Gabriel Almagro y Pascual Collado han ofrecido información sobre el procedimiento administrativo a seguir para la urbanización de la zona
El delegado provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, Gabriel Almagro, y el alcalde de Jimena, Pascual Collado, han mantenido esta tarde un encuentro con los vecinos afectados por la situación urbanística de Los Chorros. El encuentro ha tenido lugar en el salón de Plenos.
Almagro ha ofrecido información acerca del proceso administrativo que se seguirá una vez que el Pleno de la Corporación aprobara provisionalmente una modificación puntual en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 1984 para se pueda disponer de suelo urbanizable no sectorizado en la zona de Los Chorros.
La aprobación definitiva del mismo ha de realizarse por parte de la Comisión Provincial de Urbanismo, aunque para ello se requiere de sendos informes de la Agencia Andaluza del Agua y de la Consejería de Medio Ambiente. De esta manera, si se dispone de dichos informes, la aprobación se produciría en la sesión prevista para el 16 de Diciembre. En caso contrario, se llevaría a la siguiente, a celebrar a finales del mes de Enero.
Una vez superada la aprobación definitiva, se tendría que confeccionar el proyecto de sectorización de la zona, un proceso que puede ser simultáneo a la redacción del proyecto de urbanización de la misma. En este punto, el Ayuntamiento tratará con los vecinos afectados cada caso particular en concreto.
En la actualidad, en Los Chorros existen vecinos que ya cuentan con una vivienda construida. Otros se encuentran en proceso de construcción, actualmente paralizado judicialmente. Por último, también se dan casos de vecinos que disponen de una parcela no construida aún. Cada uno de ellos cuenta, de esta manera, con una problemática distinta que tendrá que ser abordada durante el proceso de normalización.
El delegado provincial recordó a los vecinos que la intención del procedimiento iniciado es que la zona de Los Chorros, una vez urbanizada, cuente con un 70% de su superficie destinada a viviendas de protección oficial (VPO) y un 30% para viviendas de renta libre.
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