La nueva ordenación territorial andaluza obliga a nuestro municipio a revisar sus planes urbanísticos. Prepárense para más retrasos.

Leído en diario Sur. Por su interés reproducimos esta noticia.
CHARO SOLÍS

Desarrollo económico, cohesión social y sostenibilidad ecológica son los principios que rigen el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). Pero su consecución a través de la regulación de las infraestructuras, el transporte, los recursos hídricos, las telecomunicaciones o la energía han quedado relegadas a un segundo plano. Las directrices que marca en materia urbanística han sacudido los cimientos de muchos ayuntamientos, en especial, de los que se encuentran en el proceso de diseño de su planeamiento. De ellos, 17 gaditanos que, en mayor o en menor medida, tendrán que realizar modificaciones para adaptarse, que podrían suponer una demora más, en lo que ya es de por sí una larga tramitación.

En la Sierra: Zahara, Villaluenga y Ubrique. En la Bahía: San Fernando, Jerez, Puerto Real y El Puerto. En La Janda: Paterna, Benalup, Medina, Conil y Barbate. En la Costa Noroeste: Sanlúcar, y en el Campo de Gibraltar: La Línea, Jimena, San Roque y Los Barrios. Todos, al no haber superado el trámite de aprobación provisional de sus planes generales de ordenación urbanística (PGOU), tendrán que asimilar las nuevas tesis autonómicas. Que supondrán la imposición de un modelo de ciudad «compacta» y apartada de la «expansión indiscriminada», en la que no falten ni zonas verdes ni equipamientos, donde la áreas turísticas cuenten con una oferta que vaya más allá del «uso residencial exclusivo», donde se mejora la movilidad y haya mayor integración social.Pero estas líneas maestras, también se han visto eclipsadas. En parte, por la resolución 23 al POTA, acordada en el Parlamento andaluz y aceptada por el Consejo de Gobierno: «no se admitirán los crecimientos que supongan incrementos superiores de suelo urbanizable superiores al 40% del suelo urbano existente ni los crecimientos que supongan incrementos de población superiores al 30% en ocho años». Y también por la resolución 25, por la que se pide una disociación de los campos de golf del desarrollo urbanístico, es decir, que su césped no sea jardín de urbanización.