consistorio daba luz verde a la modificación del plan parcial de la barriada, con lo que legalizaba las promociones de viviendas denunciadas por la asociación de vecinos.
Asimismo, el pleno daba luz verde al Plan de Movilidad Urbana, herramienta con la que se pretende legalizar el aparcamiento Escalinata. El año que se despide también ha estado marcado por la campaña emprendida por el equipo de gobierno contra las edificaciones ilegales en monte público, con 39 expedientes en Algamasilla. Unas actuaciones que ha llevado a colectivos y a la oposición ha cuestionar el doble rasero del Gobierno local a la hora de actuar contra las ilegalidades urbanísticas.
Respecto a Hacienda, PSOE e IU han aprobado el plan de saneamiento, una hoja de ruta para lo que resta de mandato diseñada para garantizar el equilibrio financiero del Ayuntamiento y reducir la deuda municipal. Este documento ha coincidido con la revisión de los valores catastrales, que ha creado una gran controversia política y preocupación entre la ciudadanía. El catastrazo eleva el valor de las fincas del municipio en un 160% de media. Colectivos vecinales han emprendido medidas para suspender su aplicación. El año ha finalizado con el compromiso del equipo de gobierno de revisar el tipo de gravamen del IBI en marzo de 2009, cuando se conozcan los datos del nuevo padrón fiscal y se tengan referencias de la previsión de ingresos dentro de los primeros coletazos del plan de saneamiento.
Tarifa
La localidad acogió la primera Feria Internacional de Ornitología. Un evento único en España y sólo comparable a la feria internacional de Ruthland. Se celebró entre el 18 y el 21 de septiembre más de 6.000 visitantes. En el plano político, Miguel Manella, encontró corrientes en contra desde su propio partido meses antes de la renovación orgánica que quedaron acalladas a pesar de que varios concejales formaron parte de ella.
Jimena
En Jimena de la Frontera destaca la aprobación, el 27 de junio, de un plan de saneamiento financiero para rebajar la deuda de 6 millones de euros. Reducción del gasto en festejos, el festival de música o contratación son las medidas más relevantes adoptadas en el primer consistorio de la comarca que tomó medidas para reconducir su situación económica.
Castellar
En plena crisis inmobiliaria y económica, la Comisión Provincial de Urbanismo aprobó de manera definitiva, el pasado 11 de noviembre, el Plan Especial de Valderrama. Una operación urbanística gestada en pleno boom del ladrillo y que se materializó una década después. El plan prevé la implantación de un campo de golf sin viviendas en la finca La Cierva y La Guillena, de 219 hectáreas, en la linde con el municipio de San Roque. Un proyecto que esperará a mejores tiempos.
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